Como es de todos conocido, la vivienda en México es uno de los principales problemas económicos y sociales. El 75% del uso del suelo corresponde a vivienda. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la vivienda es uno de los principales activos que forman parte del patrimonio de las familias, además de que la mayor parte de la población no tiene acceso a financiamientos que les permitan adquirir una vivienda.
La Política Nacional Urbana y de Vivienda se enfoca en facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como se establece en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el 2017 Puebla, Querétaro y Guadalajara activaron planes para consolidarse como zonas metropolitanas resilentes, sustentables, incluyentes y seguras. En nuestro estado, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) destinó cerca de 200 millones de pesos en subsidios para la construcción de viviendas en 2017, y se creó la Comisión Estatal de Vivienda destinada a atender a quienes viven en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de agilizar los trámites de crédito para viviendas en el estado. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se propuso como meta entregar 9 mil créditos en 2017, sin embargo, la Sociedad Hipotecaria Federal ubicó a Puebla entre las 10 entidades federativas más caras para adquirir vivienda por medio de financiamiento.
FOVISSSTE informó que para 2018 se inscribieron un total de 71 mil trabajadoras y trabajadores a nivel nacional para tener acceso al crédito tradicional, con un mayor número de mujeres que de hombres; de acuerdo con la dependencia. Sin embargo, pareciera que los programas impulsados por el gobierno para darle la posibilidad a los poblanos de adquirir una vivienda son inoperantes o no están dando los resultados prometidos.
Si nos alejamos de las zonas conurbadas, es notorio que los proyectos para la construcción de viviendas dignas y mejoramiento urbano son prácticamente inexistentes. Las casas y las calles de las poblaciones que no están en lugares estratégicamente posicionados por su industria y por su alto poder adquisitivo se encuentran en situación de abandono.
Como es una constante, la realidad es que las personas más pobres tienen mínimas posibilidades de ser beneficiarias de un crédito para adquirir una vivienda nueva o mejorar la que tienen. Por lo tanto, resulta indispensable transparentar todos los recursos destinados a las dependencias, como la CONAVI, la SEDATU, Infonavit, FOVISSSTE y la Comisión Estatal para la Vivienda del Gobierno de Puebla.
Debería pensarse en hacer una revisión exhaustiva de todos los contratos de las dependencias con las constructoras para evitar cualquier posibilidad de “moches” y de corrupción en las adquisiciones. Se deben transparentar las cuentas y hacer una revisión de todos los proyectos de construcción. Replantearlos y darles más facilidades a las personas más vulnerables para que puedan adquirir un crédito.
Sería importante hacer proyectos sustentables, en coordinación con la sociedad y las comunidades originarias, armónicos con el medio ambiente, que cuenten con los servicios necesarios para una vivienda digna como agua, luz, gas, calles pavimentadas e iluminadas y con accesos a transporte seguro.
Se trataría también de priorizar a las empresas mexicanas para su aplicación y en particular, a las poblanas, y generar mayores índices de empleo bien remunerados para su aplicación. Debemos aspirar a que todos los poblanos tengan las mismas oportunidades. Tenemos que lograr la igualdad y la prosperidad. Nuestra gente lo merece, luchar por Puebla lo vale.
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*Candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia.
