En buena medida, San Martín Texmelucan es fiel reflejo de lo que ha venido ocurriendo, cada vez con más frecuencia, en otras latitudes del país.
Aunque hay que dilucidar todavía buena parte de esta historia, existen elementos para suponer que ahí han confluido negligencia, omisión y hasta, en el peor de los casos, una posible colusión de la autoridad con grupos delincuenciales.
Como es sabido, mediante la emisión de un decreto el gobierno estatal asumió la semana pasada el mando de seguridad en ese municipio, decisión extrema y obligada ante el notorio y descarado incremento de los índices delictivos tras el asentamiento en esa región de bandas criminales.
Tras el operativo se acreditó que, al menos 127 elementos del cuerpo policíaco, estaban operando de manera irregular mediante nombramientos por escrito del alcalde Rafael Núñez Ramírez.
Sin estar capacitados ni registrados como se exige en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dichos policías actuaban, además, con licencias apócrifas para portar armas de fuego, y de ahí la sospecha de que pudieran estar infiltrados en el crimen organizado.
Este fin de semana la autoridad judicial resolvió prisión preventiva para los policías que fueron detenidos por usurpación de funciones, en tanto que dos oficiales de alto rango deberán responder a los cargos de abuso de autoridad y cohecho.
Estos hechos dan oportunidad de ponderar, una vez más, que los altos índices de delincuencia en el país obedecen a que algunos niveles de gobierno no están cumpliendo cabalmente con el mandato que los llevó al poder, ni tampoco con su responsabilidad moral y ética.
Eso explica, definitivamente, el crecimiento inusitado de las ramificaciones de los grupos delictivos en el país y las estratosféricas cifras de hechos violentos y de criminalidad que han derivado en una preocupante descomposición social.
Informes oficiales reportan que el primer trimestre de este año ha sido el más violento en la historia reciente de México. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado 7 mil 667 víctimas de homicidio doloso; un promedio de 85 asesinatos por día, de los cuales siete de cada 10 víctimas fueron atacadas con armas de fuego.
Aunque de manera incipiente, San Martín Texmelucan ya es parte de esa estadística a partir de que ahí se han refugiado células delictivas dedicadas al robo de combustible y a la extorsión.
Entre otros hechos violentos, entre marzo y abril pasados aparecieron nueve cuerpos desmembrados y dos narcomantas con mensajes firmados por una organización delictiva con tentáculos en amplias zonas del país.
Afortunadamente el gobierno estatal ha mostrado no solo voluntad y mano dura para enfrentar a los grupos delincuenciales, sino capacidad y absoluta coordinación con las fuerzas federales, especialmente en el caso de la lucha contra el robo de combustible.
Eso no ocurre, por desgracia, en otras entidades donde ha prevalecido, como asentaba líneas arriba, o bien negligencia y omisión, o incluso una descarada colusión de la autoridad con los criminales.
Bajo tales premisas, la intervención estatal en San Martín Texmelucan fue no solo acertada, sino puntual.
Es tiempo de que cada quien haga su parte y que, si fuera el caso, se sancione con rigor a los infractores.
Y hacerlo con celeridad, antes de que sea demasiado tarde.
