El Sistema Estatal DIF entregó al DIF Nacional información de los registros y base de datos de niñas, niños y adolescentes que fueron entregados en adopción, las personas que la solicitaron y los procedimientos nacionales e internacionales de adopción si es que las hubo, en el marco de la investigación que existe por la presunta venta de infantes.
El organismo estatal se comprometió a enviar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, la información que se genere de los registros mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles del siguiente mes, y para el cumplimiento de ello nombró a Nicandro Juárez Acevedo como procurador estatal.
También entregó el informe de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, los que están en situación de maltrato, las autorizaciones y cancelaciones de trabajadores sociales, en psicología o carreras afines que intervienen en los procedimientos de adopción.
Los datos de la familia de acogida, la persona que ejerce la guarda y custodia, sus ingresos y egresos, los datos de los Centros de Asistencia Social (CAS), los servicios que brinda, información de los directivos, representantes legales, profesionales, no profesionales bajo contrato y voluntarios, así como los infantes y adolescentes que tienen bajo custodia.
De igual forma los resultados de las visitas de supervisión a los centros, los planes de restitución de derechos y medidas de protección de las niñas, niños y adolescentes.
El 5 de junio de este año el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el entonces director general del DIF en Puebla, Arturo Hernández Davy, firmaron el convenio de colaboración para el intercambio de información para la implementación y actualización de sistemas, registros y bases de datos en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El convenio fue publicado este martes 3 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que ambos sistemas se comprometieron a establecer mecanismos en tres ejes temáticos: coordinación y colaboración para la atención de casos, intercambio de información y asesoría para el diseño de lineamientos, modelos de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos.
Una de las cláusulas señala que el DIF estatal y nacional tendrán que celebrar convenios por escrito en los que describan las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces y coordinadores o responsables, recursos técnicos materiales, publicación de resultados y actividades de difusión, controles de evaluación y seguimiento, así como los aspectos y elementos para determinar sus propósitos, alcances y operación.
El pasado 23 de agosto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que en el Sistema Estatal DIF habían detectado venta de niños y anunció que las áreas jurídicas presentarán las denuncias una vez que tengan los elementos necesarios.