Bajo el mandato del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), Teresa Castro Corro, entregó 600 millones de pesos del erario a Banco Accendo con la finalidad de invertirlos. No obstante, la institución financiera quebró en 2021 y hasta el momento el Estado poblano no ha recibido un solo peso por esa transacción.
Ante la supuesta premisa de que Banco Accendo, una empresa con sede en la Ciudad de México, ofrecía la tasa de interés con mayor rendimiento para la banca de gobierno en años previos, Castro Corro depositó el dinero de los contribuyentes en dicha institución. Así lo reconoció la funcionaria hoy en rueda de prensa, dos años después de ocurrido el hecho.
Apenas el pasado 2 de marzo el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México dio a conocer, en el expediente 308/2021, el listado de acreedores del banco que hoy se encuentra en liquidación. Lo anterior, dando seguimiento a una declaración de bancarrota hecha por la empresa en septiembre de 2021.
Uno de los acreedores es precisamente el estado de Puebla, quien entregó, al igual que los gobiernos de Durango, Guanajuato, Hidalgo y el municipio de Querétaro en el pasado, recursos públicos a esa institución financiera.
Castro Corro expuso que, como parte del proceso de bancarrota, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó litigar todos los bienes de Banco Accendo, esto con la finalidad de cubrir sus adeudos correspondientes.
“La inversión fue con recurso que no era presupuestario, es decir, los programas de presupuesto jamás se han puesto en riesgo, son ejercicios que se encontraban apasivados para cubrir obligaciones futuras. El recurso nunca comprometió las finanzas ni las finanzas del ejercicio en curso ni las subsecuentes (...) Es obligación de cualquier gobierno invertir los recursos”, comentó.
No obstante, dejó entrever que no existe fecha ni garantía de que las arcas estatales recibirán todo el capital invertido entonces, debido a que la repartición de recursos será entre los demás acreedores de la extinta institución bancaria.
"Hasta en tanto se logre la liquidación total de las acciones y de los activos, tienen que irnos pagando a todos los acreedores y, una vez que se concluya la totalidad de la venta, entonces se puede determinar cuánto es lo que va a regresar a las arcas y, en su caso, cuánto no, pero no se puede hablar de un quebranto”, expuso.
Gobernador reconoce daño patrimonial al estado
Por su parte, el mandatario Céspedes Peregrina hizo hincapié en que Banco Accendo se encontraba registrado ante la CNBV al momento de que el gobierno de Barbosa Huerta invirtió en él. No obstante, aclaró que la extinción de esa institución representa una afectación para el estado, debido a que todavía no cuenta con los 600 millones de pesos entregados en ese momento.
“Para nosotros es importante comentar que, cuando se hace este tipo de inversión, esta institución estaba autorizada por la CNBV, lo cual, de alguna forma u otra garantizaba o le daba legalidad a la empresa. Sin duda, es un tema que va a afectar, no podemos negar esa situación, pero esperemos que en el pronto tiempo pueda ser liquidada y alcance el recurso para que pueda ser remunerado el estado con estos 600 millones de pesos”, apuntó el gobernador.
Exdirector del banco fue detenido en 2021
De acuerdo con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos hechos a favor de la institución hoy en quiebra están protegidos por hasta 400 mil UDIS. Al momento del cese de operaciones de la empresa, el valor máximo asegurado por el IPAB era de 2 millones 768 mil 169 pesos.
Cabe resaltar que el año pasado fue detenido el exdirector de Banco Accendo, Francisco Javier Reyes de la Campa, debido a una serie de irregularidades cometidas presuntamente durante su gestión al frente de la empresa. Estos hechos supuestamente tuvieron lugar en octubre de 2021.
La aprehensión fue ejecutada por la Fiscalía General de la Ciudad de México, pero tuvo como antecedente una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
