Utilizar empresas fantasma para simular operaciones de adquisición de bienes o servicios en perjuicio del erario público fue una práctica común de presidentes municipales y funcionarios estatales en el pasado reciente, por lo que la Auditoría Superior del Estado ha presentado más de 35 denuncias por la comisión de este delito, revela el titular del organismo Francisco Romero Serrano.
“Del cien por ciento del universo de presidentes municipales que hemos revisado, correspondientes al periodo 2014-2018, el 99.8 por ciento tiene este tipo de prácticas”, expone y agrega que ha denunciado también a exdirectores del Capcee y el Ceaspue, así como a exsecretarios de Finanzas y Salud, junto con los subsecretarios de Egresos y directores administrativos.
En entrevista con EL SOL DE PUEBLA, Romero Serrano realiza un balance del trabajo hecho en la Auditoría a 16 meses de haber sido elegido por una mayoría morenista en el Congreso.
El auditor niega estar a las órdenes del gobernador Miguel Barbosa y rechaza haber emprendido una persecución o tener intereses personales en contra del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a quienes, confirma, ha denunciado en la Fiscalía.
Además, advierte que el calendario electoral no intervendrá con los objetivos de la Auditoría en el trabajo de fiscalización.
“Nosotros no inventamos el delito de nadie, todos los documentos que nosotros utilizamos para llevar a cabo las denuncias correspondientes obran en los expedientes de los propios sujetos de revisión. Nosotros no inventamos nada, ni inventamos delitos, ni llevamos a nadie al patíbulo con el ánimo de crucificarlos sin prueba alguna”, afirma.
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¿Cómo concibe Francisco Romero Serrano la función de la Auditoría Superior del Estado? Supervisión, certeza, verdad y transparencia, eso debe de ser la Auditoría Superior del Estado.
¿Por qué quiso ser auditor del Estado?
Yo llegué a la final con David Villanueva en el proceso del 2011. Estas ganas las había manifestado alguna vez, tuve la fortuna de competir contra David Villanueva, bueno, contra otro grupo, era un grupo grande también. En aquella ocasión llegamos a la final, no se nos dio la oportunidad de contar con el voto en el Congreso, sin embargo, en esta segunda oportunidad afortunadamente fuimos elegidos por el Congreso.
Y por qué las ganas. Porque desde la trinchera donde estamos observamos una gran oportunidad de crecimiento y observamos que existe todavía cierto rezago respecto a la técnica en la revisión de las cuentas públicas. Queremos dejar huella, queremos no solamente evolucionar la institución sino también revolucionarla, en el número de ciclos, en el número de veces que puede llevar a cabo varias tareas, el que toda la gente pueda dar de sí, la mayor cantidad de actividad posible con el efecto de ser más productivos.
Usted fue elegido por una mayoría de Morena y tiene antecedentes de una relación, si no profunda, sí personal con el gobernador Barbosa. ¿Responde Francisco Romero a los intereses de Morena?
No, respondemos al respeto de instituciones, tanto de la Auditoría para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como de ellos hacia nosotros.
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¿Cuál fue y cuál es ahora su relación con el gobernador Barbosa?
Fue de respeto, lo conocí en campaña. Si bien fui aspirante a ser diputado federal por el distrito 11, eso no me quitaba la posibilidad de aspirar también a ser auditor superior del estado, porque a final de cuentas, la Ley de Fiscalización en el estado prevé que puede ser auditor superior aquel que no esté en funciones de diputado, yo no fui diputado, no fui electo tampoco, entonces eso no me quitó el derecho para tratar de ser auditor. No soy militante de Morena, no formo parte del padrón tampoco del partido, ni de ningún otro partido político, razón por la cual la independencia mental está salvaguardada.
¿Apoyó al gobernador en sus campañas?
Más bien trabajé en campaña, obviamente, en el tema que tenía que ver con mi precandidatura.
¿En qué condiciones encontró la Auditoría?
Esta institución cayó en la inercia de la costumbre, en la costumbre de tipo operativo, que al amparo de la ley cumplía con su objetivo. La Ley de Fiscalización en Puebla establece ciclos y fechas para llevar a cabo las tareas de fiscalización, para la entrega de los informes individuales a la Comisión Inspectora y para que se emitieran los dictámenes correspondientes: pliegos de observaciones, pliegos de cargos, etc.
