La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que la privatización del agua violó los derechos humanos de la población que habita en ciudades de siete estados mexicanos, entre ellos Puebla.
El servicio de la capital poblana tiene reservado su contrato hasta siete años después de la firma, ya que existe presión mediática. Las tarifas han aumentado hasta 500 por ciento en algunas zonas y existen nuevos conceptos de cobro, además de una mala distribución del agua y falta claridad en el servicio.
Las reformas a la Ley del Agua se dieron en septiembre de 2013, en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, para que los organismos operadores de los municipios pudieran dar en concesión a empresas privadas el servicio de agua potable y alcantarillado. La compañía concesionaria es Agua de Puebla para Todos.
