Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es
bastante poderoso para detenerlo.
Guadalupe Victoria. 1er presidente de México.
En la gobernanza, se debe precisar la importancia de autoridades, instituciones y sus diversos organismos administrativos, los cuales ejercen y ejecutan las funciones del Estado, para regular y administrar a un conglomerado social.
Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución federal y las particulares de los estados (artículos 39 y 41).
Ante lo cual, es pertinente señalar, que nuestras constituciones pasadas no resultaron de pequeños grupos, sino de cambios profundos en la sociedad y del acuerdo entre fuerzas políticas que reconocían su importancia; que, sin duda apuntaban más al futuro que al presente y el pasado.
Los tres niveles de gobierno deben atender la demanda social, mediante políticas públicas viables y sustentables, que reduzcan el rezago social, pues se enfrentan a una ciudadanía más evolucionada, con una clara visión democrática y, mejor informada, que exige mejores resultados; en el entendido que la pobreza es un problema lacerante que debe atenderse de manera urgente, sin descuidar el manejo eficiente y la transparencia de los recursos públicos.
Lamentablemente hoy sólo hay ideas cuyas líneas definitorias son difíciles de percibir, debido a la falta de claridad en el pensamiento político e ideológico, muy a pesar de la popularidad del presidente de la república.
Pues a la fecha no se vislumbra una transformación relevante en el país, por el contrario, en el transcurso de la presente administración se ha incrementado el número de homicidios; (36,500) cifra mucho mayor a la de los sexenios previos, se redujo de manera inesperada el acceso a los servicios de salud y se ha incrementado la pobreza y la pobreza extrema.
Recientemente un especialista en seguridad publicó, “en mil 10 días de gobierno —que se cumplieron en la primera semana de septiembre— fueron asesinadas en México 100 mil 56 personas, prácticamente un centenar al día”.
Situación que se suma a la pandemia del Covid-19, los desastres climáticos por los cuales estamos pasando, provocando víctimas mortales, damnificados, pérdidas económicas y de infraestructura. Lo más lamentable para las familias es que el agua se lleva en cuestión de minutos, prácticamente el patrimonio de años que, con trabajo y esfuerzo, habían obtenido.
Estas torrenciales lluvias evidencian la calidad de las obras, y la falta de mantenimiento de los inmuebles como son los hospitales, que por años no lo reciben, o que fueron construidos en espacios no apropiados, en zonas de alto riesgo, como es el caso del Hospital General de Zona número 5 del IMSS, en Tula, Hidalgo, donde fallecieron 17 personas por el desbordamiento del río Tula.
Ante estos lamentables acontecimientos es necesario corregir el rumbo y, que, la agenda gubernamental, priorice en el ámbito municipal, la elaboración del atlas de riesgo o en su caso su actualización para evitar los posibles riesgos a que están sujetos los asentamientos humanos y la infraestructura; pero sobre todo para evitar la pérdida de vidas humanas, sus bienes y su patrimonio.
Situación que de no atenderse se agravara aún más, si no se establece una clara agenda de gobierno que determine un proyecto sólido de país; por el cual se esté dispuesto a luchar hasta el final.
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