/ domingo 12 de agosto de 2018

Tu derecho es mi derecho

“El sufrimiento de unos puede ser provocado por la ambición de otros”

-Madre Teresa de Calcuta-


Amables lectores, les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión quiero referirme a una columna que varios diarios nacionales cubrieron a lo largo de la semana, una nueva forma de explotación sexual denominada Etno-porno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; etno significa “pueblo o raza” y porno deriva de pornografía que significa; “presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación”.

En esta nueva modalidad de explotación sexual las protagonistas son mujeres que pertenecen a grupos étnicos del Estado de Chiapas, que son videograbadas teniendo relaciones sexuales o insinuando servicios sexuales.

Esta es una variante más de trata de personas, que debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas.

La trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están sujetas. En todas las sociedades, en mayor o menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos humanos y/o a sus derechos económicos en los lugares de origen. En general, las mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de género en la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y una representación desproporcionada en los sectores informales de empleo. Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad, así como una enorme inseguridad económica.

Los factores que han contribuido tanto a propiciar como a agudizar este delito se encuentran: en el crecimiento demográfico, la violencia social, la desigualdad de género, la inestabilidad política, los conflictos de carácter étnico o religioso, el ejercicio autoritario del poder, la tecnificación de la agricultura y, muy especialmente, la desigualdad y la pobreza.

Nuestros gobiernos deben generar más políticas públicas encaminadas a reducir las brechas de desigualdad de los grupos vulnerables de nuestra sociedad y de nuestras comunidades indígenas.

Los gobiernos entrantes deben enfocar sus esfuerzos en generar fuentes de empleo para combatir la pobreza y multiplicar los recursos que se destinan a la educación.


*Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios, profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., y es director del Bufete Jurídico “Pinto y Asociados” S.C.

Comentarios:jorgepinto_9@hotmail.com / Twitter: @apjorge/ facebook: Jorge Pinto

“El sufrimiento de unos puede ser provocado por la ambición de otros”

-Madre Teresa de Calcuta-


Amables lectores, les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión quiero referirme a una columna que varios diarios nacionales cubrieron a lo largo de la semana, una nueva forma de explotación sexual denominada Etno-porno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; etno significa “pueblo o raza” y porno deriva de pornografía que significa; “presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación”.

En esta nueva modalidad de explotación sexual las protagonistas son mujeres que pertenecen a grupos étnicos del Estado de Chiapas, que son videograbadas teniendo relaciones sexuales o insinuando servicios sexuales.

Esta es una variante más de trata de personas, que debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas.

La trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están sujetas. En todas las sociedades, en mayor o menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos humanos y/o a sus derechos económicos en los lugares de origen. En general, las mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de género en la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y una representación desproporcionada en los sectores informales de empleo. Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad, así como una enorme inseguridad económica.

Los factores que han contribuido tanto a propiciar como a agudizar este delito se encuentran: en el crecimiento demográfico, la violencia social, la desigualdad de género, la inestabilidad política, los conflictos de carácter étnico o religioso, el ejercicio autoritario del poder, la tecnificación de la agricultura y, muy especialmente, la desigualdad y la pobreza.

Nuestros gobiernos deben generar más políticas públicas encaminadas a reducir las brechas de desigualdad de los grupos vulnerables de nuestra sociedad y de nuestras comunidades indígenas.

Los gobiernos entrantes deben enfocar sus esfuerzos en generar fuentes de empleo para combatir la pobreza y multiplicar los recursos que se destinan a la educación.


*Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios, profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., y es director del Bufete Jurídico “Pinto y Asociados” S.C.

Comentarios:jorgepinto_9@hotmail.com / Twitter: @apjorge/ facebook: Jorge Pinto