/ martes 3 de marzo de 2020

Analiza gobierno alternativas jurídicas para frenar privatización del agua

Los tribunales ordenaron a la empresa modificar sus tarifas

La administración estatal todavía analiza las alternativas jurídicas para modificar el esquema de privatización del agua y garantizar el acceso al servicio, afirmó el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez.

Ante las condiciones jurídicas en las que se encuentra el contrato con la empresa Concesiones Integrales o comercialmente conocida como Agua de Puebla, el secretario expuso que no hay fecha para avanzar en este proceso de revocación.

“Refrendaría lo que ha sido una postura puntual de este gobierno respecto al tema de la privatización del agua, obviamente este gobierno no comparte esta situación y en ese sentido se están evaluando lo que son las distintas alternativas en el marco de lo jurídico que permitan garantizar el derecho que tienen los poblanos a contar con este importante servicio vital”, indicó.

David Méndez resaltó que las acciones que se realizan desde el Poder Legislativo para garantizar el acceso al agua son adicionales a la ruta jurídica que tiene la administración, que insistió, analiza la vía jurídica para modificar el esquema de privatización.

El Sol de Puebla publicó que luego de ganar 189 amparos contra la concesionaria, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, declaró que son inconstitucionales las tarifas del servicio de agua potable que se aprobaron en 2014 por el Congreso local, por lo que la empresa tendrá que devolver lo que ciudadanos pagaron en exceso.

A 7 MESES DE GOBIERNO NO SE HA REVOCADO LA CONCESIÓN

Aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta se comprometió desde su toma de protesta a revisar la concesión del agua, una vez en funciones enfatizó la complejidad jurídica para revertir este proceso.

En una entrevista que concedió el 6 de agosto, a menos de una semana de haber tomado protesta, informó que estableció una ruta jurídica para el análisis de la concesión del agua y a la par, atender el abastecimiento del servicio en la entidad

“Créanme que este es un asunto de alto calado, quienes participaron en nombre del estado, lo comprometieron de una manera terrible, acotaron la competencia para resolver los litigios de ese asunto hasta con tribunales internacionales, hicieron todo para crear un esquema, de tal suerte que fuera muy complicada la rescisión del contrato”, dijo en ese momento.

En diversas ocasiones, el mandatario sostuvo el agua es un derecho y no un negocio, en ese sentido ejercería sus atribuciones como gobernador y velar así por los intereses del estado, por lo que en un inicio se realizaría un análisis de fondo en el ámbito jurídico, financiero, contable y de impacto social.

En una entrevista el 23 de octubre, el gobernador reconoció que no había avances en la materia y continuaba la evaluación de la estrategia para mejorar la calidad del agua y el abasto, ya que además de la revocación de la concesión, lo importante era garantizar el servicio.

“Son intereses muy poderosos con los cuales hay que actuar con estrategia, tengo contratados de los mejores abogados del país (...) el tema del agua no sólo es revocar la concesión, es que la gente de Puebla tenga agua”, expuso ese día.

Luego del llamado que hizo en noviembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para revertir la concesión del agua, el gobernador Miguel Barbosa abrió la posibilidad de que la administración otorgara el servicio, aplicando un plan para combatir la carencia de agua.

“Nunca he descartado figura de la intervención que es, no vas a cumplir, con permisito, con permisito, nosotros lo operamos, tengo todo, créanme que tengo una formación para conocer perfectamente las cosas, tengo un despacho de los más importantes de México metido en el tema porque contra quien nos vamos a enfrentar son de los hombres más poderosos en esa materia y no les tengo miedo”, acotó.

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La administración estatal todavía analiza las alternativas jurídicas para modificar el esquema de privatización del agua y garantizar el acceso al servicio, afirmó el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez.

Ante las condiciones jurídicas en las que se encuentra el contrato con la empresa Concesiones Integrales o comercialmente conocida como Agua de Puebla, el secretario expuso que no hay fecha para avanzar en este proceso de revocación.

“Refrendaría lo que ha sido una postura puntual de este gobierno respecto al tema de la privatización del agua, obviamente este gobierno no comparte esta situación y en ese sentido se están evaluando lo que son las distintas alternativas en el marco de lo jurídico que permitan garantizar el derecho que tienen los poblanos a contar con este importante servicio vital”, indicó.

David Méndez resaltó que las acciones que se realizan desde el Poder Legislativo para garantizar el acceso al agua son adicionales a la ruta jurídica que tiene la administración, que insistió, analiza la vía jurídica para modificar el esquema de privatización.

El Sol de Puebla publicó que luego de ganar 189 amparos contra la concesionaria, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, declaró que son inconstitucionales las tarifas del servicio de agua potable que se aprobaron en 2014 por el Congreso local, por lo que la empresa tendrá que devolver lo que ciudadanos pagaron en exceso.

A 7 MESES DE GOBIERNO NO SE HA REVOCADO LA CONCESIÓN

Aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta se comprometió desde su toma de protesta a revisar la concesión del agua, una vez en funciones enfatizó la complejidad jurídica para revertir este proceso.

En una entrevista que concedió el 6 de agosto, a menos de una semana de haber tomado protesta, informó que estableció una ruta jurídica para el análisis de la concesión del agua y a la par, atender el abastecimiento del servicio en la entidad

“Créanme que este es un asunto de alto calado, quienes participaron en nombre del estado, lo comprometieron de una manera terrible, acotaron la competencia para resolver los litigios de ese asunto hasta con tribunales internacionales, hicieron todo para crear un esquema, de tal suerte que fuera muy complicada la rescisión del contrato”, dijo en ese momento.

En diversas ocasiones, el mandatario sostuvo el agua es un derecho y no un negocio, en ese sentido ejercería sus atribuciones como gobernador y velar así por los intereses del estado, por lo que en un inicio se realizaría un análisis de fondo en el ámbito jurídico, financiero, contable y de impacto social.

En una entrevista el 23 de octubre, el gobernador reconoció que no había avances en la materia y continuaba la evaluación de la estrategia para mejorar la calidad del agua y el abasto, ya que además de la revocación de la concesión, lo importante era garantizar el servicio.

“Son intereses muy poderosos con los cuales hay que actuar con estrategia, tengo contratados de los mejores abogados del país (...) el tema del agua no sólo es revocar la concesión, es que la gente de Puebla tenga agua”, expuso ese día.

Luego del llamado que hizo en noviembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para revertir la concesión del agua, el gobernador Miguel Barbosa abrió la posibilidad de que la administración otorgara el servicio, aplicando un plan para combatir la carencia de agua.

“Nunca he descartado figura de la intervención que es, no vas a cumplir, con permisito, con permisito, nosotros lo operamos, tengo todo, créanme que tengo una formación para conocer perfectamente las cosas, tengo un despacho de los más importantes de México metido en el tema porque contra quien nos vamos a enfrentar son de los hombres más poderosos en esa materia y no les tengo miedo”, acotó.

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