/ jueves 27 de febrero de 2020

Licitaciones mayores a 10 mdp necesitarán testigos

Tendrán la facultad de reportar anomalías ante los órganos internos de control o la Comisión Inspectora del Congreso

Las licitaciones a nivel estatal y municipal en las que se eroguen más de 120 mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, 10 millones 425 mil 600 pesos, deberán contar con la asistencia de testigos sociales, quienes tendrán la facultad de reportar anomalías ante los órganos internos de control o la Comisión Inspectora del Congreso.

Así se estableció en la reforma a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal que aprobó el Congreso y entró en vigor con su publicación en el Periódico Oficial del Estado. En el documento, se detallan los lineamientos conforme a los que operará esta figura e incluso la selección de los testigos, que será por convocatoria pública.

“En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a ciento veinte mil unidades de medida y actualización vigente en la entidad y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública, atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales”, expone el artículo 16 Bis.

La reforma detalla que la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías municipales tendrán a su cargo el padrón de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y recomendaciones, éste deberá tener difusión de cada dependencia.

Además de los requisitos para que un ciudadano se convierta en testigo social, se encuentran sus funciones, como la de proponer mejoras para fortalecer la transparencia y la imparcialidad en los procesos; dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones; y rendir su testimonio final.

Las modificaciones a la legislación también detallan que se exceptuará la participación de los testigos sociales en aquellos casos en los que los procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada o que ponga en riesgo la seguridad pública.


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Las licitaciones a nivel estatal y municipal en las que se eroguen más de 120 mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, 10 millones 425 mil 600 pesos, deberán contar con la asistencia de testigos sociales, quienes tendrán la facultad de reportar anomalías ante los órganos internos de control o la Comisión Inspectora del Congreso.

Así se estableció en la reforma a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal que aprobó el Congreso y entró en vigor con su publicación en el Periódico Oficial del Estado. En el documento, se detallan los lineamientos conforme a los que operará esta figura e incluso la selección de los testigos, que será por convocatoria pública.

“En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a ciento veinte mil unidades de medida y actualización vigente en la entidad y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública, atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales”, expone el artículo 16 Bis.

La reforma detalla que la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías municipales tendrán a su cargo el padrón de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y recomendaciones, éste deberá tener difusión de cada dependencia.

Además de los requisitos para que un ciudadano se convierta en testigo social, se encuentran sus funciones, como la de proponer mejoras para fortalecer la transparencia y la imparcialidad en los procesos; dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones; y rendir su testimonio final.

Las modificaciones a la legislación también detallan que se exceptuará la participación de los testigos sociales en aquellos casos en los que los procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada o que ponga en riesgo la seguridad pública.


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