/ viernes 11 de octubre de 2019

Transportistas “al abordaje”

Los concesionarios del servicio público de transporte de la ciudad de Puebla empezarán a cobrar mañana sábado 12 de octubre, más del 41 por ciento de sus tarifas vigentes hasta hoy, sin mejorar en nada lo que ofrecen,

Lo que es peor, no tienen un plan adecuado para realizarlo en los próximos cuatro meses, cuando venza el plazo al que se comprometieron con el gobierno estatal.

Para febrero, los dueños de las unidades dirán que la tarifa no les alcanzó para invertir e insistirán en otro ajuste y un plazo de gracia para cumplir sus compromisos, lo han hecho siempre, al tiempo.

Están al abordaje de un gobierno que los benefició directamente, sin que ellos hayan aportado nada para conseguirlo, ni siquiera publicidad para su campaña política de este año.

Los dueños de las unidades, algunos con decenas de concesiones y además de las que tienen para prestar el servicio “pirata”, no son damas de la caridad y aunque “lloriqueen” por supuestamente no tener ganancias, ninguno ha quebrado ni tampoco son pobres.

Hasta ahora pierden sus choferes, quienes pagan cuentas exageradas, tienen que cumplir una serie de vueltas, horarios y turnos de hasta 18 horas diarias, sin importar nada, incluso el exceso de pasaje y las altas velocidades, porque los concesionarios no pierden un centavo.

Ellos tienen un rango de utilidades por sus concesiones, reparten migajas a algunos funcionarios y ganan extra con el transporte “pirata”, que ofrecen por todos los rumbos de la ciudad.

Los concesionarios son los beneficiarios directos del aumento al pasaje y seguirán llorando como plañideras, por los rincones, quejándose que no les alcanza para nuevas unidades.

La historia amenaza tercamente con repetirse.

En 2001, la administración de Melquiades Morales aumentó la tarifa a 3 pesos, la cual se mantuvo hasta el final de su mandato, en enero del 2005. Los concesionarios se comprometieron a mejorar su servicio, lo que no ocurrió.

Mario Marín Torres fue el gobernador que mejor trató a los transportistas y algunos de sus funcionarios se convirtieron en empresarios del servicio público, siempre se dijo que en cada alza sería mejor el servicio, lo cual nunca ocurrió.

Primero dio un aumento de 50 centavos en 2005, para subirlo a 5 pesos en 2008, cuando prometieron que los usuarios de la tercera edad seguirían pagando 3.50 y gratis los discapacitados, lo cual no cumplieron.

Antes de concluir su gestión en febrero de 2011, Marín autorizó otra alza de un peso, para dejar la tarifa en 6 para microbuses y camiones y 5.50 para combis, monto que en corto tiempo se generalizó en seis pesos.

Desde 2013, los transportistas pidieron un aumento a 8 pesos, y se cambió la ley para convertirlos en concesionarios y ya no permisionarios, lo que les dio garantías de propiedad y poder conseguir créditos para actualizar sus unidades, la mayoría no paso la revista y la antigüedad de 10 años, pero siguieron circulando con la tolerancia del gobierno.

En 2017, los transportistas pidieron al gobernador panista un incremento a 8 pesos, que fue rechazado, pero les dieron otras facilidades y beneficios, uno de ellos tolerar las unidad de taxi y camionetas “piratas”.

Ante el alza al pasaje que entrará en vigor mañana sábado los concesionarios del transporte público tienen que mejorar sus unidades de inmediato y no esperarse a febrero, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, en lo que coincide la mayoría de la población, en especial los usuarios cotidianos del pésimo servicio.

"Lo que pedimos es que los concesionarios mejoren el transporte, que ofrezcan mayor seguridad, mayor limpieza y capacitación para su choferes", reiteró Alarcón.

Hoy el pasaje en el transporte urbano costará dos pesos y 2.50 más y los dueños del servicio sólo prometieron mejorarlos en un corto plazo, para cuando este se venza reiterarán que no les alcanzaron tiempo ni dinero y se desgarrarán las vestiduras, mientras los usuarios sufrirán todos los días su pésimo servicio a un costo más alto.

Los dueños del transporte van por el aumento y las ganancias líquidas que obtienen todos los días, jamás por dar un mejor servicio. Jamás.

De las anécdotas que se cuentan

Esta semana el Congreso local se vio envuelto en una decisión que no fue sencilla para la mayoría de diputados de Morena, porque son parte de sus compromisos de campaña: legalizar las uniones de personas del mismo sexo y despenalizar el aborto.

En esta historia, hubo un alto personaje de la política local, que no es el gobernador, quien sugirió al diputado Gabriel Biestro, coordinador de la mayoría de la 4T, que deberían esperar mejores tiempos.

Todo, después de las elecciones del 2021.

Las palabras fueron tan convincentes que, sin gritos ni sombrerazos, las tomó en cuenta el diputado.

Las reformas tendrán que esperar.

Mientras, Biestro sigue construyendo su candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

¿Lo conseguirá?

Por ahora, quitó una roca en su camino, aunque sacrificó los compromisos con sus electores.

