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Menos impuestos

  • En Punto

 

por Héctor Farina Ojeda*

La idea de reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas físicas en 2018 para contrarrestar los efectos de la inflación es una muestra de la imperiosa necesidad de atender los requerimientos de una población que ha venido perdiendo en forma permanente su poder adquisitivo. En otras palabras, se busca que mediante una reducción en el cobro de los impuestos se pueda compensar -en cierta medida- la suba de precios de los productos de consumo básico y el consecuente encarecimiento del costo de vida. Como los precios subieron en mayor proporción que los salarios -lo que sucede desde hace décadas- se pretende que si las personas pagan menos impuestos, dicha diferencia podría considerarse como un “aumento” de sus ingresos.

El posible ajuste está en manos de los diputados, en tanto el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) propone la eliminación del ISR para los trabajadores que perciban menos de 10 mil 298 pesos, lo cual beneficiaría a 15.5 millones de trabajadores. En el mismo sentido, hace algunos meses la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso una reducción de los impuestos a la clase media y que el ISR pase de 30 por ciento a 24.6 por ciento.

La disminución de impuestos es un reclamo añejo que tiene como principal argumento la corrupción en el uso de los recursos recaudados. Es decir, hay un reclamo marcado por tener que seguir pagando impuestos para que los recursos se pierdan en las arcas de la corrupción y terminen beneficiando a unos pocos, en tanto no se perciben mejorías que se reflejen en administraciones más eficientes, en mejores niveles educativos y de salud, en seguridad o en obras de infraestructura. Cuando se propone que haya una menor carga impositiva, casi siempre hay consenso favorable, porque la gente considera que puede usar mejor su dinero en lugar de que lo haga algún gobierno.

Sin embargo, ante la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de la gente, la idea de reducir impuestos es claramente insuficiente: en una economía con niveles de informalidad que llegan al 60 por ciento, con los salarios más bajos de América Latina y con una cantidad limitada de trabajadores que puedan ser “beneficiados” con el ajuste, no habrá mucho cambio en la realidad de una población que vive en la pobreza, con empleos precarios y con la vida encarecida. El problema de fondo es el poder adquisitivo, el cual no se recupera con una eventual reducción de impuestos.

Ante la necesidad de reactivar la economía y de hacerle frente a la complicada coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no sólo deberíamos buscar opciones por medio de impuestos sino utilizar mejor los recursos públicos para la promoción de empleos de calidad, para la inversión educativa y para impulsar emprendimientos. Tenemos que hacer una cruzada para mejorar los salarios, mejorar las condiciones laborales y hacer que la micro y pequeña empresa se recuperen. No solo es cuestión de menos impuestos sino de financiar la recuperación.

(*) Periodista y profesor en la Universidad de Guadalajara

Doctor en Ciencias Sociales