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Ahora que se sabe que una de las seis gasolineras sobre las que Petróleos Mexicanos y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) reportaron el inicio de procesos de suspensión, es propiedad del presidente municipal de Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado y que la causa por la que se realizó la investigación es por vender gasolina sin tener el contrato vigente correspondiente con la petrolera, bien vale hacer algunas precisiones.

Nos comentan que el hecho de que la estación despachadora de combustible, propiedad del munícipe, fuera incluida en una acción pensada exclusivamente para despachadoras del llamado Triángulo Rojo, no fue producto de una acción previamente planeada o una investigación preliminar.

En realidad fue producto de la casualidad, así como lo lee.

Resulta que cuando unidades de Petróleos Mexicanos que participarían en el operativo del martes, focalizado en cinco gasolineras de Quecholac, Tecamachalco, Huixcolotla, y Palmar de Bravo, circulaban sobre la autopista Amozoc – Teziutlán se percataron de una irregularidad.

A la altura del kilómetro 99 vieron que en la estación de servicio 8615 había una pipa descargando combustible, cuando esa franquicia carecía de los debidos permisos por lo que la inferencia inmediata hacía suponer una irregularidad.

De ahí que el convoy decidiera improvisar una escala en su operativo, logrando constatar la doble irregularidad: el abasto de combustible a las cisternas de esa gasolinera, impedida para almacenar y despachar gasolina; y la incapacidad del personal que laboraba en el lugar para acreditar la legal procedencia del producto.

Así que una mera casualidad le jugó, de entrada, las contras a José Luis Rechy; falta ver lo que determina el Ministerio Público.

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Tiene razón la presidenta de la comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de Puebla, Guadalupe Arrubarrena, cuando insiste en que los ciudadanos deben denunciar los delitos para que no haya impunidad.

También cuando señala que por la resistencia de los usuarios a solicitar el acompañamiento bancario, casi a diario hay robos a cuentahabientes.

Sin embargo, la realidad que viven los poblanos dice otra cosa.

¿Cuántas veces las personas afectadas por un robo, digamos, en la calle, desisten de su intento por denunciar, cuando los encargados de hacer justicia les hacen perder horas y horas para interponer la queja, o incluso los tratan como si fueran los mismos delincuentes?

O también expongamos el hecho de que en la mayor parte de los robos a clientes de bancos, se sospecha que empleados de las sucursales están coludidos con los ladrones. Y que esta línea de investigación, tan evidente, nunca ha sido tomada en serio por las autoridades.

El asunto no solo es importante para el seguimiento de estadísticas, sino es la seguridad misma de la gente.

Que no se pierda de vista eso.

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Adán Domínguez Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, confesó que la estrategia de promoción para fomentar el uso de la bicicleta en la capital poblana no ha dado los resultados que se deseaban.

Y es que el proyecto, a cargo de la empresa Cycloshare, se está manejando como sistema recreativo en lugar de transporte diario.

Además, no es solo un tema de poner las bicicletas en las estaciones y ya, sino hay que gestionar y proyectar adecuadamente el servicio, ya que el usuario es un cliente que paga una membresía, no el beneficiario de una obra pública.

La adecuada sinergia entre dicha empresa y el ayuntamiento capitalino, redundará en el éxito del sistema.