/ martes 31 de julio de 2018

Solo para abogados en ciernes Bartlett y el mito de la caída del sistema

La encomiable designación de Manuel Bartlett Díaz como el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad ha causado revuelo y revivido en redes el mito de la caída del sistema, construido a partir de la locuacidad de Diego Fernández de Cevallos y utilizado cíclicamente por salinistas y panistas para expiar sus pecados y convertir a Manuel Bartlett en el chivo expiatorio del desaseo en la elección presidencial de 1988 y en su calificación por el Congreso.

Imputación que ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quedado demostrada como una falacia histórica y que, por ende, es cosa juzgada.

Así quedó expuesto en el libro “Juicio por daño moral, estudio de caso ‘la caída del sistema’”, donde el próximo titular de CFE disecciona el largo proceso judicial seguido en compañía del que esto escribe y que finalmente ganó al expanista Germán Martínez Cázares, hoy compañero suyo en Morena, quien cuando era dirigente nacional del PAN lo acusó de ser responsable del fraude de 1988. Difamación que, por cierto, repitió estólidamente Ricardo Anaya en el primer debate entre candidatos a la presidencia de la pasada campaña electoral, seguramente aconsejado por su inefable asesor, “el Jefe” Diego, verdadero responsable, junto con Felipe Calderón, Miguel de la Madrid, Córdoba Montoya y Patricio Chirinos, de que Carlos Salinas lograra imponerse a Cuauhtémoc Cárdenas y así asumir el poder.

Son doscientas páginas en las que Manuel Bartlett analiza puntualmente las consideraciones y conclusiones del juicio por daño moral que litigó seis años (todo el sexenio de Calderón) contra Martínez Cázares, con nueve sentencias, hasta la final por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que condenó a su contraparte por daño moral al demostrarse que el exsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral no tuvo ni pudo tener participación en la operación de algún fraude electoral en 1988 y menos que este pudiera hacerse de manera cibernética en o desde las oficinas de la dependencia que estuvo a su cargo, cuando el cómputo se llevó documentalmente en los trescientos distritos electorales, de manera muy similar al procedimiento utilizado en la actualidad. Nunca se suspendió, fue público y al final los paquetes fueron enviados directamente a la Cámara de Diputados, constituida en Colegio Electoral, para su revisión y calificación; lugar donde priistas y panistas, en sospechoso contubernio jamás aclarado, se opusieron a la apertura de los paquetes electorales y años después acordaron quemarlos a instancias del mismo Jefe Diego, con lo que desapareció así cualquier evidencia que pudiera haber habido en ellos sobre si se alteró o no la votación.

En consecuencia es falso que la supuesta caída del sistema que operaba en Gobernación (que solo fue una interrupción no mayor a quince minutos en el flujo de la información que se recababa telefónicamente y se hacía llegar a todos los integrantes de la Comisión Federal Electoral) fuera el momento de consumación de un fraude electoral o de un error fatal, cosa que, de haber sucedido, se habría operado por el equipo de campaña de Salinas de Gortari en mapacheras o laboratorios distritales, a espaldas de la autoridad electoral, tal como presuntamente ocurrió este año en la elección de la gobernación del estado de Puebla, situación de la que nadie podría responsabilizar directamente a Lorenzo Córdova o al INE en caso de confirmarse.

Al respecto, el aún senador ha detallado que la sentencia a su favor exhibió por fin a los únicos beneficiarios de la elección de 1988, tanto Salinas como el PAN, así como a abogados cercanos al poder panista, magistrados y hasta ministros, todos juramentados en mantener vivo al chivo expiatorio liberador de culpas, incluso 30 años después. E incluso ha señalado que en algún momento quisieron obligarlo a anunciar que Salinas de Gortari había ganado la elección cuando aún no concluía el conteo de votos y la elección se presentaba inusitadamente cerrada, situación a la que se opuso, por lo que finalmente fue Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, el que sin números salió en la madrugada a hacer el anuncio y provocó las protestas de la oposición, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra. Para mayor información, cualquier persona interesada puede consultar las siguientes ligas: https://www.youtube.com/watch?v=9GZnC_mkJXI y https://www.youtube.com/watch?v=Cm3MnkHrNss.

De esta forma, considero que se desvanecen las principales críticas que se le han hecho a quien fuera el mejor gobernador en la historia de Puebla, con motivo de su designación como parte del equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, personaje vertical al que algunos personeros de los verdaderos promotores de la privatización del estado y el desmantelamiento del sector energético no tardarán en atacar con mayor ahínco al avizorarlo como el más férreo defensor de la soberanía energética y, por tanto, como el más duro obstáculo para sus aviesos intereses económicos, en pugna con los intereses universales y públicos a los que debería obedecer todo servidor público. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!

mezavcm.abogados@gmail.com


La encomiable designación de Manuel Bartlett Díaz como el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad ha causado revuelo y revivido en redes el mito de la caída del sistema, construido a partir de la locuacidad de Diego Fernández de Cevallos y utilizado cíclicamente por salinistas y panistas para expiar sus pecados y convertir a Manuel Bartlett en el chivo expiatorio del desaseo en la elección presidencial de 1988 y en su calificación por el Congreso.

