“Ya es hora de saber qué pasó en la elección de 2018”, lanza el gobernador Miguel Barbosa en el contexto del nombramiento de Fredy Erazo Juárez como magistrado del Tribunal Electoral del Estado, a quien acusa de defender criminales y a quien señala como protegido del senador Alejandro Armenta Mier.
“Va a dar miedo a qué nivel se operó eso y vamos a ver con qué instrumentos del Estado contaron y va a dar miedo saber a qué nivel se metieron y quién vinculó a los delincuentes con la política (…) Muchos de esos delincuentes están en la cárcel y en su detención se encontraron muchas evidencias”, agrega.
Barbosa se refiere al robo de urnas y boletas electorales que grupos armados realizaron en la ciudad de Puebla el domingo 1 de julio de aquel año, mientras se desarrollaban los comicios para designar presidente, gobernador, diputados y alcaldes en el estado.
En efecto, es hora de saber qué pasó ese día, y para contribuir al armado de un complejo rompecabezas, que marcó un antes y un después en la historia política del estado por los hechos que acontecieron posteriormente, es importante tratar de responder una pregunta básica:
¿Cuál era la intención de Rafael Moreno Valle, hoy fallecido, al mandar a la calle unas cuantas células de delincuentes para robar papelería electoral en casillas de la capital del estado, en zonas muy concurridas y a la vista de todos, no solo de los votantes, sino de los representantes de los medios de comunicación?
La primera probable respuesta, que se incrustó en el imaginario colectivo y que se propagó ese medio día entre los colaboradores de Miguel Barbosa y del propio candidato a gobernador, fue que esos grupos tenían la encomienda de hurtar urnas y boletas en aquellas casillas donde Moreno Valle tenía la certeza de que el abanderado de Morena registraba una tendencia muy superior a la de su esposa, Martha Érika Alonso (también finada), en votación.
“Si hay robo de urnas”, concluyeron en un primer momento los barbosistas, entre ellos Gabriel Biestro, apostado en primera fila del ejército electoral, “es para desaparecer los votos en favor de Barbosa y manipular el resultado final en beneficio de la candidata del PAN”.
La segunda posible respuesta a esa interrogante llegó tan solo un par de horas después.
Entre los integrantes del equipo del candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia surgió otra hipótesis, que decía que esos grupos armados tenían en realidad el objetivo de inhibir el voto, de manera que, con casillas vacías o semivacías en el último tramo de la jornada electoral, los generales de la operación morenovallista, Eukid Castañón y Omar Blancarte, procederían a hacer uso de sus destrezas para enderezar los sufragios a conveniencia de su jefe.
Recordará usted, amable lector, que era de dominio público el interés preponderante de Moreno Valle sobre el resultado de la contienda de gobernador, en la que participaba Martha Érika como candidata, por lo que, cualquier movimiento que proviniera del exmandatario, al menos de manera presumible, como el robo de urnas, era relacionado en automático con la cruenta competencia por ese cargo de elección popular.
Desde entonces, esas dos teorías acerca de las motivaciones de Moreno Valle para ordenar el robo de urnas se manejaron en el cuarto de guerra de Miguel Barbosa, las cuales se afianzaron en su explicación de los acontecimientos por la inmovilidad de tres personajes públicos importantes aquel día, sobre los que recaía la responsabilidad de la seguridad pública: Jesús Morales Rodríguez, Diódoro Carrasco Altamirano y José Antonio Gali Fayad.
LA TERCERA VÍA
No obstante, hay una tercera vía para tratar de responder la pregunta con la que se titula esta columna, con mucho menor eco entre los aliados de Miguel Barbosa, pero con mucha mayor credibilidad en un grupo reducido de operadores que, del lado del PAN, fueron testigos de otros hechos ocurridos el 1 de julio de 2018.
Esta tercera hipótesis asienta que Moreno Valle provocó esos sucesos para después impugnar el resultado electoral que, pensó, le resultaría adverso a Martha Erika Alonso.
Para el medio día de la jornada electoral, las encuestas de salida de las que disponía Moreno Valle le daban una ventaja de entre ocho y 10 puntos porcentuales a Barbosa sobre Martha Erika, situación que lo obligó a buscar salidas incluso desesperadas que le ayudaran a evitar el descalabro.
Habló con Castañón, quien trató de convencerlo de que podría revertirse la tendencia al final del día para conseguir el triunfo en favor de la abanderada del blanquiazul, pero, fiel a su estilo, no quiso dejar nada al azar y activó uno de los planes que ya había trazado en el escritorio en caso de una emergencia como la que parecía materializarse en esos momentos: crear un escenario de violencia y crisis que posteriormente obligara a las autoridades electorales a anular los comicios.
Si Martha Erika perdía frente a Barbosa, como presagiaban además las encuestas que le llegaban a Gali Fayad en Casa Puebla, el robo de urnas, los balazos al aire y las imágenes de estos hechos difundiéndose por redes sociales y medios de comunicación de todo el país permitirían a los abogados de la candidata del PAN impugnar el resultado y, en un caso extremo, conducir a una nueva elección (¡vaya ironía!).
Por eso los acontecimientos de violencia fueron deliberadamente exhibidos.
Si hubiesen tenido el propósito de barrer con los votos de Barbosa, exponen los personajes públicos que han servido de fuente para esta columna, habrían ocurrido en poblaciones recónditas de la sierra y la mixteca, a escondidas de todos.
Y tienen razón.
Al término de los comicios, o en la noche posterior a ellos, sin embargo, la alquimia de Castañón y Blancarte se impuso y la estrategia de impugnación pereció.
Barbosa Huerta nunca compró la idea de la reversión natural de los resultados y se fue a dormir con la certeza de que le habían robado la elección.
La desafortunada participación de Roy Campos en Televisa alimentó esta creencia.
En su encuesta de las ocho de la noche, el dueño de Consulta Mitofsky le dio una ventaja de 10 puntos al abanderado de Morena para luego desdecirse con la justificación nada convincente de que se había equivocado.
En la madrugada del 2 de julio el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado ya comenzaba a darle el triunfo a la candidata del PAN con una diferencia superior a dos puntos.
A partir de ahí el organismo electoral, presidido entonces por Jacinto Herrera Serrallonga (obligado a renunciar en agosto de 2019), tomó la estafeta en favor de la encomienda morenovallista y terminó de fraguarlo todo, de hacer que los números reportados de manera pública coincidieran, a cabalidad, con los de la papelería electoral.
Pero esa, como versa la sabiduría popular, es otra historia.
Uno de los presuntos delincuentes clave de los que habla el inquilino de Casa Aguayo para desenmarañar lo ocurrido ese día es José Cristian N, alias El Grillo.
El Grillo puede informarle, en efecto, quién y para qué lo contrató, pero nada más.
No podrá decirle qué fines políticos se perseguían con ello, porque seguramente no los sabía.
Como sea, el público estará expectante a las revelaciones que el viernes pasado ha prometido el gobernador.
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El reportero le agradece el tiempo obsequiado a la lectura de esta columna durante el año que está por terminar y le desea unas felices fiestas. Si se cuenta usted entre las miles de víctimas directas o indirectas que ha dejado el coronavirus le expresa su solidaridad y su deseo para que pronto encuentre la solución a su desgracia. Que 2021 sea mejor en todos los sentidos posibles.
Twitter: @jorgerdzc
