Del año 2016 al 2020, los actos de corrupción frecuentes realizados por servidores públicos al interior de empresas poblanas disminuyeron en un 13.6 por ciento, pues pasaron de 19 mil 389 casos a 16 mil 759, no obstante, la cifra más reciente es la cuarta más alta a nivel nacional.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalló que, Puebla fue superada únicamente por Tabasco donde se registraron 21 mil 709 casos; Quintana Roo con 22 mil 138; y la Ciudad de México con 36 mil 356.
Las causas de corrupción en las empresas poblanas, son principalmente para agilizar trámites, evadir multas o sanciones, evitar la clausura del establecimiento, pagar menos impuestos, obtener licencias y evitar inspecciones.
Esta situación impacta a 4 mil 320 empresas por cada 10 mil unidades económicas, siendo las más afectadas aquellas de tamaño grande que se dedican principalmente al comercio, servicios e industrias.
En la presentación de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de Empresas (ENCRIGE) se detalló que por cada acto de corrupción, los dueños de micro empresas tienen que pagar a los servidores públicos un promedio de 5 mil 357 pesos; si son pequeñas, 23 mil 570 pesos; las medianas pagan 92 mil 964 pesos; y las grandes, 82 mil 116 pesos.
En lo que respecta a la percepción de corrupción por parte de los empresarios poblanos, esta tuvo un incremento del 18.2 por ciento, pues pasó de 74 por ciento a 87.5 por ciento.
En este rubro, la entidad se colocó en el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje, solo por debajo del Estado de México (94.7 por ciento); Tabasco (90.9 por ciento); y la Ciudad de México (88.3 por ciento).
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Finalmente, el Inegi detalló que los empresarios tienen más confianza en las escuelas públicas, en el ejército y la marina, los hospitales públicos, instituciones religiosas, institutos electorales, gobierno federal y gobiernos municipales.
En contraste, el nivel de confianza es más bajo en los sindicatos, partidos políticos, policías, Ministerio Público, Cámara de Diputados y Senadores, así como en los jueces y magistrados.
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