La alcaldesa electa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, anunció el inicio de procesos legales contra su próximo antecesor, Leoncio Paisano, por diversas irregularidades detectadas como nueve obras inconclusas por un monto superior a 112 millones de pesos, la entrega de un bono de fin de gestión a trabajadores por 20 millones de pesos y la creación hace tres meses de un sindicato municipal.
Pidió al aún alcalde rendir un informe público de estos casos dando a conocer que estas anomalías, pueden poner en riesgo parte de su proyecto de gobierno que comienza este 15 de octubre.
En conferencia de prensa a la que llegó 30 minutos después de la hora citada, la presidenta municipal electa emanada de Morena lamentó la falta de apertura de Leoncio Paisano en concretar el proceso de entrega-recepción de todo cambio de administración, sin embargo, anticipó que se actuará conforme a la ley y proceder con denuncias si logran comprobarse las anomalías.
“El Ayuntamiento actual lo que nos deja es un proyecto a todas luces que no cumplió con su responsabilidad de terminar las obras en tiempo y forma, en la primera reunión con Leoncio Paisano para este pacto de civilidad se comprometió a terminar las obras más importantes para no generar un descalabro en el proyecto municipal –entrante-”, criticó.
De acuerdo con el análisis realizado, dijo que suman en total nueve obras sin concluir por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula destacando: la construcción del DIF municipal por un monto contratado por 54 millones 783 mil pesos con un avance físico del 69 por ciento; 42 por ciento de avance en la modificación de la línea eléctrica aérea en avenida 5 de Mayo con la cabecera municipal y cuyo monto oscila en 21 millones 469 mil pesos.
Igualmente aparecen la rehabilitación y adoquinamiento de calles y vialidades, embovedado de un canal pluvial y la consolidación de una alberca semiolímpica, entre otras más.
“Exigimos al presidente –municipal- Leoncio Paisano a rendir informe público detallado de las condiciones que deja su administración municipal, en los rubros citados y de otras que desconocemos al mantener reservada la información, pues es de conocimiento público que han destruido mucha papelería oficial”, destacó.
Lamentó que el Ayuntamiento haya autorizado un bono de fin de gobierno de 20 millones de pesos a los trabajadores cuando existen proyectos sin concluir. Asimismo cuestionó la creación de un sindicato que desde su punto de vista, tiene indicios de generar conflicto a su gobierno a partir del 15 de octubre.
Karina Pérez declaró que las obras no pueden quedarse incompletas por lo que habrá revisión exhaustiva de las prioridades, dando a conocer que estos inconvenientes ponen en riesgo compromisos de campaña pero la intención será dar salida a acciones como el parque intermunicipal.
“Si tienen que ser llamados a rendir cuentas a estas observaciones que en su momento, como lo marca la ley en los primeros 90 días de inicio de gestión, haremos la denuncia pertinente y serán llamados”, revelando que igualmente contempla la intervención del Congreso local.
CASO CACALOTEPEC
La presidenta municipal electa rechazó la expropiación hecha por el mandato de Leoncio Paisano contra propietarios de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec y vecinos que se localizan en ambos lados de la autopista a Atlixco.
Sin conocer a fondo del tema, refirió que no está justificada la causa de utilidad pública y utilizando la Ley de Expropiación, recientemente derogada por el Congreso local.
Una vez en funciones, dijo que será analizado a fondo el tema pero sin desproteger a los inconformes.
En este sentido, hicieron su aparición afectados de esa junta auxiliar para denunciar irregularidades en el proceso de expropiación con la finalidad de favorecer al grupo constructor Proyecta.
Enrique Sánchez mostró un documento sin folio ni sellos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, donde le informaron el lunes por la tarde la expropiación de su propiedad, acción que se repitió igualmente con al menos otras 10 personas.
Acusó al Ayuntamiento de favorecer los intereses de empresarios en lugar de los habitantes por lo que procedieron a realizar las denuncias correspondientes por daño a propiedad ajena.
