/ martes 3 de diciembre de 2019

La certificación, la última frontera para vender al Puebla

La Liga habría de poner especial atención en la procedencia del capital para adquirir a La Franja

Con el rumor de la venta del Puebla creciendo día a día, viene bien saber qué necesita una plaza como Mazatlán para gozar del futbol de la Primera División.

La ciudad porteña a pesar de pagar 35 millones de dólares por hacerse presuntamente de La Franja y garantizar de palabra su operación, debe de cumplir con una certificación, avalada por la Liga/Ascenso MX.

A este proceso se sometió inclusive a los Lobos de la BUAP, a pesar de pagar 120 millones de pesos en mayo del 2018, en el afán de evitar la vuelta a la división de plata, luego de perder la categoría por la vía deportiva.

El circuito le exigió por entonces a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) comprobar primero la procedencia de los 120 millones, haciéndolo a través de un ejercicio de fiscalización, del cual se encargó una empresa independiente a la Liga/Ascenso MX.

Todo en el afán de demostrar la legalidad del capital. Es decir, operar sin la presencia de dinero blanqueado o proveniente del gobierno de una entidad.

En este renglón, el circuito debería de mostrarse implacable cuando a los aparentemente interesados en hacerse del control del Puebla, los hermanos Arellano Hernández, les congeló sus cuentas por presunto lavado de dinero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2017.

Aunque hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en compañía de la CNBV, no ha detectado el uso de recursos ilícitos en sus operaciones.

Sin embargo, los Arellano debieron de desprenderse de uno de sus dos equipos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) de verano por falta de liquidez. Los empresarios mazatlecos presumían el control de los Vaqueros Laguna y de los Leones de Yucatán, hoy sólo operan a los melenudos.

Llama la atención su interés de ingresar al futbol, cuando el balompié en México es un negocio más caro en todo sentido, en relación al del rey de los deportes.

Los Arellano Hernández, además de comprobar la procedencia del capital para hacerse de La Franja, deberán de asegurar la operación financiera de la misma para el curso 2020-2021, siempre y cuando sí se hagan del Puebla.

Todo esto, en el entendido de evitar temas como el sucedido en el presente con los Tiburones Rojos del Veracruz.

En cuanto a materia de infraestructura deportiva, los Arellano habrán de garantizar un estadio con aforo mínimo de 15 mil aficionados. En este punto, el coso mazatleco no presumiría de problemas cuando se ha informado gozará de 20 mil asientos.

Aunque esta medida cambió desde el Apertura 2018, pues a los equipos en búsqueda de la certificación dentro del Ascenso se les exigía un inmueble sede para 20 mil seguidores.

Si la venta del Puebla se cristaliza, los Arellano contarían con seis meses para ponerse al día en cuanto a los puntos pendientes de la famosa certificación, exigida y otorgada únicamente por la Liga/Ascenso MX.

  • 2 EQUIPOS de beisbol presumían bajo su control los Arellano antes de ser investigados de lavado de dinero
  • 35 MILLONES de dólares estarían dispuestos a desembolsar los empresarios mazatlecos, con el objetivo de llevarse al Puebla

Con el rumor de la venta del Puebla creciendo día a día, viene bien saber qué necesita una plaza como Mazatlán para gozar del futbol de la Primera División.

La ciudad porteña a pesar de pagar 35 millones de dólares por hacerse presuntamente de La Franja y garantizar de palabra su operación, debe de cumplir con una certificación, avalada por la Liga/Ascenso MX.

A este proceso se sometió inclusive a los Lobos de la BUAP, a pesar de pagar 120 millones de pesos en mayo del 2018, en el afán de evitar la vuelta a la división de plata, luego de perder la categoría por la vía deportiva.

El circuito le exigió por entonces a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) comprobar primero la procedencia de los 120 millones, haciéndolo a través de un ejercicio de fiscalización, del cual se encargó una empresa independiente a la Liga/Ascenso MX.

Todo en el afán de demostrar la legalidad del capital. Es decir, operar sin la presencia de dinero blanqueado o proveniente del gobierno de una entidad.

En este renglón, el circuito debería de mostrarse implacable cuando a los aparentemente interesados en hacerse del control del Puebla, los hermanos Arellano Hernández, les congeló sus cuentas por presunto lavado de dinero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2017.

Aunque hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en compañía de la CNBV, no ha detectado el uso de recursos ilícitos en sus operaciones.

Sin embargo, los Arellano debieron de desprenderse de uno de sus dos equipos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) de verano por falta de liquidez. Los empresarios mazatlecos presumían el control de los Vaqueros Laguna y de los Leones de Yucatán, hoy sólo operan a los melenudos.

Llama la atención su interés de ingresar al futbol, cuando el balompié en México es un negocio más caro en todo sentido, en relación al del rey de los deportes.

Los Arellano Hernández, además de comprobar la procedencia del capital para hacerse de La Franja, deberán de asegurar la operación financiera de la misma para el curso 2020-2021, siempre y cuando sí se hagan del Puebla.

Todo esto, en el entendido de evitar temas como el sucedido en el presente con los Tiburones Rojos del Veracruz.

En cuanto a materia de infraestructura deportiva, los Arellano habrán de garantizar un estadio con aforo mínimo de 15 mil aficionados. En este punto, el coso mazatleco no presumiría de problemas cuando se ha informado gozará de 20 mil asientos.

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