/ viernes 16 de junio de 2023

Visión Revolucionaria | Sigamos legislando para garantizar una vida libre de violencia

Este martes en la sede del Congreso de Puebla se realizó el segundo foro sobre la Ley Ácida, misma que aprobamos el pasado 2 de marzo, con la participación de la sociedad civil y la suma de esfuerzos de diputadas y diputados de diversos grupos legislativos.

Si bien se lograron avances para reconocer en nuestro marco jurídico local, este terrible tipo de violencia extrema, aún existen áreas de oportunidad, para proteger de manera integral a las víctimas.

En dicho foro participaron mujeres que han luchado por muchos años para que sus casos no queden impunes, como la presidenta de la Fundación que tiene el mismo nombre, Carmen Sánchez, quien tras casi una década de espera, logró que su agresor obtuviera una sentencia histórica de 46 años de prisión.

También asistieron Esmeralda Millán y Leslie Moreno, poblanas sobrevivientes e impulsoras de las reformas en la materia, quienes siguen en espera de justicia por parte de las autoridades locales.

La Ley Ácida fue pionera en México y un referente en América Latina, donde también han ocurrido varios casos que siguen impunes.

Natalia Ponce, colombiana sobreviviente, activista y creadora de la Fundación Natalia Ponce de León, fue una de las panelistas, quien dio a conocer la experiencia en su país y cómo lamentablemente es de las naciones en las que ocurren más ataques en el mundo, así como los mecanismos de protección y prevención, mismos que son insuficientes.

Como moderadora, se contó con la presencia de Ximena Canseco, activista feminista e investigadora, cofundadora y vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez MX, quien reveló datos escalofriantes sobre este tipo de agresiones que colocan a Puebla en tercer lugar nacional con más casos, detrás de la Ciudad de México y el Estado de México.

La Ley Ácida que fue aprobada en Puebla, reformó la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal del Estado para que las personas que cometen una agresión con sustancias corrosivas, inflamables, irritantes, cáusticas o tóxicas sean juzgadas como tentativa de feminicidio, por lo que la pena podría ir hasta los 40 años de prisión.

Además existen multas económicas rigurosas. Todas estas medidas intentan inhibir este comportamiento agresivo.

Durante este foro que congregó a diputadas y diputados, presidentas y presidentes municipales, regidoras, activistas, mujeres líderes, así como amigas y amigos de la causa; se dio a conocer que más de la mitad de los agresores son las parejas o exparejas sentimentales, y que la mayoría de víctimas tiene entre 20 y 30 años de edad, lo cual las deja vulnerables y dañadas por muchas décadas.

Uno de los principales problemas que existen para quienes han sufrido este terrible delito es la reparación del daño, la mayoría ha tenido que recurrir a fundaciones o a la iniciativa privada para costear las cirugías reconstructivas, como Carmen Sánchez, quien se ha realizado a la fecha 65 intervenciones quirúrgicas, sólo cuatro fueron costeadas por el Gobierno.

Es por ello que en los próximos días estaré presentando una iniciativa con la experiencia que me llevo de este segundo foro, para modificar la Ley de Salud, con la finalidad de que el Estado poblano atienda de manera integral a estas mujeres sobrevivientes con ácido y reciban la atención requerida.

¡Sigamos legislando para garantizar una vida libre de violencia!


Este martes en la sede del Congreso de Puebla se realizó el segundo foro sobre la Ley Ácida, misma que aprobamos el pasado 2 de marzo, con la participación de la sociedad civil y la suma de esfuerzos de diputadas y diputados de diversos grupos legislativos.

Si bien se lograron avances para reconocer en nuestro marco jurídico local, este terrible tipo de violencia extrema, aún existen áreas de oportunidad, para proteger de manera integral a las víctimas.

En dicho foro participaron mujeres que han luchado por muchos años para que sus casos no queden impunes, como la presidenta de la Fundación que tiene el mismo nombre, Carmen Sánchez, quien tras casi una década de espera, logró que su agresor obtuviera una sentencia histórica de 46 años de prisión.

También asistieron Esmeralda Millán y Leslie Moreno, poblanas sobrevivientes e impulsoras de las reformas en la materia, quienes siguen en espera de justicia por parte de las autoridades locales.

La Ley Ácida fue pionera en México y un referente en América Latina, donde también han ocurrido varios casos que siguen impunes.

Natalia Ponce, colombiana sobreviviente, activista y creadora de la Fundación Natalia Ponce de León, fue una de las panelistas, quien dio a conocer la experiencia en su país y cómo lamentablemente es de las naciones en las que ocurren más ataques en el mundo, así como los mecanismos de protección y prevención, mismos que son insuficientes.

Como moderadora, se contó con la presencia de Ximena Canseco, activista feminista e investigadora, cofundadora y vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez MX, quien reveló datos escalofriantes sobre este tipo de agresiones que colocan a Puebla en tercer lugar nacional con más casos, detrás de la Ciudad de México y el Estado de México.

La Ley Ácida que fue aprobada en Puebla, reformó la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal del Estado para que las personas que cometen una agresión con sustancias corrosivas, inflamables, irritantes, cáusticas o tóxicas sean juzgadas como tentativa de feminicidio, por lo que la pena podría ir hasta los 40 años de prisión.

Además existen multas económicas rigurosas. Todas estas medidas intentan inhibir este comportamiento agresivo.

Durante este foro que congregó a diputadas y diputados, presidentas y presidentes municipales, regidoras, activistas, mujeres líderes, así como amigas y amigos de la causa; se dio a conocer que más de la mitad de los agresores son las parejas o exparejas sentimentales, y que la mayoría de víctimas tiene entre 20 y 30 años de edad, lo cual las deja vulnerables y dañadas por muchas décadas.

Uno de los principales problemas que existen para quienes han sufrido este terrible delito es la reparación del daño, la mayoría ha tenido que recurrir a fundaciones o a la iniciativa privada para costear las cirugías reconstructivas, como Carmen Sánchez, quien se ha realizado a la fecha 65 intervenciones quirúrgicas, sólo cuatro fueron costeadas por el Gobierno.

Es por ello que en los próximos días estaré presentando una iniciativa con la experiencia que me llevo de este segundo foro, para modificar la Ley de Salud, con la finalidad de que el Estado poblano atienda de manera integral a estas mujeres sobrevivientes con ácido y reciban la atención requerida.

¡Sigamos legislando para garantizar una vida libre de violencia!