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Impulsan proyectos hidroeléctricos y mineros pese a advertencias de la ONU

  • Édgar Joaquín Barrios Reyna
  • en Estado

San Felipe Tepatlán, Pue.- A un mes de la advertencia hecha por el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos que advirtió que el Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones que haga en la Sierra Norte de Puebla, las empresas que impulsan proyectos hidroeléctricos o mineros mandan señales que anticipan que no acatarán las resoluciones de ese equipo internacional de expertos y humanistas.

SEÑALES

El Consejo Estatal Forestal de Puebla aprobó el cambio de uso de suelo para la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, impulsado por la empresa Deselec-Comexhidro y que influye en tres municipios de esta Sierra Norte de Puebla, dos de ellos considerados en los índices de marginación y pobreza. Este cambio de uso de suelo, aprobado el pasado 7 de octubre, cambia el uso de suelo en un sistema de bosque mesófilo con características únicas y con vegetación y fauna que ha tenido registros de especies que estarían en peligro de extinción.

En Ixtacamaxtitlán las cosas no suena diferente, mientras los ciudadanos, la empresa y varias entidades del gobierno se enfrentan, en diferentes causas legales que han promovido a través de amparos, la ciudadanía está presionando para que el Cabildo de este Ayuntamiento declare al territorio como zona libre de proyectos mineros.

Las filiales de la minera canadiense, Almaden Minerals, parecen no estar preocupadas por esta declaratoria y el resultado del amparo promovido por indígenas de la comarca, toda vez que, todavía en agosto de este año, en la página oficial de empresa, JD Poliquin, presidente de Almaden difundió: “Los resultados de hoy muestran una vez más la presencia del alto grado de venas en el proyecto Tuligtic. Si bien ahora estamos centrados en desarrollar el depósito Ixtaca en un significativo productor de metales preciosos en México, y actualmente están ocupados con el trabajo y los estudios de ingeniería… también estamos llevando a cabo la perforación de exploración para probar el potencial de recursos adicionales”.

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PREOCUPACIÓN

Mientras tanto, activistas y organizaciones no gubernamentales temen que haya presiones contra los miembros del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar sanción a las empresas u organismos de gobierno que hayan cometido violaciones a derechos humanos.

Según externaron los activistas consultados, la idea principal de esta visita a nuestro país, era integrar información que señalara los argumentos con los que estas asociaciones civiles, activistas, indígenas y organizaciones no gubernamentales, acusaban a empresas y entidades de gobierno por los proyectos que pretenden impulsar en diversos puntos del país; así es como sumaron 60 informes, de los cuales 10 corresponden a proyectos impulsados en territorio poblano, dos de ellos: en la Sierra Norte de Puebla.

No obstante, este titánico trabajo, la intención de establecer un acuerdo que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y de no hacerlo haya algún tipo de sanción, podría no llegar a verse en la realidad, aun con la visita de este grupo de trabajo internacional, dada la presión que existe para que no se logre, lamentaron las fuentes consultadas.

ONU

Los trabajos que encabezó este grupo de trabajo iniciaron el 29 de agosto pasado y terminaron el 7 de septiembre. Examinaron los esfuerzos del gobierno y las compañías para prevenir o abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.

Durante este tiempo se reunieron con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Encuentros que permitieron –al Grupo de Trabajo– conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos.

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Los testimonios que escucharon durante su visita, los miembros de este grupo Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente, entre otros.

La gira incluyó cuatro estados de la República y, durante su visita, al menos unas 100 organizaciones elaboraron 60 informes en el que evidenciaban las afectaciones cometidas por proyectos mineros, eólicos, extracción de hidrocarburos, entre otros, de los cuales 10 corresponden a proyectos que se están implementando en territorio poblano.

A esto se suman 200 testimonios, principalmente por abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por empresas, los gobiernos locales, estatal y federal, así como por la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada, así como la referencia de casos en donde hubo criminalización y amenaza a los defensores de derechos humanos, de Puebla y todo el país.

En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados –en el país– con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales.

Ante ese panorama, este grupo de trabajo conminó a las autoridades mexicanas del sector empresarial a garantizar la consulta personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.

En su informe, este grupo reflejó que las principales preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos están vinculadas a empresas que ejercen bajo un ejercicio inadecuado de la debida diligencia por parte del gobierno. Los expertos también subrayaron que periodistas y defensores de los derechos humanos deben ser mejor protegidos, sobre todo ante los ataques de intimidación que no son aceptables y no serán tolerados.

Sulyandziga dijo que los distintos personajes consultados reconocieron en su mayoría el impacto que ha tenido la violencia en México, una problemática que para el Grupo de Trabajo “devalúa” todos los esfuerzos que el gobierno mexicano ha hecho para mejorar la situación relacionada con las actividades empresariales y los derechos humanos.

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