Uno nunca debe prohibir aquello de lo que carece el poder de prevenir
Napoleón Bonaparte
A lo largo de la historia, la prohibición ha estado presente como aparente solución para los males que aquejan a la sociedad. Hay comportamientos que deben prohibirse y conductas que deben regularse, sin embargo, cuando se pretende inhibir una conducta, lo más fácil para la autoridad es recurrir a la prohibición.
Desde la ley seca en Estados Unidos en 1920 hasta la prohibición del consumo de estupefacientes actualmente, la prohibición ha demostrado ser una salida simplista que suele ser contraproducente.
En un sistema democrático liberal el Estado es garantista, es decir, su obligación es garantizar derechos y libertades, por lo que no se puede imponer a los ciudadanos un modelo único de vida en una sociedad plural; no puede dictar lo que debes hacer, leer o comer en un país heterogéneo, mientras no cause daño a terceros.
Bajo ese mismo criterio, en el 2015 la Suprema Corte de Justicia aprobó la demanda de un grupo de mexicanos de reconocer su derecho a cultivar, procesar, transportar y consumir mariguana a nivel personal.
Y ahora paradójicamente, la comida chatarra y bebidas azucaradas estarán prohibidas para los menores de edad en Oaxaca y Tabasco, además de otros estados como Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero y Puebla que se han pronunciado a favor de esta ley hecha al vapor. Iniciativa que atenta contra la libertad de los padres a educar y alimentar a sus hijos con los parámetros que mejor les parezcan y estén en sus posibilidades.
Desde 2014 está vigente en todo el país la prohibición de la venta de comida chatarra en escuelas públicas y privadas, desde preescolar hasta universidad, sin embargo, no hay seguimiento y en muchos estados es letra muerta.
Puede ser una medida bien intencionada, pero pretender una prohibición que interfiere en el ámbito de lo privado, sin socializarla, sin entender el contexto sociocultural y las necesidades de las niñas y niños, sin escuchar a especialistas y a las partes afectadas como el sector económico desde la lejanía de un escritorio en el Congreso, estará lejos de lograr su objetivo de reducir la obesidad infantil.
La obesidad es un problema multifactorial, no sólo es el número de calorías que se consumen, también es la falta de actividad física y la capacidad económica para comprar comida sana, que es más cara que los productos industrializados y los alimentos preparados altos en grasas saturadas, que se venden en cualquier esquina.
La dieta de los mexicanos es en general alta en carbohidratos y azúcares, sin embargo, de acuerdo con la FAO (Food and Agriculture Organization) solo el 5.8 % de las calorías que consumen diariamente los mexicanos provienen de las bebidas azucaradas.
Según el INEGI, el 58 % de los mexicanos no hacen ningún tipo de actividad física. En las escuelas no se le da importancia a la educación física pese a ser obligatoria y hay un rezago del 40 % de cobertura de profesores en la materia. El Estado tampoco se preocupa por construir parques y áreas verdes para practicar un deporte o alguna actividad física en familia. Las principales ciudades de México cuentan con sólo 1/3 parte de las áreas verdes por habitante recomendada por la OMS.
Aún no se logra cumplir la ley de 2014 de venta de comida sana en las escuelas y ya llegó la nueva prohibición como si fuera la panacea. Sin campañas de concientización, sin la importancia debida a la educación física en las escuelas y políticas públicas que acompañen esta ley, no se resolverá de fondo el problema de sobrepeso y obesidad, sino que incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias de miles de mexicanos que trabajan en la industria alimenticia. No cabe duda que como citaba Diderot “No basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien”.
