Sin recursos económicos de por medio, así ha transcurrido el proceso de transición entre los equipos del gobernador José Antonio Gali Fayad y la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo a un mes de que ésta presentara su primer equipo para este periodo previo a la toma de protesta.
Contrario a lo que ocurrió en el ayuntamiento de Puebla, donde se etiquetaron 5 millones de pesos para los mismos propósitos entre autoridades salientes y electas, para el caso del Gobierno del Estado no se ha hecho pública una cifra a utilizarse con ésta finalidad.
En el gobierno estatal aseguran que aún no se ha definido un recurso para ello pero entre quienes se apostaron por todo a la campaña dejando sus puestos de trabajo, hay algunos que ya comienzan a resentir la austeridad pues ni recuperaron su plaza en el gobierno ni han sido requeridos, bajo honorarios, en estos meses en el equipo de transición.
Los mal pensados dirán que esta situación donde oficialmente no se ha erogado dinero alguno para sopesar los gastos a quien se le entregó constancia de mayoría por la gubernatura obedece al proceso de impugnación que realizó el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa.
Que tiene que ver con la incertidumbre que aún existe, a pesar de los encuentros, instalación de comisión con funcionarios, fotografías y comunicados, sobre lo que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la nulidad o validación de la elección.
O que se trata de un ejercicio de percepción, cuando en términos presupuestales no se podría liberar un recurso que pudiera en unos meses dejar de ser un gasto justificado.
Como sea, lo cierto es que del tema no han declarado ni el gobierno de Gali ni el equipo de Alonso Hidalgo a pesar de que ya han ocurrido varios encuentros entre los titulares o sus equipos de trabajo desde el 1 de agosto, fecha en la que se formalizaron los trabajos.
En Jalisco, por ejemplo, el gobernador electo Enrique Alfaro rechazó los 40 millones de pesos que la administración del saliente Aristóteles Sandoval Díaz había dispuesto para el proceso de entrega recepción.
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quien gobernará Guanajuato tampoco aceptó los 5 millones de pesos que el actual mandatario de esa entidad, Miguel Márquez Márquez, etiquetó.
Lo mismo ocurrió en Morelos donde Cuauhtémoc Blanco no aceptó los 300 mil pesos que consideró la administración de Graco Ramírez para las labores de transición.
Para el caso del gobierno de Puebla no existe, hasta ahora, una declaración que vaya encaminada a que no se utilizarán los esos recursos.
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Quien ha instruido a su equipo de trabajo a no aceptar la bolsa destinada para el cambio de gobernó es la presidenta electa Claudia Rivera Pérez.
Aunque se encuentran presupuestados 5 millones de pesos en la Ley de Egresos del Ayuntamiento de Puebla desde el año pasado, lo cierto es que la alcaldesa decidió no utilizar esos dineros para la etapa previa al 15 de octubre, cuando rinda protesta al cargo.
Al menos hasta ayer esa era la tónica y la dejó de manifiesto al declarar que incluso su viaje a Washington y Nueva York serán pagados de la propia bolsa de su equipo de transición.
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Hasta la próxima.
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