/ miércoles 17 de enero de 2018

CNDH confirma omisión de justicia en Puebla tras linchamiento de dos encuestadores en 2015

Por la omisión de actuación de las autoridadesmunicipales y estatales en el linchamiento de dos hermanos porpobladores de Ajalpan, Puebla, la Comisión Nacional de losDerechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación alGobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a losintegrantes del Ayuntamiento de ese municipio.

De acuerdo a los hechos, el 19 de octubre de 2015, amboshermanos, que laboraban en una empresa encuestadora, realizaban unestudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla demaíz en el municipio de Ajalpan; esta actividad resultósospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron lapresencia de la Policía Municipal.

No obstante, la  actitud de los pobladores se tornóviolenta, manifestando su intención en lincharlos, por lo quelos jóvenes fueron trasladados en una patrulla a lacomandancia que se encuentra en el Palacio Municipal, a la esperadel arribo del supervisor de la compañía.

Se esparció el rumor de que se trataban de“secuestradores de niños”, por lo que la turbaingresó a la comandancia en busca de los agraviados, quienesfueron llevados por los policías a la azotea, hasta dondellegaron los pobladores que los bajaron para golpearlos y,finalmente, prenderles fuego. En el evento también resultaronpolicías lesionados, robo de armamento oficial y daños ala presidencia municipal.

credenciales.jpeg 

La CNDH indicó que familiares de los agraviadospresentarían queja ante la CNDH por la omisión delGobierno Estatal en brindar seguridad a las víctimas y lafalta de indemnización.

El Organismo Nacional constató la omisión de laautoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones deseguridad pública de municipios aledaños y a laPolicía Estatal, desde el momento en que se tuvo conocimientode la intención de la población que se aglomeraba alexterior de la comandancia para linchar a los dos hombres.

Además de no adoptar a tiempo las medidas necesarias ypertinentes para la protección de las víctimas,permitiendo el ingreso y permanencia en las instalacionesmunicipales de personas que alteraron el orden público.

Por la omisión de actuación de las autoridadesmunicipales y estatales en el linchamiento de dos hermanos porpobladores de Ajalpan, Puebla, la Comisión Nacional de losDerechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación alGobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a losintegrantes del Ayuntamiento de ese municipio.

De acuerdo a los hechos, el 19 de octubre de 2015, amboshermanos, que laboraban en una empresa encuestadora, realizaban unestudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla demaíz en el municipio de Ajalpan; esta actividad resultósospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron lapresencia de la Policía Municipal.

No obstante, la  actitud de los pobladores se tornóviolenta, manifestando su intención en lincharlos, por lo quelos jóvenes fueron trasladados en una patrulla a lacomandancia que se encuentra en el Palacio Municipal, a la esperadel arribo del supervisor de la compañía.

Se esparció el rumor de que se trataban de“secuestradores de niños”, por lo que la turbaingresó a la comandancia en busca de los agraviados, quienesfueron llevados por los policías a la azotea, hasta dondellegaron los pobladores que los bajaron para golpearlos y,finalmente, prenderles fuego. En el evento también resultaronpolicías lesionados, robo de armamento oficial y daños ala presidencia municipal.

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La CNDH indicó que familiares de los agraviadospresentarían queja ante la CNDH por la omisión delGobierno Estatal en brindar seguridad a las víctimas y lafalta de indemnización.

El Organismo Nacional constató la omisión de laautoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones deseguridad pública de municipios aledaños y a laPolicía Estatal, desde el momento en que se tuvo conocimientode la intención de la población que se aglomeraba alexterior de la comandancia para linchar a los dos hombres.

Además de no adoptar a tiempo las medidas necesarias ypertinentes para la protección de las víctimas,permitiendo el ingreso y permanencia en las instalacionesmunicipales de personas que alteraron el orden público.

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