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Ordena PJF revisar liberación de implicado en asesinato de agente federal

  • Édgar Joaquín Barrios Reyna
  • en Estado

ZACATLÁN, Pue.- Por la liberación de uno de los implicados en el homicidio del agente del ministerio público federal, Isaí Hernández Villegas, ocurrido el 31 de agosto de 2014, un juez del Poder Judicial de la Federación ordenó a magistrados de Puebla revisar el actuar del juez de Zacatlán, Juan Carlos Malpica, de quien señaló irregularidades cometidas en el proceso. La resolución implica la posibilidad de destitución y sanción, de continuar el desacato de los magistrados en esta causa.

La muerte de Hernández Villegas dio paso al primer juicio oral por homicidio ocurrido en la Sierra Norte de Puebla, sin embargo, ahora está dentro del 1 por ciento de las incidencias en las que se desafía una resolución del máximo órgano judicial de la nación.

EL CASO

La viuda y víctima de esos hechos, Liliana Lira Laguna, señaló que el primero de los dos amparos interpuestos contra el actuar irregular de ese juez de Zacatlán resultó a su favor, tras la sentencia dada por un juez del Poder Judicial de la Federación que resolvió amparar y proteger los derechos de la afectada.

Así es como ordena a los magistrados de la sala en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado que admita los recursos correspondientes, para que revise y estudie el actuar del juez de Zacatlán y su resolución de no vinculación dictada a favor de Renato Vázquez Caballero, tras su detención ocurrida el 15 de diciembre de 2016, cuya resolución de no vinculación fue dictada al día siguiente, por lo que quedó en libertad.

Tras esa extraña resolución, la afectada y el agente del ministerio público interpusieron un recurso de apelación, que fue desechado de plano, sin estudiar el caso siquiera, por parte de los magistrados.

“Esto es un mal actuar y me están dejando en total estado de indefensión; me dejan con las manos vacías sin poder hacer nada”, expresó Lira Laguna, al tiempo en el que reseñó que, ante esa decisión, interpuso un amparo porque se vulneraron sus derechos constitucionales. Así, hace dos semanas, el juez federal resolvió que hubo una interpretación errónea por parte del magistrado de la quinta sala unitaria penal del TSJ, Alberto Miranda Guerra.

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La semana pasada fue notificado el magistrado de su interpretación errónea del código, en el sentido de que el actuar de no vinculación sí es apelable, de ahí que por esta interpretación errónea el juez federal ordenó al magistrado la admisión del recurso interpuesto por la quejosa y que proceda conforme a derecho corresponda, es decir que se lleve a cabo el recurso.

Miranda Guerra fue notificado y respondió con otro acuerdo, ese mismo día, en el que recibe el amparo de la víctima, pero no lo va a admitir. Esto significa que dejan, otra vez, en estado de indefensión a la víctima y significa un completo desafío del Poder Judicial del Estado al máximo poder judicial del país, toda vez que la sentencia fue clara, según explicó Lira Laguna.

Este desafío fue respondido por el Poder Judicial de la Federación con un auto en el que señala el desacato del magistrado y le indica que admita el recurso de la quejosa y que lo desarrolle, de no hacerlo podría traer como consecuencia un apercibimiento de una sanción económica y la destitución de su cargo.

Mientras agradecía el actuar del Poder Judicial de la Federación, que ha resuelto los recursos ante las diversas irregularidades que ha habido en el juzgado de Zacatlán y ahora, en la sala de magistrados en la capital poblana, la afectada mostró su sorpresa por un desafío de esta naturaleza ante el máximo órgano de justicia del país.

Así es como este caso no solamente se convirtió en el primer juicio oral en la Sierra Norte de Puebla, en el nuevo sistema de justicia penal, también se convirtió en uno de los que está englobado la estadística del 1 por ciento de los casos en las que la autoridad responsable no acata una resolución, en un juicio de amparo.

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