La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del gobierno de Puebla, terminar la construcción del distribuidor vial Carmelitas, luego de que el 4 de julio de este año la dependencia estatal fue multada por haber construido el 90 por ciento de las obras sin el permiso ambiental.
La gaceta ecológica de esta semana señala que el 21 de noviembre de 2018 la Secretaría de Infraestructura presentó nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional para la construcción del 10 por ciento restante y la operación del distribuidor vial Carmelitas, así como la pavimentación con concreto hidráulico de dicho bulevar.
El proyecto general inició en el kilómetro 0+000 al kilómetro 5+516.12 con un ancho de 25 metros, ocupará una superficie de17.5 hectáreas y una longitud total de 5 mil 516.12 metros, divididos en tres fases de construcción y ya presenta avances del 90 por ciento.
Lo que falta es construir banquetas, guarniciones, colocación del concreto hidráulico, señalamiento horizontal y vertical e imagen urbana, jardineras, botes de basura, parabús y señalética de calles y alumbrado público. Las obras se llevarán a cabo con fondos federales y la autorización tendrá vigencia de seis meses para la construcción y 30 años para la operación y mantenimiento.
El documento refiere que el 27 de febrero de este año la Semarnat solicitó a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la opinión técnica del procedimiento administrativo del proyecto y suspendió la evaluación de impacto ambiental.
Posteriormente el 4 de julio de este año la delegación de la Profepa envió la resolución administrativa en la que se informó que la Secretaría de Infraestructura construyó el 90 por ciento de las obras y actividades del distribuidor vial Carmelitas sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental vigente, que emite la Semarnat.
Determinó que Infraestructura estaba obligada a cumplir con una multa económica y con las medidas ordenadas que consistían en la presentación de un programa de reforestación y la autorización ambiental para la operación, mantenimiento y abandono del proyecto.
El 25 de agosto de 2016 la Semarnat autorizó de manera condicionada el proyecto al entonces gobierno de Antonio Gali Fayad y el 29 de marzo de 2017 aprobó modificaciones, pero el 13 de noviembre de ese año la dependencia federal negó la modificación de ampliación del plazo para las actividades de preparación del sitio y construcción de la obra. Luego, el 11 de mayo de 2018 el gobierno de Gali volvió a solicitar el permiso ambiental, que volvió a ser rechazado porque la manifestación se presentó de forma incorrecta.
