/ lunes 17 de agosto de 2020

Poblanas en el tercer sitio a nivel nacional en interrupción legal del embarazo

En la entidad el Código Penal del Estado aún considera el aborto como un delito, con sanciones de seis meses hasta un año de prisión

Hasta el 30 de junio de este año, 43 mujeres poblanas acudieron a una de las 13 clínicas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital de la República, lo que colocó a la entidad en el tercer puesto a nivel nacional, en cuanto a más procedimientos realizados.

Puebla sólo se ubicó detrás de la misma Ciudad de México y el Estado de México, pues el acumulado de procedimientos realizados de 2007 a junio de 2020 fue de 1 mil 432 para Puebla; mientras que en el Estado de México se contaron 60 mil 771; y en la sede nacional de las clínicas, fue de 157 mil 161.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Interrupción Legal del Embarazo presentado por la Secretaría de Salud de Ciudad de México, las mujeres entre 18 y 24 años fueron quienes más recibieron los servicios del ILE, promediando 46 por ciento del total.

Mujeres de entre 25 y 29 años, siguieron con la lista de más usuarias registradas con 23.40 por ciento, a las que le siguieron féminas de 30 a 39 años cumplidos, rango de edad que representó 13.70 por ciento del total.

Los rangos de edad que continuaron con la escala fueron: de 30 a 39 años (7.80 por ciento); de 18 a 24 años (4.90 por ciento); de 40 a 44 (2.70 por ciento); de 11 a 14 años (0.70 por ciento); de 40 a 45 (17 por ciento), y 0.50 por ciento prefirió no especificar su edad.

Por otra parte, 42.10 por ciento de las mujeres que realizaron la interrupción de su embarazo en una de las clínicas ILE, tenía el nivel de escolaridad de preparatoria; 31.40 por ciento secundaria; 18 por ciento contaba con un grado superior; 6.60 por ciento fue ubicada en nivel primaria; 1 por ciento dijo no poseer un nivel educativo; 0.70 no lo especificó, y 0.20 de ellas tenía un grado técnico.

Cabe destacar que 54.40 por ciento de las mujeres que se realizaron el procedimiento eran solteras; 28.60 vivían en unión libre con su pareja; 11.90 por ciento estaba casada; 3 por ciento declaró estar divorciada; 1.10 no especificó su estado civil; y únicamente 0.70 de ellas declaró estar separada.

Además, 22.30 por ciento de mujeres atendidas en los servicios ILE de la Ciudad de México, tenían menos de 4 semanas de gestación; 16.90 por ciento tenía 7 semanas, 14.80 por ciento se encontraba en la semana 6; 12.30 por ciento estaba en la semana 8; 10.90 por ciento de las usuarias tenía 5; y 9.20 por ciento se encontraba en la semana 9 de gestación.

En Puebla, el Código Penal del Estado aún considera el aborto como un delito, a pesar de los esfuerzos de organizaciones y sociedad para presionar reformas a los artículos con el fin de despenalizar la interrupción deseada del embarazo.

El castigo para las mujeres que deciden interrumpir con su gestación, es de 6 meses a un año de prisión, siempre y cuando “no tenga mala fama”, haya ocultado su embarazo, o que el producto no sea fruto del matrimonio; pues de no cumplir con esos requisitos, la condena aumenta hasta 5 años de privación de la libertad.

Cabe destacar que hasta julio de 2020 la Fiscalía General del Estado contabilizó 4 denuncias por aborto.

Hasta el 30 de junio de este año, 43 mujeres poblanas acudieron a una de las 13 clínicas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital de la República, lo que colocó a la entidad en el tercer puesto a nivel nacional, en cuanto a más procedimientos realizados.

Puebla sólo se ubicó detrás de la misma Ciudad de México y el Estado de México, pues el acumulado de procedimientos realizados de 2007 a junio de 2020 fue de 1 mil 432 para Puebla; mientras que en el Estado de México se contaron 60 mil 771; y en la sede nacional de las clínicas, fue de 157 mil 161.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Interrupción Legal del Embarazo presentado por la Secretaría de Salud de Ciudad de México, las mujeres entre 18 y 24 años fueron quienes más recibieron los servicios del ILE, promediando 46 por ciento del total.

Mujeres de entre 25 y 29 años, siguieron con la lista de más usuarias registradas con 23.40 por ciento, a las que le siguieron féminas de 30 a 39 años cumplidos, rango de edad que representó 13.70 por ciento del total.

Los rangos de edad que continuaron con la escala fueron: de 30 a 39 años (7.80 por ciento); de 18 a 24 años (4.90 por ciento); de 40 a 44 (2.70 por ciento); de 11 a 14 años (0.70 por ciento); de 40 a 45 (17 por ciento), y 0.50 por ciento prefirió no especificar su edad.

Por otra parte, 42.10 por ciento de las mujeres que realizaron la interrupción de su embarazo en una de las clínicas ILE, tenía el nivel de escolaridad de preparatoria; 31.40 por ciento secundaria; 18 por ciento contaba con un grado superior; 6.60 por ciento fue ubicada en nivel primaria; 1 por ciento dijo no poseer un nivel educativo; 0.70 no lo especificó, y 0.20 de ellas tenía un grado técnico.

Cabe destacar que 54.40 por ciento de las mujeres que se realizaron el procedimiento eran solteras; 28.60 vivían en unión libre con su pareja; 11.90 por ciento estaba casada; 3 por ciento declaró estar divorciada; 1.10 no especificó su estado civil; y únicamente 0.70 de ellas declaró estar separada.

Además, 22.30 por ciento de mujeres atendidas en los servicios ILE de la Ciudad de México, tenían menos de 4 semanas de gestación; 16.90 por ciento tenía 7 semanas, 14.80 por ciento se encontraba en la semana 6; 12.30 por ciento estaba en la semana 8; 10.90 por ciento de las usuarias tenía 5; y 9.20 por ciento se encontraba en la semana 9 de gestación.

En Puebla, el Código Penal del Estado aún considera el aborto como un delito, a pesar de los esfuerzos de organizaciones y sociedad para presionar reformas a los artículos con el fin de despenalizar la interrupción deseada del embarazo.

El castigo para las mujeres que deciden interrumpir con su gestación, es de 6 meses a un año de prisión, siempre y cuando “no tenga mala fama”, haya ocultado su embarazo, o que el producto no sea fruto del matrimonio; pues de no cumplir con esos requisitos, la condena aumenta hasta 5 años de privación de la libertad.

Cabe destacar que hasta julio de 2020 la Fiscalía General del Estado contabilizó 4 denuncias por aborto.

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