En la Agenda 2030 (https://agenda2030lac.org/) el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se refiere a “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo […] La pobreza tiene muchas consecuencias como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, la imposibilidad de acceder a la educación o las enfermedades. También se produce la discriminación de las personas con menos recursos de la sociedad, de forma que no tienen posibilidad de participar.”
No es casualidad que sea el primer objetivo de la agenda que comparten los 170 países que pertenecen al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aquí el pero es ¿qué herramientas ofrece la agenda para que se logren los objetivos y quiénes son los responsables de proveerlas? El diagnóstico se puede elaborar dados los acontecimientos que acompañan a toda la población ubicada en la franja de pobreza.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define que “Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando: presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades”, que hace referencia a lo definido en la Ley General de Desarrollo Social como pobreza multidimensional. La urgencia de insistir en este Primer Objetivo de la Agenda 2030 hace sentido al revisar el Informe semestral de incidencia delictiva 2022 que dio a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad (https://onc.org.mx/).
Los datos que se ofrece el Informe, hacen pensar nuevamente en el entorno de quien vive y sobrevive con alguna carencia social, dentro de la pobreza multidimensional, entre lo más impactante: 1) La extorsión fue el delito que más aumentó y ninguno de los 15 gobernadores que tomó posesión en 2021 consideró acciones concretas para atender este delito, 2) la violencia intrafamiliar así como la trata de personas, 3) la violencia de género (como acoso personal y violencia sexual en lugares públicos), todos estos delitos están focalizados en los municipios más pobres
Si bien hubo reducción significativa de los casos de homicidio doloso, este hecho no coincide con otra realidad dolorosa: hay una reducción del 80% de carpetas de investigación, pero no hay sentencias condenatorias. Es decir, la pregunta obligada es: se redujo el delito, o la gente ya ni piensa como opción en ir a un Ministerio Público a denunciar. ¿Quién en su sano juicio va a un MP donde me toma un día completo ir a denunciar, y luego no hay resultados?
Esto se evidenció, lamentablemente, en el caso de El Caníval de Atizapán; el asesino que durante más de 20 años identificaba a mujeres pobres, vulnerables, que enganchaba prometiendo ayudas sociales. Y nadie investigó nada, a pesar de que había carpetas de investigación de mujeres desaparecidas; descubrir al asesino a fue obra del esposo de la última víctima, con sus propios medios, a pesar de haber acudido al MP y levantado un reporte Odisea. No esperó, sabía que las primeras horas son cruciales en desaparición de personas, y logró la detención. Esta realidad es indignante, dolorosa y terrible. Muestra la realidad que ronda a la pobreza, revictimizándola.
El sistema judicial con una Fiscalía General cuestionada por el Fiscal que aceptó haber cometido delitos, que sabe de los municipios más pobres están secuestrados por la delincuencia organizada, con un creciente desplazamiento forzado porque la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no ha funcionado. Ni abrazos ni librazos van a terminar con lo que se cifra en la pobreza. La Agenda 2030 es la opción que ningún gobierno debiera soslayar.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías (2022-2024) Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
