El 14 de diciembre próximo Tony Gali dejará el gobierno del estado y se dará el relevo establecido en la Constitución local.
Es un plazo fatal.
Tal y como marcha hoy el proceso electoral del pasado uno de julio, hay una gobernadora electa y una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado que pide que se revierta el resultado y, por lo tanto, que no proceda la constancia de mayoría emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.
El escenario por el que pugna el morenovallismo, fuerza dominante que actualmente ocupa el gobierno poblano, es por la decisión que confirme y reconozca como legal y legítimo el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo.
Enfrenta el litigio con los mejores despachos mexicanos especializados en derecho electoral y hay confianza en que ganarán en las instancias local y federal, por lo que preparan todo para la transición y la toma de protesta de Martha Erika para el 14 de diciembre próximo.
Como todo es política al fin y al cabo, Rafael Moreno Valle personalmente cabildea para que el resultado le favorezca a su grupo, no quiere sorpresas.
La realidad es que el escenario de la anulación de la elección de gobernador existe y obedece más a términos de interpretación constitucional y de las leyes electorales por la violencia suscitada el uno de julio en por lo menos 70 casillas, hechos que consideran inhibieron el derecho constitucional a votar en el último tercio de la jornada, y el numero de votos anulados, que es superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar.
Si los magistrados actúan con criterios constitucionales para evitar una confrontación con Morena, pueden tomar ese camino y ordenar una elección extraordinaria.
El Movimiento Regeneración Nacional apuesta por la anulación de la elección del uno de julio y a ir a un nuevo proceso, en el que confían ganar.
Luis Miguel Barbosa no dejó dudas ayer. Aal reunirse con empresarios poblanos ratificó que Juntos Haremos Historia impugnó en tiempo y forma el proceso de elección a gobernador ante el Instituto Electoral del Estado, pero “no espero justicia de la autoridad responsable en Puebla”.
Estableció que son hasta 45 días los que hay que esperar para que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, como la autoridad jurisdiccional, emita una resolución.
Apuesta a que el tribunal convalidará el resultado avalado por el Instituto Estatal, por lo que adelantó que interpondrán otra impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tienen la confianza de que será la justicia federal la que anule la elección de gobernación en Puebla.
Con base en sus tiempos, esperan que en octubre salga la resolución para que se pueda realizar una elección extraordinaria en enero de 2019, para lo cual pedirán que el proceso sea organizado y operado por el Instituto Nacional Electoral de manera directa y no descartó que el Congreso Local, con mayoría morenista, designe a un gobernador interino que reciba el puesto que deja Gali el 14 de diciembre.
Hay un tercer escenario, remoto pero posible.
Jurídica y políticamente el Tribunal Electoral del Estado puede proceder a anular la elección a gobernador.
Morena lo considera imposible por su vinculación con el morenovallismo, pero si lo hace no tendrían más que reconocer la independencia de los magistrados y acatar su decisión.
En ese caso el resultado saldría antes de septiembre y la actual legislatura, con mayoría morenovallista, designaría al gobernador interino y correspondería al Instituto Electoral del Estado organizar el proceso y no al INE, como demandan Barbosa y sus seguidores.
Los escenarios son ratificación de la gobernadora electa para que rinda protesta el 14 de diciembre o anulación, ya sea por el Tribunal Estatal o el Federal, para repetir en las primeras semanas del próximo año una nueva elección de gobernador en Puebla.
Ese es el estatus actual del proceso en el que están involucrados todos los actores políticos poblanos.
La batalla por Puebla continuará.
De las anécdotas que se cuentan
Aquella noche de noviembre de 1983 la decisión estaba tomada.
El gobernador, Guillermo Jiménez Morales, ordenó a sus operadores que se anularía la elección de presidente municipal en Puebla.
El panista Ricardo Villa Escalera consiguió una extraordinaria votación y apoyo popular que pusieron en riesgo la victoria del priista Jorge Murad, a la postre alcalde impugnado de la capital.
Eran los tiempos en que el gobierno organizaba las elecciones; los tiempos del partido casi único, el PRI.
Desde la federación el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, presionaba a Jiménez Morales, su rival político, para que anulara la elección.
El camino parecía único e inminente: un proceso extraordinario en 1984.
Al final de aquella junta el coordinador de la campaña del profesor Murad, Melquiades Morales, esperó a Jiménez Morales para advertirle: “gobernador que anula, se anula”.
La respuesta fue inmediata.
-¿Tú te encargas de que gane Murad? -preguntó el inquilino de Casa Puebla.
-Sí -fue la respuesta del político y conocido operador electoral, más tarde gobernador.
No se anularon las elecciones; siguieron semanas de turbulencia hasta que tomó posesión el 15 de febrero de 1984 Jorge Murad, quien al final, con una muerte trágica, se convirtió en uno de los mejores presidentes municipales de Puebla.
La anulación ronda nuevamente la política local, solo que ahora no la decide el gobernador en turno ni los operadores electorales.
Los tiempos cambiaron.
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