/ sábado 21 de julio de 2018

Acusan trabajadores de Sagarpa despido injustificado por “favores políticos”

Los agraviados mencionan que fueron excluidos antes que finalizara su contrato

Quince de 55 trabajadores de confianza de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fueron despedidos antes de que finalizara su contrato trimestral tras el arribo del nuevo delegado, Germán Barnard Alcaráz, para ser sustituidos como pago de “favores políticos”.

El contrato debía terminar el próximo 16 de agosto. El grupo de burócratas manifestó su inconformidad porque el argumento que dio el nuevo titular de la delegación fue que se terminaban los contratos de manera anticipada porque hacían daño al erario, a pesar de que hay recursos etiquetados para salarios hasta el 30 de noviembre, según consta en un documento enviado a la abogada general, Marielle Roccatti, el pasado 10 de julio.

Personal afectado dijo que los despidos comenzaron el pasado 6 de julio, cuando fueron cesadas 15 personas, y que se acabarán las plazas para 40 más hasta el próximo 16 de agosto, cuando también se cierra el plazo para hacer nuevas contrataciones en el Gobierno de la república.

Uno de los nuevos contratados es Omar Álvarez Arronte, quien habría participado como coordinador en la campaña del ahora gobernador del PAN, Antonio Gali Fayad, y fue recomendado por el excandidato del PRI Enrique Doger Guerrero, para quien trabajó en esta elección y quien recientemente reconoció a Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa de Rafael Moreno Valle, como gobernadora electa, a pesar de que existe una impugnación ante los tribunales por haber cometido un supuesto fraude electoral, acusaron.

Los colaboradores despedidos demandan el pago de sus servicios desde el día en que salieron de la Sagarpa hasta el próximo 16 de agosto, cuando terminarían formalmente los contratos para el personal de confianza.

Denunciaron que tras la llegada de Barnard, el autonombrado coordinador ejecutivo de la delegación, Mario Ulises Pereira aumentó “los moches” de 15 a 20 por ciento a los proveedores que participan en la delegación.

“En radiopasillo de la propia delegación se comenta que Pereira Castelán pasó incluso a llevarse al baile al anterior delegado, Hilario Valenzuela Corrales. En las cuentas que se manejan por lo del moche hay quienes aseguran que por lo menos durante el año y medio que tiene ahí ya se ha embolsado unos 4 millones. Valdría la pena que el órgano de control y la Auditaría Superior de la Federación le dieran una investigación al caso”, comentó uno de los afectados, que prefirió quedar en el anonimato por miedo a represalias.

Sobre Álvarez Arronte, los afectados aseguraron que con su ingreso a la Sagarpa ya tiene dos plazas federales, toda vez que está prohibido por las leyes mexicanas, y que su ingreso fue un pago político ya que este personaje fue traidor del PRI.


Quince de 55 trabajadores de confianza de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fueron despedidos antes de que finalizara su contrato trimestral tras el arribo del nuevo delegado, Germán Barnard Alcaráz, para ser sustituidos como pago de “favores políticos”.

El contrato debía terminar el próximo 16 de agosto. El grupo de burócratas manifestó su inconformidad porque el argumento que dio el nuevo titular de la delegación fue que se terminaban los contratos de manera anticipada porque hacían daño al erario, a pesar de que hay recursos etiquetados para salarios hasta el 30 de noviembre, según consta en un documento enviado a la abogada general, Marielle Roccatti, el pasado 10 de julio.

Personal afectado dijo que los despidos comenzaron el pasado 6 de julio, cuando fueron cesadas 15 personas, y que se acabarán las plazas para 40 más hasta el próximo 16 de agosto, cuando también se cierra el plazo para hacer nuevas contrataciones en el Gobierno de la república.

Uno de los nuevos contratados es Omar Álvarez Arronte, quien habría participado como coordinador en la campaña del ahora gobernador del PAN, Antonio Gali Fayad, y fue recomendado por el excandidato del PRI Enrique Doger Guerrero, para quien trabajó en esta elección y quien recientemente reconoció a Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa de Rafael Moreno Valle, como gobernadora electa, a pesar de que existe una impugnación ante los tribunales por haber cometido un supuesto fraude electoral, acusaron.

Los colaboradores despedidos demandan el pago de sus servicios desde el día en que salieron de la Sagarpa hasta el próximo 16 de agosto, cuando terminarían formalmente los contratos para el personal de confianza.

Denunciaron que tras la llegada de Barnard, el autonombrado coordinador ejecutivo de la delegación, Mario Ulises Pereira aumentó “los moches” de 15 a 20 por ciento a los proveedores que participan en la delegación.

“En radiopasillo de la propia delegación se comenta que Pereira Castelán pasó incluso a llevarse al baile al anterior delegado, Hilario Valenzuela Corrales. En las cuentas que se manejan por lo del moche hay quienes aseguran que por lo menos durante el año y medio que tiene ahí ya se ha embolsado unos 4 millones. Valdría la pena que el órgano de control y la Auditaría Superior de la Federación le dieran una investigación al caso”, comentó uno de los afectados, que prefirió quedar en el anonimato por miedo a represalias.

Sobre Álvarez Arronte, los afectados aseguraron que con su ingreso a la Sagarpa ya tiene dos plazas federales, toda vez que está prohibido por las leyes mexicanas, y que su ingreso fue un pago político ya que este personaje fue traidor del PRI.


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