Es poder, real política, pues.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Los concesionarios del servicio público de transporte de la ciudad de Puebla empezarán a cobrar mañana sábado 12 de octubre, más del 41 por ciento de sus tarifas vigentes hasta hoy, sin mejorar en nada lo que ofrecen,

Lo que es peor, no tienen un plan adecuado para realizarlo en los próximos cuatro meses, cuando venza el plazo al que se comprometieron con el gobierno estatal.

Para febrero, los dueños de las unidades dirán que la tarifa no les alcanzó para invertir e insistirán en otro ajuste y un plazo de gracia para cumplir sus compromisos, lo han hecho siempre, al tiempo.

Están al abordaje de un gobierno que los benefició directamente, sin que ellos hayan aportado nada para conseguirlo, ni siquiera publicidad para su campaña política de este año.

Los dueños de las unidades, algunos con decenas de concesiones y además de las que tienen para prestar el servicio “pirata”, no son damas de la caridad y aunque “lloriqueen” por supuestamente no tener ganancias, ninguno ha quebrado ni tampoco son pobres.

Hasta ahora pierden sus choferes, quienes pagan cuentas exageradas, tienen que cumplir una serie de vueltas, horarios y turnos de hasta 18 horas diarias, sin importar nada, incluso el exceso de pasaje y las altas velocidades, porque los concesionarios no pierden un centavo.

Ellos tienen un rango de utilidades por sus concesiones, reparten migajas a algunos funcionarios y ganan extra con el transporte “pirata”, que ofrecen por todos los rumbos de la ciudad.

Los concesionarios son los beneficiarios directos del aumento al pasaje y seguirán llorando como plañideras, por los rincones, quejándose que no les alcanza para nuevas unidades.

La historia amenaza tercamente con repetirse.

En 2001, la administración de Melquiades Morales aumentó la tarifa a 3 pesos, la cual se mantuvo hasta el final de su mandato, en enero del 2005. Los concesionarios se comprometieron a mejorar su servicio, lo que no ocurrió.

Mario Marín Torres fue el gobernador que mejor trató a los transportistas y algunos de sus funcionarios se convirtieron en empresarios del servicio público, siempre se dijo que en cada alza sería mejor el servicio, lo cual nunca ocurrió.

Primero dio un aumento de 50 centavos en 2005, para subirlo a 5 pesos en 2008, cuando prometieron que los usuarios de la tercera edad seguirían pagando 3.50 y gratis los discapacitados, lo cual no cumplieron.

Antes de concluir su gestión en febrero de 2011, Marín autorizó otra alza de un peso, para dejar la tarifa en 6 para microbuses y camiones y 5.50 para combis, monto que en corto tiempo se generalizó en seis pesos.

Desde 2013, los transportistas pidieron un aumento a 8 pesos, y se cambió la ley para convertirlos en concesionarios y ya no permisionarios, lo que les dio garantías de propiedad y poder conseguir créditos para actualizar sus unidades, la mayoría no paso la revista y la antigüedad de 10 años, pero siguieron circulando con la tolerancia del gobierno.

En 2017, los transportistas pidieron al gobernador panista un incremento a 8 pesos, que fue rechazado, pero les dieron otras facilidades y beneficios, uno de ellos tolerar las unidad de taxi y camionetas “piratas”.

Ante el alza al pasaje que entrará en vigor mañana sábado los concesionarios del transporte público tienen que mejorar sus unidades de inmediato y no esperarse a febrero, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, en lo que coincide la mayoría de la población, en especial los usuarios cotidianos del pésimo servicio.

"Lo que pedimos es que los concesionarios mejoren el transporte, que ofrezcan mayor seguridad, mayor limpieza y capacitación para su choferes", reiteró Alarcón.

Hoy el pasaje en el transporte urbano costará dos pesos y 2.50 más y los dueños del servicio sólo prometieron mejorarlos en un corto plazo, para cuando este se venza reiterarán que no les alcanzaron tiempo ni dinero y se desgarrarán las vestiduras, mientras los usuarios sufrirán todos los días su pésimo servicio a un costo más alto.

Los dueños del transporte van por el aumento y las ganancias líquidas que obtienen todos los días, jamás por dar un mejor servicio. Jamás.

De las anécdotas que se cuentan

Esta semana el Congreso local se vio envuelto en una decisión que no fue sencilla para la mayoría de diputados de Morena, porque son parte de sus compromisos de campaña: legalizar las uniones de personas del mismo sexo y despenalizar el aborto.

En esta historia, hubo un alto personaje de la política local, que no es el gobernador, quien sugirió al diputado Gabriel Biestro, coordinador de la mayoría de la 4T, que deberían esperar mejores tiempos.

Todo, después de las elecciones del 2021.

Las palabras fueron tan convincentes que, sin gritos ni sombrerazos, las tomó en cuenta el diputado.

Las reformas tendrán que esperar.

Mientras, Biestro sigue construyendo su candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

¿Lo conseguirá?

Por ahora, quitó una roca en su camino, aunque sacrificó los compromisos con sus electores.

Es poder, real política, pues.

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