/ domingo 27 de octubre de 2019

Abortan 13 poblanas en CDMX

La entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más casos  de este tipo

Entre julio y septiembre de este año 13 poblanas se practicaron un aborto legal en alguna de las 13 clínicas de salud sexual y reproductiva que brindan el servicio de manera legal, segura, confidencial y gratuita de la capital del país, según el Sistema de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Tomando en cuenta que de abril de 2007 (cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México) al 25 de julio de 2019, mil 336 mujeres de Puebla se interrumpieron el embarazo legalmente y al 26 de septiembre la cifra aumentó a mil 349, significa que 13 poblanas más se practicaron un aborto en la capital del país.

Con este número la entidad sigue ocupando el tercer lugar a nivel nacional con más interrupciones, mientras que, en el primero y segundo sitio, respectivamente, se encuentran Ciudad de México con 150 mil 737 abortos y Estado de México con 57 mil 564 registros.

El principal método que se utilizó fue el medicamento, seguido de la aspiración y, como tercera opción, el legrado uterino instrumentado.

Aunado a las cifras del ILE, el reporte publicado el 20 de octubre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que de enero a septiembre de este año se abrieron cuatro carpetas de investigación por aborto, en todo 2018 se abrieron cinco, en 2017 nueve, en 2016 se abrieron 13 y en 2015 fueron siete expedientes.

En Puebla el aborto sigue siendo ilegal y aunque las penas se redujeron con la reforma al Código Penal del Estado que envió el gobernador Miguel Barbosa, la interrupción se mantiene como un delito para el que se puede imponer de seis a un año de cárcel.

El 17 de octubre la diputada PRI, Rocío García Olmedo, volvió a presentar iniciativas de reformar para no criminalizar a las mujeres que aborten en la entidad. La propuesta que plantea sustituir la pena de prisión por trabajo comunitario, fue presentada en la Secretaría General del Congreso local para que en 180 días se estudiada y dictaminada en comisiones.

Entre julio y septiembre de este año 13 poblanas se practicaron un aborto legal en alguna de las 13 clínicas de salud sexual y reproductiva que brindan el servicio de manera legal, segura, confidencial y gratuita de la capital del país, según el Sistema de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Tomando en cuenta que de abril de 2007 (cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México) al 25 de julio de 2019, mil 336 mujeres de Puebla se interrumpieron el embarazo legalmente y al 26 de septiembre la cifra aumentó a mil 349, significa que 13 poblanas más se practicaron un aborto en la capital del país.

Con este número la entidad sigue ocupando el tercer lugar a nivel nacional con más interrupciones, mientras que, en el primero y segundo sitio, respectivamente, se encuentran Ciudad de México con 150 mil 737 abortos y Estado de México con 57 mil 564 registros.

El principal método que se utilizó fue el medicamento, seguido de la aspiración y, como tercera opción, el legrado uterino instrumentado.

Aunado a las cifras del ILE, el reporte publicado el 20 de octubre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que de enero a septiembre de este año se abrieron cuatro carpetas de investigación por aborto, en todo 2018 se abrieron cinco, en 2017 nueve, en 2016 se abrieron 13 y en 2015 fueron siete expedientes.

En Puebla el aborto sigue siendo ilegal y aunque las penas se redujeron con la reforma al Código Penal del Estado que envió el gobernador Miguel Barbosa, la interrupción se mantiene como un delito para el que se puede imponer de seis a un año de cárcel.

El 17 de octubre la diputada PRI, Rocío García Olmedo, volvió a presentar iniciativas de reformar para no criminalizar a las mujeres que aborten en la entidad. La propuesta que plantea sustituir la pena de prisión por trabajo comunitario, fue presentada en la Secretaría General del Congreso local para que en 180 días se estudiada y dictaminada en comisiones.

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