Pero, aparte de eso, el espectro se podía ampliar al tema de la búsqueda de la comisión de delitos. Antes no estaba enfocada a eso, sino solamente al tema de Finanzas en cumplimiento financiero, auditoría de desempeño y otros temas que tenían que ver con la legalidad. Hoy, por ejemplo, con la entrada en vigor del tema de auditoría forense, entre otras cosas, busca la detección del fraude y la prevención. Se lleva esto paralelo al tema que tiene que ver con el cumplimiento establecido en la ley y que se encuentra contenido al interior de la misma y que además tiene fechas específicas.
¿Por qué la mayoría de la ciudadanía se queja de que los resultados, sobre todo en el tema penal, se dan con dos o tres años de que ya salió el presidente municipal o funcionario y apenas se conocen los resultados?, precisamente por ese orden que lleva la ley. Sin embargo, al amparo de lo que también, otras leyes específicas, sobre todo el código penal establece respecto a las responsabilidades de los servidores públicos, y también a la Ley de Responsabilidades, cuando un funcionario público es conocedor de que es posible que se haya cometido un delito, es la obligación denunciarlo y bajo ese esquema es que nosotros estamos operando.
¿Se puede reabrir una cuenta pública ya aprobada en el pasado?
Es que una cosa es la reapertura de la cuenta pública, que técnicamente el concepto no existe en la ley, por eso no es posible, sin embargo, en efectos casuísticos sí se pueden llevar a cabo investigaciones extraordinarias aún aprobada la cuenta pública, porque la aprobación de la cuenta pública es para efectos de que la ciudadanía tenga conocimiento de que en el plano financiero, en el plano de legalidad y en el plano que tiene que ver con el desempeño, razonablemente se cumplieron con las cifras, no hacia la detección del fraude, porque el tema de la detección del fraude oscila en otro parámetro, que va con el asunto penal y que se confunde su determinación con el camino que lleva la revisión normal de las cuentas públicas por parte de la Comisión Inspectora y por parte de la Auditoría Superior del Estado.
¿Entonces es posible castigar hechos de corrupción del pasado, de funcionarios a los que se les han aprobado sus cuentas públicas?
Efectivamente, siempre y cuando no hayan prescrito. Ahora, fíjate lo que son las cosas, es diferente la prescripción por concepto de la revisión pública a la prescripción en el orden penal.
Esa confusión, a algunos exfuncionarios sobre todo, los lleva a pensar que, por el hecho de que ya fue aprobada la cuenta pública, los posibles actos de corrupción ya quedaron en el olvido. No, si existe denuncia de por medio, si existen algún indicio, si existe alguna demanda ciudadana, o a gestión de la propia autoridad, encontramos que puede haber existido en forma predeterminada, premeditada, con alevosía y demás, con la intención de engañar a la Auditoría Superior, algún hecho delictivo, es nuestra obligación investigarlo y denunciarlo.
El auditor superior de la federación, David Colmenares, ha recomendado a las auditorías locales trabajar con auditores propios y no con empresas externas. ¿Qué opina sobre ello?
No quisiera yo caer en alguna controversia con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, porque a final de cuentas es su opinión y en esa materia yo lo respeto, sin embargo, si nosotros no dependiéramos en algún momento de los auditores externos, no hay personal que nos alcance para, en una forma eficiente, llevar a cabo una revisión que nos dé resultados satisfactorios.
Sabemos que ha habido o hay mucha corrupción en la obligada contratación de auditores externos por parte de los presidentes municipales, que los diputados recomiendan despachos a los ediles y que estos piden una comisión económica de regreso por contratarlos. Eso evita que se cumpla el objetivo de la fiscalización.
¿Cómo está ese tema?
El hecho de que a un despacho lo contrate el propio ayuntamiento le resta independencia mental y al restarle independencia mental, obviamente, la búsqueda y sobre todo el cumplimiento de lineamientos emitido por la Auditoría Superior del Estado, en un momento determinado, se ve violentado. No pasa en todos los casos, porque hay muy buenos profesionistas, hay muy buenos despachos también, hay de todo en esto, sin embargo, es la razón por la cual se promueve que en los próximos años las designaciones se hagan a través de la Auditoría Superior del Estado mediante un esquema de calificación de los propios despachos, que mida su capacidad, infraestructura, recursos humanos, a efecto de que se pueda determinar si el despacho es competente para llevar a cabo la tarea de revisión de determinado sujeto de revisión.
