A poco más de una semana para el regreso a clases de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, la incertidumbre por la pertinencia de lo presencial o no en las aulas parece ir en aumento conforme pasan las horas.
En parte por el desconcierto sobre los vaivenes en las directrices del gobierno federal que un día dice que es requisito la carta compromiso y otro decide cancelarla porque el presidente Andrés Manuel López Obrador la consideró como parte de una concepción autoritaria del modelo neoliberal.
También por los criterios cambiantes que primero se apostaban por que el regreso a clases solamente podría ocurrir hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en verde y hoy que estamos de naranja a rojo se elimina incluso, la idea, de suspender clases en escuelas donde se detecten casos confirmados de la Covid-19, según lo dicho por la secretaria federal, de Educación Pública, Delfina Gómez.
Y si a ello le sumamos la preocupación del sector docente de suponerse vulnerables frente a la noticia de que no está contemplada una segunda dosis de la vacuna CanSino después de los seis meses de la primera aplicación, puesto que para el subsecretario de salud Hugo López Gatell y el propio presidente de la República, no es necesaria, tenemos un escenario escolar de tensión.
Pero todo esto no significa una discrepancia con la idea de la urgente necesidad de que la educación regrese paulatinamente a modelos de socialización, del contacto cara a cara como impulsores de un mejor proceso educativo, el problema está en las condiciones para ello.
Las jornadas de limpieza iniciadas en las escuelas servirán para retirarles el polvo a las bancas, piso y mobiliario, pero no para atender la contingencia sanitaria y los expertos en salud han descartado que las sanitizaciones son de efectos efímeros para evitar contagios pues este se da por la cercanía física.
Y si el problema no está, de origen en las aulas, sí lo estará en la forma de traslado de los estudiantes, sobre todo en las zonas urbanas, que recurrirán al transporte público.
En Puebla, desde que inició la pandemia, y aún mediante decretos, ha sido imposible la regulación de aforos reducidos de pasajeros; las horas pico mantienen altas concentraciones de personas en las diversas unidades y eso que, en algún momento, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta detectó que ese era uno de los puntos de mayor contagio.
Los transportistas, al verse afectados en el flujo de personas, durante los meses de mayor confinamiento, optaron por cambiar los grandes autobuses por minivans.
Imaginemos lo que está en puerta; una tercera ola que aún no llega a su cresta; transporte público saturado en horas pico ya no solo por trabajadores sino por padres, madres y alumnos, en unidades más pequeñas, con transportistas y concesionarios que no quieren sacrificar ganancias en sus corridas y una autoridad del transporte, que se ve impedida a meter en cintura a quienes saturen sus unidades.
Ojalá en los próximos días se anuncie algún plan para inhibir la ola de contagios no en escuelas sino en el transporte público.
