El estado de Puebla tendrá a un titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que dependerá de la Secretaría de Planeación y Finanzas y que podrá investigar los bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita.
Así lo expone la reforma al artículo 13 del Código Fiscal enviada al Congreso del Estado por el gobernador Luis Miguel Barbosa, que este miércoles fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Hacienda y Patrimonio y que será votada en sesión del pleno. En ella se establece que el gobierno buscará vincularse con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para crear la figura del titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial.
En sesión con los diputados, Héctor Sulaimán Safi, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación, explicó que el titular de la unidad es una nueva figura de autoridad fiscal que nace del convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de generar, consolidar y analizar información fiscal, patrimonial y financiera que apoyen las investigaciones relacionadas con posibles hechos ilícitos.
La modificación al artículo 13 del Código Fiscal señala que “a fin de tener acceso a los sistemas de información del SAT, que incluye a la persona titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial, para que sea una autoridad fiscal y cuente con facultades de comprobación de obligaciones fiscales únicamente en el ámbito de su competencia”.
Esto respecto de las personas físicas, morales y unidades económicas, permitiendo que, mediante la integración, evaluación y vinculación de información, se lleven a cabo análisis especializados y se tomen decisiones oportunas en contra de actos ilícitos, en particular la identificación de activos de los criminales.
A nivel nacional la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encarga de realizar investigaciones sobre la procedencia de los recursos e incluso recientemente el titular Santiago Nieto Castillo dio a conocer en colaboración con la Secretaría de la Función Pública investigan a superdelegados del gobierno federal, así como a gobernadores y ex gobernadores por posible lavado de dinero.
