A casi un año del enfrentamiento entre pobladores y policías estatales de Coyomeapan, que dejó como saldo tres personas muertas, la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH), emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta este 2023, el organismo aceptó que fue una ejecución arbitraria y que el ayuntamiento de Zoquitlán no apoyó a los habitantes cuando solicitaron ayuda de su ambulancia.
Fue en mayo del año pasado cuando se registró un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales, este hecho dio como resultado la muerte de tres personas. En un principio, el exgobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, negó la cifra, sólo dijo que había siete heridos, pero luego de dos días confirmó los decesos.
El movimiento de resistencia indígena Unidad por Coyomeapan aseguró que los policías les cerraron el paso, que ellos solicitaron apoyo de una ambulancia de Zoquitlán, pero que no quisieron ayudarlos. Todo esto, derivó del descontento de la población con respecto a los resultados electorales.
Los habitantes nunca estuvieron de acuerdo con el supuesto triunfo de Rodolfo García López, a quien calificaron de fraude y de ser parte de una familia llena de cacicazgos.
A punto de cumplir un año de todos estos hechos, la CDH en Puebla, acreditó la ejecución arbitraria de tres personas, así como las afectaciones a otras 7 por el empleo arbitrario de la fuerza pública, además de la omisión de prestar auxilio.
“Se emitió la recomendación 12/2023 a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, por la violación al derecho humano a la vida en agravio de tres personas, además a los derechos a la integridad y seguridad personal por las afectaciones causadas a otras siete, así como a la seguridad jurídica y a la verdad por omitir prestar protección o auxilio y no preservar el lugar de los hechos, actos atribuibles a personal adscrito a dicha Secretaría”, se pudo leer.
La recomendación también fue dirigida al ayuntamiento de Zoquitlán, por la violación al derecho de la seguridad jurídica de las víctimas, pues se confirmó que una ambulancia de dicho municipio acudió al lugar de los hechos y los servidores públicos que la tripulaban omitieron brindar auxilio.
La Comisión comprobó que los hechos no sucedieron de forma espontánea, inminente o urgente, sino que, de manera deliberada, los agentes de la policía estatal, los interceptaron y, sin indicaciones de por medio, abrieron fuego, en su contra.
Entre las recomendaciones a la Secretaría destacan las siguientes: Ofrecer una disculpa pública a las víctimas; proporcionar atención victimológica, incluida la psicológica y/o tanatológica; iniciar la investigación o en su caso continuar con la integración del expediente para que en el momento procesal oportuno dicte la determinación.
Asimismo, se pidió dar vista a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que inicie la investigación correspondiente en contra de las personas servidoras públicas que intervinieron.
Mientras que al gobierno de Zoquitlán, se pidió capacitar al personal que se hará cargo de la ambulancia asignada a dicho ayuntamiento; que se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos; y brindar capacitación al respecto. De igual modo, que dé vista a la contraloría municipal para el inicio de los procedimientos respectivos en contra de la síndica municipal, por haber emitido los informes de manera imprecisa y discrepante.
