Bajo el esquema de que la corrupción es parte de la naturaleza del mexicano, ningún sistema legal será eficaz para combatirla, es más hasta resulta insultante que existan leyes para sancionarla. Pero estas afirmaciones carecen de sustento y sólo es una justificación para “la triste generalización de la corrupción y la incapacidad para entender el fenómeno y enfrentarlo”, como plantea Víctor M. Martínez Bullé Goyri en la publicación disponible en bibliojurídicas “¿Cómo combatir la corrupción? (2017:63) de Salazar Ugarte, Ibarra Palafox y Flores Mendoza.
Lo que ha ayudado a instalar en el imaginario social la idea de que los mexicanos “somos corruptos”, incluso más corruptos que otros países del mundo, es la medición de la corrupción y la nula comprensión de las metodologías que aplican para. Al menos Transparency International (TI) desde 2011) y World Justice Project (WJP) desde 2006, miden los niveles de corrupción, desde diferentes ángulos. Tal es que TI mide “la percepción” que los mexicanos tenemos de la corrupción.
Por otro lado “Cada edición del WJP Rule of Law Index se basa en más de 110.000 encuestas de hogares y expertos para medir cómo el público en general de todo el mundo experimenta y percibe el estado de derecho en situaciones prácticas y cotidianas. El desempeño se evalúa utilizando 44 indicadores en 8 categorías, cada una de las cuales se califica y clasifica a nivel mundial y frente a pares regionales y de ingresos: Restricciones en los poderes gubernamentales, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento normativo, Justicia civil, y Justicia Penal”.
También existen en México cuatro instituciones mexicanas que han ayudado a dilucidar precisamente la forma de ver, estudiar, entender y abordar a la corrupción como problema tan enraizado en nuestra cultura. No en orden de importancia, lo cual sería muy difícil de precisar, pero considero que no pueden dejar de considerarse: 1) la Red de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (RRCC), ligada a 74 instituciones educativas y organismos públicos, con un trabajo de investigación académica importante. 2) México Evalúa (ME) con un programa Anticorrupción que trabaja en “(…) la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados, (apoyan) los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local mediante la generación y/o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones.”. 3) Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) con una “agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país”, y 4) México Cómo Vamos que trabaja en “traducir los resultados de nuestras investigaciones en herramientas claras y sencillas que nos permitan evaluar el desempeño del país a fin de impulsar un crecimiento económico acelerado y sostenido que genere los empleos que los mexicanos necesitamos”.
En una democracia débil como la nuestra, la tarea de mexicanos que no están contentos con la corrupción, y que se apostaron a combatirla, ha sido titánica desde que el 27 de mayo de 2015 se incluyó en nuestra Constitución, Art. 6º constitucional y reforma de 14 artículos Constitucionales (22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114,116 y 122), base y sustento de toda la legislación secundaria que el 18 de julio de 2016 se publicó, trabajo que encabezó MCCI. es el gran aporte de académicos y estudiosos que dedican su trabajo a estos menesteres. En ese sentido, la obligación mínima de nosotros los ciudadanos es, en todo caso, conocer la raíz de este cáncer social y revertirlo o contenerlo con actitudes sustentadas en la ética social, porque nadie en su sano juicio está de acuerdo con la corrupción.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías (2022-2024) Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
