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Una alianza de gobierno federal con las administraciones estatales de Puebla y Tlaxcala, así como varios ayuntamientos, podría darle consistencia al anuncio que ha hecho ayer el gobernador José Antonio Gali Fayad: incrementar sanciones en contra de las ocho mil empresas que actualmente contaminan el río Atoyac.

Suena complejo, por no decir que imposible, pero no lo es.

Con la voluntad política de las partes involucradas, lo que no ha ocurrido en el pasado, sí es posible concretar esta previsión que ha puesto sobre la mesa el gobernador de Puebla.

Entre esas ocho mil empresas, explicó Gali, hay principalmente fábricas, pero también universidades, hospitales, centros de abasto y mercados.

Todas descargan sus aguas residuales en el afluente del Atoyac, y aunque se supone que deberían contar con plantas tratadoras modernas y eficientes para impedir la contaminación del río, no las tienen, no las ponen a andar o las tienen descompuestas.

Esas es la realidad del Atoyac, un río que durante años ha consumido millones de pesos en programas de saneamiento que no han rendido los resultados deseados.

Y no los han rendido precisamente porque las fuentes de contaminación siguen abiertas, lanzando millones de metros cúbicos de aguas residuales.

Por eso es relevante el anuncio hecho por el mandatario.

Esperemos que esta vez sí se concrete.

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Los habitantes de las colonias La Guadalupana y Santa Catarina, de San Francisco Totimehuacan, están muy molestos. Y tienen razón.

Resulta que la avenida La Libertad, que fue rehabilitada en la administración municipal del panista Eduardo Rivera Pérez, ha vuelto a quedar echa un desastre.

Vecinos de esas dos unidades habitacionales le piden al ayuntamiento que corrija los problemas que padecen en esta importante arteria, la única con la que cuentan para comunicarse con el mundo exterior, tanto en dirección al poniente, con la carretera a Valsequillo, como al oriente, con la vialidad que conduce al relleno sanitario en el cruce con el Periférico.

La pavimentación de la vialidad quedó inconclusa por un problema de posesión de tierras con empresarios de la familia Solana, que no quisieron ceder una parte de su propiedad para beneficio de los habitantes de la zona, lo que ha generado que unos tramos sean de dos carriles y otros de una sola vía.

Lo que se pavimentó hace más de tres años hoy se encuentra deteriorado.

Aunado a eso, la inseguridad por falta de alumbrado público ha hecho de los transeúntes las principales víctimas.

La gente que habita en esa zona de la ciudad reconoce las obras que se han hecho en otros sitios, pero demanda de manera urgente ser atendida.

“Nos toca”, afirman.

A ver si les hacen caso.

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Un dato que debe alertar y ocupar a las autoridades y a las familias en general:

Durante enero y febrero del presenta año, Puebla registró un repunte del 60 por ciento en casos de desnutrición en sus tres tipos: leve, moderada y severa, con un total de mil 396 notificaciones.

La fuente es la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

Es decir, el repunte es cierto.

El llamado es para las autoridades, que son las que implementan políticas públicas para tratar de llevar alimentos a los rincones del territorio donde habitan las familias en mayores condiciones de pobreza, pero también a los ciudadanos.

Por qué.

Porque hoy en día la desnutrición no está relacionada solo con tener o no para comer, sino con lo que se come.

Es decir, hay mucha gente que come en cantidades suficientes pero con una mala calidad de alimentación, lo que se traduce en sobrepeso y obesidad.

Por tanto, la responsabilidad es compartida.