Representantes de la iniciativa privada en Puebla, consideran que de aprobarse la Reforma al Poder Judicial se afectaría la relación comercial que tiene México con otros 52 países del mundo.
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Lo anterior, debido a que se estarían violando diversos capítulos de los tratados comerciales que se tienen actualmente, por lo que habría incertidumbre jurídica, falta de compromiso y un Estado de derecho inestable.
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Esto daría como resultado una pausa o disminución en las inversiones extranjeras directas que ya estaban previstas establecerse en el país para los próximos meses.
Guillermo Malpica Soto, consejero de atracción de inversión en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Sur, dio a conocer que el país tiene 14 tratados comerciales con 52 países, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, por mencionar algunos.
En estos se establecen compromisos para las alianzas, como son tratos justos y equitativos, marco legal y comercial estable, acceso a la justicia para los inversionistas, debido proceso, tribunales independientes, así como contar con mecanismos judiciales para atender reclamos.
Desde la perspectiva del empresario, con la Reforma Judicial se estarían violentando todos estos acuerdos que pondrían en incertidumbre a los inversionistas extranjeros.
Sin duda esto cambiará la percepción y el ambiente de negocios en nuestro país, pues se verá como un lugar que no es propicio para las inversiones. Esto es lo que nos causa preocupación, pues incluso, el estado mexicano puede recibir demandas porque las condiciones o compromisos del tratado no se cumplen ahondó.
Las inversiones bajarían en un 20% de manera inicial
Edhalí Moreno Cíntora, presidenta local del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), indicó que la violación de todos estos compromisos dará como resultado una baja en las inversiones.
Desde su óptica, también como economista, es que en los primeros meses de la aprobación de la reforma, caigan hasta en un 20 por ciento todos los proyectos que estaban destinados para el país.
Para ella, esto sería un grave problema para la economía, ya que el 46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México depende de todas las inversiones extranjeras.
México es la sexta economía más importante del mundo, pero depende mucho del extranjero. Imaginemos que no hay certeza jurídica, pues dejaríamos de ser atractivos y muchos de esos recursos se perderían. Estamos muy preocupados por todo esto indicó.
Agregó que la iniciativa judicial pesará más que muchas de las ventajas competitivas que tiene la República Mexicana, como es su cercanía con Estados Unidos y Canadá, mano de obro barata y diversidad de recursos naturales.
Piden hacer un estudio más profundo de la reforma
Ante el panorama antes expuesto, Rubén Furlong Martínez, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), hizo un llamado al Poder Legislativo para que antes de aprobar la reforma haga un estudio más profundo sobre sus implicaciones al corto, mediano y largo plazo.
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Desde su perspectiva, es importante modificarla, puesto que, está violentando los derechos laborales, el de los funcionarios, así como el de los propios socios comerciales.
Hoy más que nunca hago un llamado para que de verdad analicen la propuesta. La verdad es que sí necesitamos una reforma al Poder Judicial, pero el camino no es el que están haciendo ahora, pues el punto no es afectar a nadie expresó.
Finalmente, aseguró que si logran hacer una iniciativa que en verdad esté a la vanguardia, la República Mexicana se verá beneficiada con un mayor progreso económico, modernidad y confianza internacional.
¿En qué consiste la reforma?
Algunos de los cambios que propone la Reforma al Poder Judicial son que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sustituir el Consejo de la Judicatura Federal.
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También propone algunas reglas como un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para penales, prohibir otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, por mencionar algunos.
