/ jueves 24 de septiembre de 2020

Amplían facultades a la Auditoría; tendrá laboratorio para valorar obra pública

Esta iniciativa implica que el órgano de fiscalización ampliará sus funciones y recibirá más recursos materiales, humanos y financieros

El Congreso de Puebla otorgó más facultades a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para verificar, a través de un laboratorio, la calidad de los materiales que se utilicen para las obras públicas y se realicen por el estado y los municipios.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de Encuentro Social, Miguel Trujillo de Ita, quien propuso la inclusión de un laboratorio de obras públicas en la ASE, con el fin de que pueda revisar la calidad de los materiales con los que se desarrollan las obras públicas en Puebla, sin la necesidad de recurrir al servicio de terceros.

El dictamen fue aprobado por 27 votos a favor y 11 abstenciones, mismo que será enviado al Ejecutivo para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Se modificó el artículo 33 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, respecto a las atribuciones de la ASE para específicamente habilitar la de recabar muestras y practicar pruebas de la obra pública que se realice por el estado y los municipios, así como auditar y evitar sobrecostos.

Esto significa que el órgano de fiscalización ampliará sus funciones y recibirá más recursos materiales, humanos y financieros, lo que generó inconformidad de los diputados de oposición Mónica Rodríguez Della Vecchia y José Juan Espinosa Torres; este último advirtió que el Poder Legislativo tendrá que destinar más presupuesto a la Auditoría y habrá monopolización en las pruebas de laboratorio.

En la sesión plenaria, la presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso, Olga Lucía Romero Garci Crespo dijo que la legislación entrará en funciones el 1 de enero de 2021 para dar tiempo de planear y programar su implementación.

El diputado Miguel Trujillo mencionó que la intención del dictamen es contribuir en la correcta aplicación de los recursos públicos en materia de obra pública, con lo que se busca auditar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades de fiscalización, pues si bien pueden contratar laboratorios de control de calidad, estos avalan conceptos que no son aceptados por la norma.

El Congreso de Puebla otorgó más facultades a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para verificar, a través de un laboratorio, la calidad de los materiales que se utilicen para las obras públicas y se realicen por el estado y los municipios.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de Encuentro Social, Miguel Trujillo de Ita, quien propuso la inclusión de un laboratorio de obras públicas en la ASE, con el fin de que pueda revisar la calidad de los materiales con los que se desarrollan las obras públicas en Puebla, sin la necesidad de recurrir al servicio de terceros.

El dictamen fue aprobado por 27 votos a favor y 11 abstenciones, mismo que será enviado al Ejecutivo para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Se modificó el artículo 33 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, respecto a las atribuciones de la ASE para específicamente habilitar la de recabar muestras y practicar pruebas de la obra pública que se realice por el estado y los municipios, así como auditar y evitar sobrecostos.

Esto significa que el órgano de fiscalización ampliará sus funciones y recibirá más recursos materiales, humanos y financieros, lo que generó inconformidad de los diputados de oposición Mónica Rodríguez Della Vecchia y José Juan Espinosa Torres; este último advirtió que el Poder Legislativo tendrá que destinar más presupuesto a la Auditoría y habrá monopolización en las pruebas de laboratorio.

En la sesión plenaria, la presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso, Olga Lucía Romero Garci Crespo dijo que la legislación entrará en funciones el 1 de enero de 2021 para dar tiempo de planear y programar su implementación.

El diputado Miguel Trujillo mencionó que la intención del dictamen es contribuir en la correcta aplicación de los recursos públicos en materia de obra pública, con lo que se busca auditar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades de fiscalización, pues si bien pueden contratar laboratorios de control de calidad, estos avalan conceptos que no son aceptados por la norma.

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