Compleja tarea la que ha caído en estos días al futuro coordinador estatal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues.
El diputado federal por Morena y a quien los futurólogos locales ya miran (y tratan) como eventual candidato a gobernador en el lejano 2024 es el poblano más afectado con el escándalo del fideicomiso “Por los demás”, un instrumento de manejo de dinero para damnificados de los sismos que habría usado el partido de López Obrador para obtener lucro político en el pasado proceso electoral.
El hecho, que ha sido negado por el presidente (casi) electo a través de ese personalísimo estilo que apabulla a las instituciones cuando estas no emiten fallos a su favor, puede servir para minar la autoridad moral de un “coordinador estatal” que -como todo lo que emana de López Obrador- anuncia ser impoluto e intachable.
Esa estrategia del tabasqueño para desaparecer las delegaciones del gobierno de la república y dar paso a coordinaciones estatales que eliminen, de tajo, la corrupción y adelgacen la burocracia, contiene una ambiciosa oferta implícita: la de prometer a los mexicanos que su gente, sus colaboradores, a diferencia de todos los servidores públicos que están por abandonar la administración federal, sí es eficiente, pero, sobre todo, honesta.
De ahí ha arrancado el próximo presidente para justificar esa estructura de gobierno que depositará en los coordinadores estatales un poder sin precedentes en la historia democrática del país.
Ellos manejarán los millonarios recursos que destina la federación para cada entidad de la república, con las naturales consecuencias políticas que usted ya imaginará.
Tanta influencia tendrán esos representantes del sexenio de López Obrador que en los estados ya se les ha bautizado como “vicegobernadores”, lo que no estará alejado de la realidad en caso de que la idea prospere tal y como lo ha expresado el candidato ganador de la elección presidencial.
“¿Cómo terminará usted con tooodos los problemas del país?”, le preguntaron cientos de veces al tabasqueño en campaña.
“Combatiendo a la corrupción”, respondió él, las mismas cientos de veces.
Eso lleva a suponer que los 32 coordinadores estatales que el propio López Obrador ha presentado ya, entre ellos el sobrino político del exgobernador Manuel Bartlett Díaz, son, además de fregones para el desempeño del servicio público, honestos e incorruptibles.
De acuerdo, otorguemos el beneficio de la duda al futuro presidente.
Pensemos que, como ha dicho, su sola sentada en la silla presidencial desaparecerá de todos los mapas el cáncer de la corrupción.
Y que sus colaboradores, al igual que él, no serán movidos por otros intereses que no tengan que ver con el bienestar colectivo de la nación.
Pero para eso habrá que aclarar primero lo que sucedió con el fideicomiso “Por los demás”.
No bastará desacreditar a los consejeros del INE poniéndolos como arietes de un supuesto complot armado desde la “mafia del poder” en venganza por los resultados electorales.
En Puebla corresponde a Rodrigo Abdala hacer esa tarea.
Antes que revisar nóminas, elegir oficinas y llamar al decorador de interiores para comprar los muebles, incluso mucho antes de soñar siquiera con ir a las urnas en el 2024, apenas perceptible en el horizonte, tendrá que ocuparse de explicar qué pasó.
¿Utilizaron Rodrigo Abdala y Morena los recursos de ese fideicomiso para comprar votos, como acusa el INE?
El bono democrático otorgado por millones de ciudadanos a los candidatos de esa coalición es enorme.
El reto es mantenerlo intacto por lo menos al 1 de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto -de triste memoria- diga adiós y en su lugar rinda protesta el nuevo presidente.
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