/ martes 17 de octubre de 2017

Aplica Estado 41 sanciones a servidores públicos de Puebla

El gobierno de Antonio Gali Fayad ha aplicado un total de 41sanciones a servidores públicos de enero a septiembre de esteaño, destacando una multa por 18.3 millones de pesos, unainhabilitación temporal por 12 años y una destitución delcargo.

De acuerdo  con el “Listado de servidores públicos consanciones administrativas”, difundido por la Secretaría de laContraloría, estos castigos han aterrizado en 38 servidorespúblicos, dado que tres de ellos tienen doble penalidad.

Según una revisión que realizó este medio de comunicación enlos documentos subidos en la plataforma de Transparencia de laadministración estatal, existen ocho casos en los que lassanciones superan los 100 mil pesos, siendo las más altas las de18.3 y 13.8 millones de pesos.

En el primero de los casos fue en contra de Carlos BulmaroLaredo Torres, quien fuera encargado de despacho de laSubdirección de Finanzas del Consejo Estatal de Coordinación delSistema Nacional de Seguridad Pública.

En los documentos no se informa el motivo de la sanción, aunquesí se explica que también fue inhabilitado por 12 años paradesempeñar, empleos, cargos o comisiones en el servicio públicoya que trasgredió el artículo 50 fracción IX de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado dePuebla.

“Lo anterior, con la finalidad de suprimir prácticas queinfrinjan cualquier forma las disposiciones de la Ley de la materiao las bases que se dicten con base en ella”, se lee en eldocumento.

En tanto, la sanción económica de 13.8 millones de pesos se leaplicó a José Antonio Garrido Natarén, exrector y encargado dela Universidad Tecnológica de Tecamachalco, quien también estáinhabilitado por 12 años.

Él es uno de los sujetos que tienen dos  procesos iniciadospor parte de la Secretaría de la Contraloría, a cargo de RodolfoSánchez Corro.

Según el listado, no solo se han presentado inhabilitacionessino hasta destituciones del cargo, tal es el caso de María delCarmen Manuela Hernández Ramos, quien era auxiliar de puericulturaadscrita a la estancia infantil 2 del Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderesdel Estado de Puebla (ISSSTEP).

A principios de agosto de este año el contralor estatalreportó que durante la actual administración se han aplicado 23sanciones en contra de servidores públicos por actos decorrupción.

El gobierno de Antonio Gali Fayad ha aplicado un total de 41sanciones a servidores públicos de enero a septiembre de esteaño, destacando una multa por 18.3 millones de pesos, unainhabilitación temporal por 12 años y una destitución delcargo.

De acuerdo  con el “Listado de servidores públicos consanciones administrativas”, difundido por la Secretaría de laContraloría, estos castigos han aterrizado en 38 servidorespúblicos, dado que tres de ellos tienen doble penalidad.

Según una revisión que realizó este medio de comunicación enlos documentos subidos en la plataforma de Transparencia de laadministración estatal, existen ocho casos en los que lassanciones superan los 100 mil pesos, siendo las más altas las de18.3 y 13.8 millones de pesos.

En el primero de los casos fue en contra de Carlos BulmaroLaredo Torres, quien fuera encargado de despacho de laSubdirección de Finanzas del Consejo Estatal de Coordinación delSistema Nacional de Seguridad Pública.

En los documentos no se informa el motivo de la sanción, aunquesí se explica que también fue inhabilitado por 12 años paradesempeñar, empleos, cargos o comisiones en el servicio públicoya que trasgredió el artículo 50 fracción IX de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado dePuebla.

“Lo anterior, con la finalidad de suprimir prácticas queinfrinjan cualquier forma las disposiciones de la Ley de la materiao las bases que se dicten con base en ella”, se lee en eldocumento.

En tanto, la sanción económica de 13.8 millones de pesos se leaplicó a José Antonio Garrido Natarén, exrector y encargado dela Universidad Tecnológica de Tecamachalco, quien también estáinhabilitado por 12 años.

Él es uno de los sujetos que tienen dos  procesos iniciadospor parte de la Secretaría de la Contraloría, a cargo de RodolfoSánchez Corro.

Según el listado, no solo se han presentado inhabilitacionessino hasta destituciones del cargo, tal es el caso de María delCarmen Manuela Hernández Ramos, quien era auxiliar de puericulturaadscrita a la estancia infantil 2 del Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderesdel Estado de Puebla (ISSSTEP).

A principios de agosto de este año el contralor estatalreportó que durante la actual administración se han aplicado 23sanciones en contra de servidores públicos por actos decorrupción.

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