La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que la privatización del agua violó los derechos humanos de la población que habita en ciudades de siete ciudades mexicanas, entre ellas Puebla.
El servicio de la capital poblana tiene reservado su contrato hasta siete años después de la firma, existe represión mediática, las tarifas han aumentado de precio hasta 500 por ciento en algunas zonas, existen nuevos conceptos de cobro, además de una mala distribución del agua y falta claridad en el servicio.
Las reformas a la Ley del Agua se dieron en septiembre de 2013, en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, para que los organismos operadores de los municipios pudieran dar en concesión a empresas privadas el servicio de agua potable y alcantarillado. La compañía concesionaria es Agua de Puebla para Todos.
La CNDH dice que en las ciudades donde la privatización avanzó existen aumentos excesivos de las tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.
Las anomalías han generado que por ejemplo, en Aguascalientes, haya un 95 por ciento de consumo de agua embotellada.
Además de las ciudades de Puebla y Aguascalientes, se ha privatizado el servicio de agua en Cancún, Quintana Roo; Navojoa, Sonora; Saltillo, Coahuila; Ramos Arizpe, Coahuila; Veracruz y Medellín en Veracruz.
En el Informe plantea que en todos los casos el proceso de licitación se llevó a cabo sin participación de la ciudadanía y en forma opaca, con sospecha de corrupción en todos los casos. Además, durante la gestión de la empresa privatizada, las autoridades municipales no se han preocupado por las violaciones a los DHAYS –derechos humanos de agua potable y saneamiento-, y su respuesta a las quejas y demandas ciudadanas ha sido nula, en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas”, acusa.