¿Esto ya se hace o se está encaminando hacia allá?
Está encaminado hacia allá. Este año ya no dio tiempo, sobre todo también por los asuntos electorales. Yo espero que el próximo año ya estemos operando en ese tema y entonces sea la propia Auditoría Superior la que haga las designaciones correspondientes.
¿Por qué su primer acto público, al día siguiente de haber sido designado por el Congreso, fue emprender una auditoría en contra de la BUAP?
Hay una premisa que dice: “quien puede lo más, puede lo menos”.
¿Y dijo: “con la BUAP, con el rector”?
¿Y por qué no? Además, entre otras cosas, los hechos públicos y notorios respecto al enriquecimiento de los exrectores nos da una muestra de lo que teníamos que hacer en Puebla, entonces, bajo ese esquema y sin que nos temblara la mano, teníamos que actuar, y por eso fue el primer acto como auditor superior.
¿Hay alguna consigna personal en contra de Alfonso Esparza? Ninguna, ninguna.
¿El gobernador le pidió auditar a la BUAP? Absolutamente no.
En un caso similar, pero en el ayuntamiento de Puebla, ¿por qué las auditorías, incluso las denuncias, en contra de la presidenta municipal Claudia Rivera?
Por la importancia respecto al gasto público que ejerce, inclusive esa es precisamente una razón de peso, del por qué la universidad y por qué el ayuntamiento de Puebla: por el alto nivel de recursos que manejan.
La presidenta municipal ha salido a decir que es víctima de persecución política. ¿Qué tiene que decir sobre eso?
Que no.
Pero ella así lo ha declarado.
No, vaya, a final de cuentas cada político puede declarar lo que desee, es un país libre, sin embargo, sus derechos no se han visto violentados porque nuestros actos están fundados en derecho y en materia de legalidad; entonces, mientras nosotros actuemos bajo un esquema apegado a la ley, no existe tal violencia política, por tal motivo no hay ciertamente ninguna persecución en este orden.
Ahora bien, este argumento de persecución lo he escuchado últimamente en varios políticos. En primer lugar, nuestro papel como Auditoría Superior es investigar, es llevar a cabo trabajo de campo. Nosotros no perseguimos, el que persigue es el ministerio público, nosotros lo único que hacemos es investigar, determinar y denunciar, y el ministerio público se encarga de las acciones persecutorias. Entonces, los argumentos respecto a las persecuciones, inclusive técnicamente ni siquiera existe facultad en la Auditoría Superior para llevar a cabo actos de persecución.
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¿Usted no mete a la cárcel a nadie?
No, es más, nosotros presentamos la denuncia y queda en manos de la Fiscalía General del Estado y en este caso en la Fiscalía Anticorrupción el hecho de determinar si se judicializa o no.
Y estos dos casos concretos, de la BUAP y el ayuntamiento de Puebla, ¿ya hay denuncias en el ministerio público?
Por supuesto, en los dos casos, y ya dependerá de la Fiscalía la judicialización o no de estos asuntos.
¿Eligió el ayuntamiento de Puebla por ser el más grande y el que más recursos maneja? Efectivamente.
¿Qué pasa con los demás municipios?
Absolutamente todos son sujeto de revisión.
¿Y cómo están ellos?
Nos dimos a la tarea de formular una agenda en materia de importancia respecto al nivel de ingresos que tiene cada uno de ellos, el nivel de denuncias ciudadanas que hay y de esa forma llevamos a cabo nosotros varias auditorías. Una de las novedades que traje a la Auditoría, y digo “traje” porque no existía el procedimiento, era la revisión de los comprobantes fiscales digitales, como lo hace el Servicio de Administración Tributaria, para determinar si existen o no operaciones simuladas. Nos dimos a esa tarea e introducimos una línea de investigación basada en ese tema y hasta el momento llevamos más de 30 denuncias presentadas sobre expresidentes municipales que utilizaron empresas fantasma para simular operaciones de adquisición de bienes o servicios en perjuicio del erario público.
