/ martes 30 de julio de 2019

Políticas ambientales, un llamado para Barbosa

Entre los retos del futuro gobernador se encuentra retomar los indicadores de la calidad del aire

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial necesita al menos 100 millones de pesos, que no fueron etiquetados en el presupuesto de egresos 2019, para realizar un diagnóstico estatal de las necesidades ambientales, por lo que el gobierno entrante de Luis Miguel Barbosa Huerta deberá diseñar una política pública sólida en la materia y aplicar los recursos para atender el medio ambiente.

Esta petición fue entregada por ambientalistas e integrantes de la organización civil Dale la Cara al Atoyac a David Méndez Márquez, ex vocero de Barbosa, junto con el diagnóstico de la metrópoli, la situación de las 24 cuencas del estado, así como el ordenamiento del territorio alineado a la sustentabilidad hídrica y focos rojos como los que registra la cuenca Atoyac-Xochiac por altos niveles de contaminación.

En el Presupuesto de Egresos fueron etiquetados 63 millones 194 mil 581 pesos para la Subsecretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Coordinación General del Medio Ambiente, la Dirección de Calidad del Aire y Cambio Climático, Gestión Ambiental, Coordinación General de Recursos Naturales y la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pero no para un diagnóstico estatal.

Aunque a la fecha, el gobernador electo no ha designado al próximo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento, la integrante de Dale la Cara al Atoyac, Verónica Mastretta Guzmán consideró que uno de los retos será retomar los indicadores de calidad del aire que se dejaron de enviar en 2013 cuando el entonces gobernador Rafael Moreno Valle desapareció la Secretaría de Medio Ambiente.

“Puebla dejó de mandar indicadores de calidad del aire desde el 2013, desde que desapareció la Secretaría de Medio Ambiente, había ocho estaciones de monitoreo y dejaron cinco y simplemente Puebla dejó de mandar indicadores”, dijo.

Refirió que Puebla enfrenta problemas de calidad del aire por falta de indicadores, ya que a la fecha existen cinco estaciones de monitoreo: Agua Santa, Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), Las Ninfas, Universidad Tecnológica de Puebla y Velódromo, que resultan insuficientes porque solo monitorean el aire en la zona metropolitana.

Para ampliar la cobertura en los 217 municipios, el 5 de junio la Secretaría de Medio Ambiente anunció que dejará un proyecto para extender la red de monitoreo, pero la aplicación corresponderá al gobierno entrante de Miguel Barbosa.

La propuesta surgió después de que en mayo la ciudad de Puebla registró mala calidad del aire y rebasó los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana de contaminantes provenientes de partículas suspendidas PM10 y PM2.5.

Para reducir los contaminantes en el ambiente, el actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Rafael Reynoso, informó que el programa extraordinario de verificación vehicular se extendería a finales de julio, pero esta semana el gobernador electo anunció que se extenderá lo que resta de 2019 para terminar con monopolios.

CEASPUE NO DEBE SER JUEZ Y PARTE

En cuanto al monitoreo de la calidad del agua, Mastretta dijo que es competencia de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE) que en 2018 estaba reducida a su mínima expresión porque tenía poco personal, de ahí la importancia de fortalecer su estructura para trabajar con los municipios de la zona conurbada.

A decir de la especialista, el CEASPUE no debe pertenecer a la Secretaría de Infraestructura, tampoco el Instituto Metropolitano de Planeación, de lo contrario se vuelven juez y parte y no se separa la planeación de la ejecución.

Otra opción que los activistas plantearon en 2018 fue que se asignaran 100 millones de pesos más para fortalecer los bosques que alimentan la cuenca del Atoyac-Xochiac, pero el entonces gobernador Antonio Gali Fayad argumentó que no había recursos.

En cuanto a la conservación de espacios naturales, el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido adelantó que el Parque Estatal Flor del Bosque será declarado Área Natural Protegida, con la que sumarán cuatro áreas bajo jurisdicción del estado, las otras son la Sierra de Tentzo, el cerro Zapotecas y la zona Humedal de Valsequillo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial necesita al menos 100 millones de pesos, que no fueron etiquetados en el presupuesto de egresos 2019, para realizar un diagnóstico estatal de las necesidades ambientales, por lo que el gobierno entrante de Luis Miguel Barbosa Huerta deberá diseñar una política pública sólida en la materia y aplicar los recursos para atender el medio ambiente.

Esta petición fue entregada por ambientalistas e integrantes de la organización civil Dale la Cara al Atoyac a David Méndez Márquez, ex vocero de Barbosa, junto con el diagnóstico de la metrópoli, la situación de las 24 cuencas del estado, así como el ordenamiento del territorio alineado a la sustentabilidad hídrica y focos rojos como los que registra la cuenca Atoyac-Xochiac por altos niveles de contaminación.

En el Presupuesto de Egresos fueron etiquetados 63 millones 194 mil 581 pesos para la Subsecretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Coordinación General del Medio Ambiente, la Dirección de Calidad del Aire y Cambio Climático, Gestión Ambiental, Coordinación General de Recursos Naturales y la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pero no para un diagnóstico estatal.

Aunque a la fecha, el gobernador electo no ha designado al próximo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento, la integrante de Dale la Cara al Atoyac, Verónica Mastretta Guzmán consideró que uno de los retos será retomar los indicadores de calidad del aire que se dejaron de enviar en 2013 cuando el entonces gobernador Rafael Moreno Valle desapareció la Secretaría de Medio Ambiente.

“Puebla dejó de mandar indicadores de calidad del aire desde el 2013, desde que desapareció la Secretaría de Medio Ambiente, había ocho estaciones de monitoreo y dejaron cinco y simplemente Puebla dejó de mandar indicadores”, dijo.

Refirió que Puebla enfrenta problemas de calidad del aire por falta de indicadores, ya que a la fecha existen cinco estaciones de monitoreo: Agua Santa, Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), Las Ninfas, Universidad Tecnológica de Puebla y Velódromo, que resultan insuficientes porque solo monitorean el aire en la zona metropolitana.

Para ampliar la cobertura en los 217 municipios, el 5 de junio la Secretaría de Medio Ambiente anunció que dejará un proyecto para extender la red de monitoreo, pero la aplicación corresponderá al gobierno entrante de Miguel Barbosa.

La propuesta surgió después de que en mayo la ciudad de Puebla registró mala calidad del aire y rebasó los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana de contaminantes provenientes de partículas suspendidas PM10 y PM2.5.

Para reducir los contaminantes en el ambiente, el actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Rafael Reynoso, informó que el programa extraordinario de verificación vehicular se extendería a finales de julio, pero esta semana el gobernador electo anunció que se extenderá lo que resta de 2019 para terminar con monopolios.

CEASPUE NO DEBE SER JUEZ Y PARTE

En cuanto al monitoreo de la calidad del agua, Mastretta dijo que es competencia de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE) que en 2018 estaba reducida a su mínima expresión porque tenía poco personal, de ahí la importancia de fortalecer su estructura para trabajar con los municipios de la zona conurbada.

A decir de la especialista, el CEASPUE no debe pertenecer a la Secretaría de Infraestructura, tampoco el Instituto Metropolitano de Planeación, de lo contrario se vuelven juez y parte y no se separa la planeación de la ejecución.

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