El proceso de reconciliación política auspiciado por el candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, no alcanza todavía a los líderes de la iniciativa privada, que este día fallarán en un nuevo intento por conseguir que el nacido en Zinacatepec asista al pretendido debate del próximo jueves.
Como todo candidato puntero en campaña, Barbosa ha sido aconsejado por sus asesores para acudir solo a los debates obligados por la autoridad electoral, lo que se concreta al encuentro del 19 de mayo y nada más.
Ese fue el motivo por el que no estuvo en la Universidad Iberoamericana, donde los directivos de la institución armaron las condiciones para llevar a cabo un encuentro de esa naturaleza, en el que participaran además estudiantes y maestros.
Llegó a la UPAEP porque el formato de la presentación no incluyó participaciones simultáneas, sino exposiciones individuales en tiempos distintos.
Con los hombres de negocios agrupados en torno al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sin embargo, Barbosa tiene motivaciones adicionales para rechazar la invitación, más allá de la simple sugerencia de sus colaboradores.
El aspirante a gobernador de Morena tiene presente la actuación de José Carlos Montiel Solana y el CCE en la contienda electoral de 2018, siempre en favor de la pareja Moreno Valle-Alonso.
Esa vez, Montiel fue menos que laxo ante la negativa de Martha Erika Alonso, candidata del PAN, para asistir a la confrontación de propuestas y programas de gobierno que proponía el CCE, en un ejercicio idéntico al que pretende realizar este año.
Alonso respondió entonces que no iría, como lo hicieron después, sincronizados, dos de los aliados de la esposa de Moreno Valle en esos comicios: Michel Chaín Carrillo, del Verde, y Alejandro Romero Carreto, de Nueva Alianza.
Barbosa observó la reacción complaciente del presidente de esa cámara y más adelante confirmó las informaciones que llegaban hasta su escritorio, que le advertían de las complicidades del líder empresarial con el fallecido Rafael Moreno Valle.
Dos acontecimientos más le sirvieron al abanderado de Morena para ligar a Montiel con el ex gobernador.
El presidente del CCE fue usado por la pareja Moreno Valle-Alonso para ejercer presión mediática mientras Barbosa peleaba su impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conforme se acercaba la fecha del fallo, que se dio en los primeros minutos del domingo 9 de diciembre, Montiel Solana “advertía” de los riesgos económicos para el estado que supondría la extensión del conflicto poselectoral.
Sin decantarse por ratificar o anular el triunfo de Martha Erika, señalaba como inconveniente prolongar la incertidumbre que existía ante la falta de un gobernador electo inamovible.
Operadores del aspirante de Morena interpretaron esa postura como un respaldo tácito a la ratificación de los resultados oficiales y, por tanto, de Alonso.
Montiel no paro ahí.
Una vez ocurrido el fallo de los magistrados, ante la revuelta de los diputados locales de Morena, PT y PES, que amenazaban con poner de cabeza al gobierno de Martha Erika por su inconformidad, el dirigente empresarial volvió a externar sus “preocupaciones” por el clima político que imperaba en el estado.
Alertó sobre una inminente ingobernabilidad si los legisladores morenistas no entendían que la contienda electoral había concluido y erradicaban, en consecuencia, su actitud beligerante.
Las nuevas expresiones ratificaron la certeza de los barbosistas, que ya tenían a Montiel en la lista de aliados políticos de los Moreno Valle.
Estos acontecimientos marcaron con rojo al Consejo Coordinador Empresarial y lo mantienen a raya de la agenda de acuerdos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
Barbosa pactó treguas en su partido, como muestran los casos de Claudia Rivera y Alejandro Armenta, y estableció acuerdos de paz con antiguos aliados del morenovallismo, pero no pudo o no quiso, hasta hoy, hacerlo con el presidente de la mayor de las cámaras empresariales.
El hecho debe invitar a la reflexión de Montiel Solana y todos los afiliados al CCE.
En efecto, ahora mismo pagan las consecuencias de la subordinación al poder político, que no se estrenó en el sexenio de Moreno Valle.
Pero eso ya es pasado.
¿Qué harán ahora?
¿Buscarán mejores puentes de comunicación para acomodarse en la nueva administración estatal, la que arrancará en agosto, o se erigirán en una cúpula empresarial libre y autónoma para influir de verdad en la definición de políticas públicas?
En un escenario ideal, gobierno y empresarios tendrían que caminar juntos para llevar a buen puerto el futuro económico del estado, en una relación sana, que no implique la claudicación de un sector hacia el otro con el fin de obtener prebendas y beneficios particulares.
Twitter: @jorgerdzc
jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx
