/ jueves 28 de julio de 2022

Regreso a clases con seguridad e infraestructura adecuada

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que derivó en el padecimiento de COVID-19 modificó considerablemente las actividades cotidianas de todas las personas, incluidas las actividades escolares, que se vieron paralizadas durante aproximadamente dos años. Sin embargo, después de un largo periodo, las clases escolares presenciales fueron reanudándose en distintas partes del país, conforme al semáforo epidemiológico.

El pasado 3 de junio la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación los calendarios escolares para el ciclo escolar 2022-2023, aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria de enseñanza pública y privada, así como para las normales y la formación de maestras y maestros de Educación Básica. Se trata de dos calendarios, uno para Educación Básica, de 190 días y otro de 195 para escuelas normales dedicadas a la formación de maestros.

Como podemos advertir, se tienen contempladas actividades que involucran a toda la comunidad escolar, por lo que para el regreso a clases es indispensable que se garanticen las condiciones mínimas para que se imparta una educación de calidad. No solo se requieren actividades de limpieza y sanitización de planteles escolares, sino es necesario que se revisen a detalle y en su totalidad las condiciones de infraestructura, y en su caso, se atiendan las deficiencias e irregularidades que se llegaran a detectar.

A lo largo del país existe una gran cantidad de planteles educativos, que derivado del abandono ocasionado por la pandemia, no cuentan con los requisitos mínimos de mantenimiento de infraestructura, protección civil, seguridad pública, alumbrado, sanitarios, entre otros, para poder brindar las condiciones indispensables que permitan recibir dignamente a la planta docente, administrativa, al alumnado, familiares y toda la comunidad escolar, en el regreso a clases 2022-2023.

La educación es el eje que articula el crecimiento económico y el desarrollo social, favorece el mecanismo de superación de la pobreza mediante la igualdad de oportunidades y proporciona los conocimientos y destrezas necesarias que permiten a los individuos acceder a puestos de trabajo, y lograr una mayor productividad para obtener ingresos que contribuyan a su bienestar.

El derecho de las personas a una educación de calidad es la piedra angular para avanzar en el desarrollo de los derechos humanos y de la participación democrática de un país. Una sociedad con buenos logros educativos y extendidos hacia el grueso de su población tiende a ser más igualitaria en su estructura de ingresos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha afirmado que los espacios escolares no sólo permiten el desarrollo de las tareas educativas de los niños, sino también son lugares de convivencia, donde se expresan y fomentan las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar.

Asímismo, el Banco Interamericano de Desarrollo concluyó en un estudio que las niñas y los niños que estudian en instalaciones con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados en asistir a clase, que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos.

El Grupo Parlamentario del PRI está convencido de que las niñas, niños y adolescentes son un grupo prioritario que debe contar con espacios adecuados a las nuevas necesidades, por lo que su retorno a clases presenciales debe garantizarles las condiciones propicias que les permitan estudiar sin poner en riesgo su salud, bienestar o su vida. Debemos realizar todas las acciones necesarias para maximizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los integrantes de la comunidad escolar.

Es por ello que presenté un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 32 autoridades educativas locales, coadyuven en la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas públicas e informen a esta Soberanía, sobre las condiciones que guardan estos planteles educativos.


La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que derivó en el padecimiento de COVID-19 modificó considerablemente las actividades cotidianas de todas las personas, incluidas las actividades escolares, que se vieron paralizadas durante aproximadamente dos años. Sin embargo, después de un largo periodo, las clases escolares presenciales fueron reanudándose en distintas partes del país, conforme al semáforo epidemiológico.

El pasado 3 de junio la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación los calendarios escolares para el ciclo escolar 2022-2023, aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria de enseñanza pública y privada, así como para las normales y la formación de maestras y maestros de Educación Básica. Se trata de dos calendarios, uno para Educación Básica, de 190 días y otro de 195 para escuelas normales dedicadas a la formación de maestros.

Como podemos advertir, se tienen contempladas actividades que involucran a toda la comunidad escolar, por lo que para el regreso a clases es indispensable que se garanticen las condiciones mínimas para que se imparta una educación de calidad. No solo se requieren actividades de limpieza y sanitización de planteles escolares, sino es necesario que se revisen a detalle y en su totalidad las condiciones de infraestructura, y en su caso, se atiendan las deficiencias e irregularidades que se llegaran a detectar.

A lo largo del país existe una gran cantidad de planteles educativos, que derivado del abandono ocasionado por la pandemia, no cuentan con los requisitos mínimos de mantenimiento de infraestructura, protección civil, seguridad pública, alumbrado, sanitarios, entre otros, para poder brindar las condiciones indispensables que permitan recibir dignamente a la planta docente, administrativa, al alumnado, familiares y toda la comunidad escolar, en el regreso a clases 2022-2023.

La educación es el eje que articula el crecimiento económico y el desarrollo social, favorece el mecanismo de superación de la pobreza mediante la igualdad de oportunidades y proporciona los conocimientos y destrezas necesarias que permiten a los individuos acceder a puestos de trabajo, y lograr una mayor productividad para obtener ingresos que contribuyan a su bienestar.

El derecho de las personas a una educación de calidad es la piedra angular para avanzar en el desarrollo de los derechos humanos y de la participación democrática de un país. Una sociedad con buenos logros educativos y extendidos hacia el grueso de su población tiende a ser más igualitaria en su estructura de ingresos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha afirmado que los espacios escolares no sólo permiten el desarrollo de las tareas educativas de los niños, sino también son lugares de convivencia, donde se expresan y fomentan las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar.

Asímismo, el Banco Interamericano de Desarrollo concluyó en un estudio que las niñas y los niños que estudian en instalaciones con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados en asistir a clase, que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos.

El Grupo Parlamentario del PRI está convencido de que las niñas, niños y adolescentes son un grupo prioritario que debe contar con espacios adecuados a las nuevas necesidades, por lo que su retorno a clases presenciales debe garantizarles las condiciones propicias que les permitan estudiar sin poner en riesgo su salud, bienestar o su vida. Debemos realizar todas las acciones necesarias para maximizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los integrantes de la comunidad escolar.

Es por ello que presenté un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 32 autoridades educativas locales, coadyuven en la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas públicas e informen a esta Soberanía, sobre las condiciones que guardan estos planteles educativos.