Luego de que se diera a conocer que la UIF había congelado las cuentas de los dirigentes de Antorcha Campesina, la organización denunció que el gobernador Miguel Barbosa Huerta está detrás de esto, haciendo una venganza política como represalias a sus marchas para exigirle un mejor gobierno.
A través de un comunicado el grupo antorchista anunció que esta persecución política tendrá por respuesta un enérgico movimiento nacional de protesta, pues “la maniobra de congelar cuentas a opositores al gobernador morenista es un acto reprobable de fabricación de delitos”.
En el documento se puede leer, “El gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, recurre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para instrumentar ataques mediáticos y represión política contra el Movimiento Antorchista Nacional”.
Asimismo, acusan que la Fiscalía Federal se está prestando a las “venganzas políticas” por parte del gobernador Barbosa Huerta, debido a que la organización le ha cuestionado en anteriores ocasiones por el manejo de su gobierno, por lo que aseguran que reteniendo las cuentas de los dirigentes busca bloquear arbitrariamente el financiamiento legal del gremio que se ha convertido en su principal opositora en la entidad.
Brasil Acosta Peña, diputado federal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización asegura que “Barbosa busca frenar el papel ascendente del Movimiento Antorchista en la opinión pública de Puebla, donde su oposición y críticas a las políticas equivocadas y antipopulares del gobierno morenista han formado una corriente de opinión de cientos de miles de poblanos que seguramente votarán en contra de Morena.
Barbosa ve perdidas las próximas elecciones, no tiene argumentos para defender su gobierno y recurre a la represión abierta, pero la UIF no debe ser el garrote de la 4T para perseguir opositores y críticos. La persecución política en Puebla tendrá por respuesta un enérgico movimiento nacional de protesta” afirmó Acosta Peña
El diputado federal remata diciendo que desde que Barbosa llegó al gobierno estatal, se ha declarado la guerra a cualquier ciudadano y organización que le exija cumplimiento de sus promesas y atención a los miles de problemas de los poblanos. Estudiantes, maestros, médicos, obreros, alcaldes, el rector de la BUAP, dirigentes de partidos políticos de oposición y organizaciones sociales.
