Los diputados del Congreso local aprobaron la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, mejor conocida como “Ley Bala; la discusión para su votación, provocó riñas entre los legisladores, quienes terminaron recordando la muerte de los exgobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y de Rafael Moreno Valle. La abrogación fue aprobada en lo general con 25 votos a favor y 12 abstenciones.
Previo a votarse, la diputada Vianey García Romero opinó que la abrogación iba a dar certeza jurídica a la población y recordó cuando asistió a una manifestación en contra de Ley Bala, llevaba una pancarta que decía “asesinos”, ya que en 2014 esta Ley provocó la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo. Posteriormente el equipo del exgobernador Rafael Moreno Valle, le retiró su consigna.
En respuesta, Oswaldo Jiménez señaló que la Ley Bala había sido satanizada, incluso consideró que revocarla iba a ser peligroso ya que las autoridades no iban a tener control de los desastres, y antes de dejar el pleno le dijo a García Romero que los únicos asesinos fueron los que tiraron helicópteros, haciendo alusión al accidente en donde fallecieron los exmandatarios.
A la discusión se sumó el diputado José Juan Espinosa, quien solicitó prudencia en los comentarios de los diputados y solicitó que el dictamen se turnara a Comisiones Unidas para un nuevo estudio y dictaminación.
Por su parte Héctor Alonso Granados expresó que las leyes son de observancia general y aplicables a los que infringen la Ley; asimismo, precisó que hay delitos graves y no graves, por lo que a todos hay que aplicarles la ley cuando dañan monumentos públicos o si matan a una persona.
Mientras que la diputada Rocío García Olmedo, cuestionó la inclusión del segundo transitorio del dictamen con minuta de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al argumentar que no podía quedar sin efecto como ahí se establece, toda vez que nunca entró en vigor.
Hay que recordar que, con diferentes fechas, a partir del 17 de septiembre de 2018, se presentaron iniciativas para abrogar la Ley y otras disposiciones, así como reformas, que fueron observadas por el Ejecutivo impidiendo concretar la intención de otorgar a las autoridades de seguridad pública y en especial a la ciudadanía, garantías sobre el uso adecuado de la fuerza pública.
