La problemática social se ve envuelta por la pobreza, el bajo nivel educativo y de salud, que, aunada a la marginación social, determinan la dificultad para alcanzar el bienestar social, el cual afecta a una gran cantidad de países, dentro de los cuales se incluye el nuestro.
Ante esta realidad, como contribuir para atenuar las manifestaciones sociales, que en los últimos días se han venido suscitando principalmente en la ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país; donde, ciudadanos estudiantes y organizaciones sociales e incluso empresariales, demandan claridad, certeza, seguridad pública, laboral, jurídica y laboral; por parte del Estado Mexicano.
Se debe tener presente que la desigualdad trae como consecuencia la inconformidad, la cual se manifiesta a través de protestas y conflictos por las personas afectadas, así como por diversos movimientos, que lo que buscan es el reconocimiento de sus derechos humanos básicos o fundamentales.
Los actos vandálicos no son nuevos, y se cometen precisamente en fechas donde se conmemoran acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país, en estas fechas la mayoría de los gobiernos no han tenido la capacidad de mantener el orden y, por el contario han pisoteado los derechos ciudadanos.
En los últimos acontecimientos, el derecho al libre tránsito es interrumpido, se ha vandalizado y algo insólito, se ha dañado al patrimonio histórico de México el cual también es patrimonio mundial.
El señalamiento del actual gobierno a la guardia nacional y al ejercito es que no se debe reprimir y que hay que aguantar, ante ello se ha perdido legitimidad, pero y entonces que hacer ante el atropello a los derechos ciudadanos
Recientemente se han venido cometiendo delitos graves. “Se robaron autobuses –en terminales, pero también en plena carretera, donde fueron bajados los pasajeros, abandonándolos en descampado– y se privó de la libertad a los operadores. De que estos normalistas están por encima de la ley y han actuado al margen de ella, no hay duda”.
Sin embargo ante el origen de las manifestaciones, de sus actores y de las demandas que en la mayoría de los casos son legítimas, y que tienen que atenderse por el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, al tiempo de ser controladas para no afectar los derechos de la mayoría de los habitantes, se debe recurrir al uso legítimo de la fuerza para la preservación del orden público.
Si el gobierno no actúa con firmeza en el marco de la ley y la preservación de las garantías constitucionales frente a estos ilícitos, la percepción ciudadana señala que hay dos tipos de justicia en el actual gobierno, una para los aliados del gobierno y los grupos que delinquen con el pretexto de causas sociales y otra para todos los demás. Lo cual es verdaderamente reprobable y lamentable.
El problema a dirimirse, para quien hoy ocupa el poder institucional y gubernamental, es saber con certeza, el cómo lograr esa transformación social y política, ante el inevitable cambio, el cual se menciona durante cada mañana, pero al parecer esta alternativa a desarrollar, por las acciones que se vienen emprendiendo, se vislumbran complicadas y restrictivas al pensamiento crítico.
Lo que debe quedar claro es que no se trata solo de desafiar las acciones emprendidas, pero lo que se precisa es generar espacios de autonomía frente a la capacidad de las instituciones y de las organizaciones; sin duda se tiene que reforzar la autonomía de los actores sociales y no sólo a las instituciones.
Lo importante es reforzar y consolidar el debate ante los problemas y movimientos que suceden, es importante considerar que estamos ante problemas de cambio estructural.
Y por lo tanto, no se trata sólo de hablar de transformación, sino de aplicar distintas formas de convivencia; lo relevante no está solo en diseñar buenas políticas para resolver los problemas de la gente desde una posición jerárquica de poder, sino implica la inclusión social, en la definición de los puntos problemáticos y en el desarrollo de las alternativas que puedan buscarse, aceptando que el conocimiento es plural y las políticas deben evaluarse con rigor y mediante acuerdos, para que surtan efectos positivos a todos los habitantes del país.
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