Imputación que ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quedado demostrada como una falacia histórica y que, por ende, es cosa juzgada.

Así quedó expuesto en el libro “Juicio por daño moral, estudio de caso ‘la caída del sistema’”, donde el próximo titular de CFE disecciona el largo proceso judicial seguido en compañía del que esto escribe y que finalmente ganó al expanista Germán Martínez Cázares, hoy compañero suyo en Morena, quien cuando era dirigente nacional del PAN lo acusó de ser responsable del fraude de 1988. Difamación que, por cierto, repitió estólidamente Ricardo Anaya en el primer debate entre candidatos a la presidencia de la pasada campaña electoral, seguramente aconsejado por su inefable asesor, “el Jefe” Diego, verdadero responsable, junto con Felipe Calderón, Miguel de la Madrid, Córdoba Montoya y Patricio Chirinos, de que Carlos Salinas lograra imponerse a Cuauhtémoc Cárdenas y así asumir el poder.

Son doscientas páginas en las que Manuel Bartlett analiza puntualmente las consideraciones y conclusiones del juicio por daño moral que litigó seis años (todo el sexenio de Calderón) contra Martínez Cázares, con nueve sentencias, hasta la final por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que condenó a su contraparte por daño moral al demostrarse que el exsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral no tuvo ni pudo tener participación en la operación de algún fraude electoral en 1988 y menos que este pudiera hacerse de manera cibernética en o desde las oficinas de la dependencia que estuvo a su cargo, cuando el cómputo se llevó documentalmente en los trescientos distritos electorales, de manera muy similar al procedimiento utilizado en la actualidad. Nunca se suspendió, fue público y al final los paquetes fueron enviados directamente a la Cámara de Diputados, constituida en Colegio Electoral, para su revisión y calificación; lugar donde priistas y panistas, en sospechoso contubernio jamás aclarado, se opusieron a la apertura de los paquetes electorales y años después acordaron quemarlos a instancias del mismo Jefe Diego, con lo que desapareció así cualquier evidencia que pudiera haber habido en ellos sobre si se alteró o no la votación.

En consecuencia es falso que la supuesta caída del sistema que operaba en Gobernación (que solo fue una interrupción no mayor a quince minutos en el flujo de la información que se recababa telefónicamente y se hacía llegar a todos los integrantes de la Comisión Federal Electoral) fuera el momento de consumación de un fraude electoral o de un error fatal, cosa que, de haber sucedido, se habría operado por el equipo de campaña de Salinas de Gortari en mapacheras o laboratorios distritales, a espaldas de la autoridad electoral, tal como presuntamente ocurrió este año en la elección de la gobernación del estado de Puebla, situación de la que nadie podría responsabilizar directamente a Lorenzo Córdova o al INE en caso de confirmarse.

Al respecto, el aún senador ha detallado que la sentencia a su favor exhibió por fin a los únicos beneficiarios de la elección de 1988, tanto Salinas como el PAN, así como a abogados cercanos al poder panista, magistrados y hasta ministros, todos juramentados en mantener vivo al chivo expiatorio liberador de culpas, incluso 30 años después. E incluso ha señalado que en algún momento quisieron obligarlo a anunciar que Salinas de Gortari había ganado la elección cuando aún no concluía el conteo de votos y la elección se presentaba inusitadamente cerrada, situación a la que se opuso, por lo que finalmente fue Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, el que sin números salió en la madrugada a hacer el anuncio y provocó las protestas de la oposición, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra. Para mayor información, cualquier persona interesada puede consultar las siguientes ligas: https://www.youtube.com/watch?v=9GZnC_mkJXI y https://www.youtube.com/watch?v=Cm3MnkHrNss.

De esta forma, considero que se desvanecen las principales críticas que se le han hecho a quien fuera el mejor gobernador en la historia de Puebla, con motivo de su designación como parte del equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, personaje vertical al que algunos personeros de los verdaderos promotores de la privatización del estado y el desmantelamiento del sector energético no tardarán en atacar con mayor ahínco al avizorarlo como el más férreo defensor de la soberanía energética y, por tanto, como el más duro obstáculo para sus aviesos intereses económicos, en pugna con los intereses universales y públicos a los que debería obedecer todo servidor público. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!

mezavcm.abogados@gmail.com