Óscar Pérez Córdoba Amador, representante de la coalición Por Puebla al Frente y del PAN, presentó una solicitud de impedimento ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el magistrado José Luis Vargas Valdez se abstenga de conocer los juicios promovidos por Luis Miguel Barbosa Huerta y por Morena en los que se cuestiona la validez de la elección de la gubernatura de Puebla, en la que resultó electa Martha Erika Alonso Hidalgo.
A través de un comunicado argumentó que al publicar en una cuenta personal de Twitter un proyecto de sentencia sobre un asunto aún no resuelto, Vargas vulneró el deber de confidencialidad e incurrió en la prohibición de hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva, contemplados en el artículo 146 del Reglamento Interior del Tribunal.
Aseguró que el magistrado violó normas que regulan el comportamiento de un juzgador como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Modelo de Ética Judicial Electoral.
“Dicho acto, además, atrajo injustificadamente la atención a su persona en detrimento del comportamiento institucional que debe regir la función de un juzgador electoral, lo que, además, pone en duda la imparcialidad y la objetividad con la que debe conducirse, pues con dicha publicación se prejuzgó el asunto sometido a su conocimiento, de tal suerte que en lugar de resolver jurisdiccionalmente las dinámicas políticas su actuar ha politizado aún más la resolución del asunto”.
Expuso que el Código de Ética asevera que los servidores judiciales electorales no deben proporcionar o comprometer debates, resultados o votaciones en cualquier forma o modo y se deben conducir con secrecía respecto a información reservada o confidencial.
Asimismo, Córdova Amador consideró que se violó el deber del magistrado de esforzarse para que la imagen y prestigio de la institución sea respetada, “evitando en todo momento, con su conducta, comprometer la independencia, imparcialidad y objetividad de su actuación pública, realizando las labores encomendadas y desechando presiones e intereses extraños, de manera que se abstendrán de admitir recomendaciones que influyan en el trámite o resolución de los asuntos sometidos a su potestad”.
Finalmente, aseguró que Vargas vulneró los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, independencia y confidencialidad. “Paradójicamente, en las páginas 168 y subsecuentes del proyecto multicitado en su cuenta de Twitter, el citado magistrado afirma que el actuar profesional se refiere al ejercicio responsable y serio del cargo, lo que ignoró deliberadamente al buscar la atención mediática y el aplauso fácil mediante la publicación, sin sustento jurídico alguno, del citado proyecto”.
El magistrado ponente actuó de manera arbitraria e irresponsable al difundir en sus redes sociales el proyecto citado, finalizó.
