Entre las muchas expectativas que ha generado el arribo del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador destaca la relacionada con los medios de comunicación.
Es evidente que, como en otros muchos ámbitos, la relación institucional del Gobierno Federal con la prensa no será igual, ni siquiera parecida a la que ha prevalecido durante las recientes décadas.
Si bien cada gobernante ha impuesto su estilo y sus matices, el eje rector ha sido muy similar, especialmente en lo que se refiere a la publicidad oficial: privilegios para los grandes consorcios, especialmente los televisivos, buenos arreglos comerciales para la llamada “prensa amiga” y absoluto desdeño e intolerancia hacia medios críticos, especialmente impresos, y recientemente algunos digitales.
Esa discrecionalidad y opacidad en el manejo de recursos quedó evidenciada desde que el propio López Portillo advirtiera que “… no pago para que me peguen”, en alusión a una revista que cada semana publicaba amplios reportajes sobre la corrupción que imperó durante su mandato.
Son ahora otros tiempos, incluso los medios parecen haber accedido a una nueva dinámica, impulsados en buena medida por la vertiginosidad de las redes sociales, pero aun así se mantienen las dudas sobre lo que habrá de venir.
No hay muchos indicios para hacer vaticinios, pero quedan claras al menos dos vertientes.
Una es que, en apego a su política de ajustes y de austeridad, López Obrador anunció ya que se reducirán hasta en un 50 por ciento las partidas presupuestales para la publicidad gubernamental, lo que significaría un “ahorro” de casi 2 mil millones de pesos al año.
La otra medida, menos razonable a primera vista, es la determinación de eliminar las áreas de prensa de todas las dependencias federales para centralizar las tareas de comunicación en una sola oficina desde la presidencia de la república.
Cuesta mucho trabajo imaginar cómo una sola dependencia podrá operar toda la comunicación gubernamental, sobre todo si se toma en cuenta lo disímbolo de la información y, aún más, si se considera la disgregación que habrá al desconcentrar varias secretarías al interior del país.
A este respecto ya varias organizaciones civiles han expresado su preocupación bajo el argumento de que esa probable centralización del gasto en comunicación social “podría ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva”.
Más allá de estas consideraciones, que son altamente relevantes, habrá que esperar entonces cuáles serán los criterios que el nuevo Gobierno Federal tomará como referentes en su relación comercial con los medios.
En este sentido existen ya pronunciamientos para que sea derogada la recién aprobada Ley General de Comunicación Social y que en teoría deberá entrar en vigor el primero de enero de 2019.
El reclamo es que para la asignación publicitaria esta no solo se otorgue de manera transparente sino también en forma equitativa y que sean considerados por igual los grandes consorcios y las empresas medianas y pequeñas que ejercen un periodismo de calidad.
Profesionales de la comunicación han insistido que a los criterios de rating y tiraje se incluyan también otros elementos igual de importantes, como los contenidos y el verdadero impacto social de los medios, esto a nivel nacional y regional.
El propósito, a final de cuentas, es que las publicaciones críticas e independientes también sean consideradas en el otorgamiento de espacios publicitarios y no solo aquellas afines o las que se presten a la simulación o hasta al silencio.
En general hay coincidencia en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista en la publicidad oficial y en la relevancia de que el Estado garantice, sin restricciones, la libertad de expresión, de prensa y de información.
Valores como la tolerancia, transparencia, equidad y legalidad deben prevalecer por sobre todas las cosas.
Ya veremos cuánto se avanza en estas materias, tan indispensables en una sociedad que aspira a ser libre y democrática.
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