¿Utilizar empresas fantasma es el modus operandi más común para desviar recursos en los municipios? Respecto al periodo que yo estoy revisando y que fue el más conveniente, que fue 2014-2018, sí, fue el modus operandi más cómodo, porque como no había supervisión sobre el tema pues se llevaban a cabo los procesos de adjudicación y demás, es más, platicando con un agente del ministerio público el otro día me decía “tengo un expediente que está absolutamente bien integrado, con un proceso de adjudicación que si usted maneja un checklist está a prueba de balas, está toda la documentación”, ok, sí, pero la empresa no existe, entonces toda la elaboración de un expediente, es más, es prueba a favor de la propia Auditoría en el sentido de que se elaboraron incluso papeles para complementar la simulación de la operación con una empresa fantasma.
Hay quien dice, por ejemplo, “yo ya comprobé ante la Auditoría Superior, ya llevé papeles”. Las empresas fantasmas que detecta el SAT ya de antemano están en un cajón, digamos, en el cajón de los apestados, o sea ya lo apestado no se la va a quitar jamás porque el SAT ya les dio la oportunidad de demostrar que no son empresas fantasmas, si no lo hicieron, por ende todas las operaciones, todas las facturas que emitieron, todas son consideradas actos de simulación, esto en el ámbito federal. Si lo trasladamos al ámbito local, entonces, en el ámbito de particulares que defraudaron al fisco ellos tendrán que asumir la responsabilidad, pero en el ámbito de servidores públicos que utilizaron estas facturas, pues hicieron mal uso del erario público.
En ese sentido también aquí hay un delito, si a eso le adicionamos que cuentan con un proceso de adjudicación que pasan la palomita respecto a la apertura de propuestas económicas, propuestas técnicas y demás, eso quiere decir que además elaboraron todo un esquema administrativo para tratar de engañar a la Auditoría Superior del Estado, a la
Comisión Inspectora, inclusive a la Auditoría Superior Federal en su caso
Yo lo que te puedo decir es que, del cien por ciento del universo de presidentes municipales que hemos revisado, el
99.8 por ciento tiene este tipo de prácticas.
¿Estamos hablando de expresidentes del periodo inmediatamente anterior?
Exactamente, estamos hablando de expresidentes municipales, y de los expresidentes municipales anteriores pues prácticamente ninguno pasó la prueba. Todos tienen operaciones simuladas.
De los funcionarios estatales que ha acusado públicamente el gobernador, hay un caso concreto que hizo mucho ruido, el del Capcee, que pagó por escuelas que no existen. ¿A usted le tocó investigar eso? No, también hay una Secretaría de la Función Pública que se encarga de eso, pero, sí, nosotros encontramos operaciones con empresas fantasmas por 430 millones de pesos en Capcee.
¿Y en otras dependencias del gobierno del estado?
También, Capcee, Ceaspue, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud y todos están denunciados, junto con los subsecretarios de egresos y el director administrativo.
¿Cuál es la sanción que recibirán los denunciados si se les comprueba responsabilidad? Pena corporal.
¿Cuántas denuncias ha presentado en total? Más de 35.
¿Qué cambios a largo plazo tiene previstos para la Auditoría?
La evolución y afinamiento de la auditoría forense, la judicialización de la mayoría de los casos que ha presentado la Fiscalía, a corto plazo, y no importa si es temporada electoral o no, el calendario electoral no tiene nada que ver con el calendario que tiene la Auditoría Superior en el tema de la fiscalización o el tema de las denuncias.
Si en plena campaña electoral hay algún implicado, hay algún candidato que inclusive esté jugando, que tenga actos de corrupción y que tenga que ser denunciado, no implica ninguna protección el hecho de que sea candidato, eso se obtiene de ser denunciado, y lo siento mucho si en un momento determinado, en el transcurso de la campaña y a manera de que se piense que somos un garrote político, pues existe algún tipo de denuncia.
Al final de cuentas, yo lo dije desde un principio, nosotros no inventamos el delito de nadie, todos los documentos que nosotros utilizamos para llevar a cabo las denuncias correspondientes obran en los expedientes de los propios sujetos de revisión. Nosotros no inventamos nada, ni inventamos delitos, ni llevamos a nadie al patíbulo con el ánimo de crucificarlos sin prueba alguna.
En este contexto electoral, si cambiara la conformación partidista del Congreso a partir del inicio de una nueva legislatura, ¿se afectará el trabajo de la Auditoría?
Mientras nosotros no dejemos de ser técnicos, no tendría porqué.
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