/ martes 13 de julio de 2021

Aprueban en comisiones eliminar la figura de “testigos sociales” en procesos de obras y licitaciones

Los diputados también autorizaron al ayuntamiento de San Andrés Cholula la donación a título gratuito del predio “Acahualtepetzi”

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local avaló eliminar la figura de “testigos sociales” en los procesos de obras y licitaciones del gobierno; además aprobó la donación de un predio a favor de una asociación ligada al esposo de la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.

Aunque la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa ingresó apenas este martes, los diputados la avalaron por mayoría de votos el mismo día. Las reglas de esta figura fueron impugnadas en 2020 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El organismo defensor promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos que establecen como requisitos para ser testigo social en las licitaciones públicas que se lleven a cabo en el estado de Puebla, no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad, ni sancionado como servidor público.

La iniciativa del gobernador deroga el artículo 16 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como el artículo 42 Bis de la Ley de Obra Pública y Servicios para el Estado de Puebla.

Según el dictamen, la finalidad es reorientar la inversión del gasto público en acciones prioritarias para reducir la brecha de desigualdad en la entidad, procurando que el destino de recursos atienda las necesidades de los poblanos.

El diputado Nibardo Hernández Sánchez dijo que “si bien a nivel estatal se propuso la institucionalización del testigo social como instrumento de participación ciudadana en la toma de decisiones de la esfera pública, previendo para el desempeño de tal figura el pago de una contraprestación a cargo del erario estatal, ahora surge la premisa mayor de orientar la inversión del gasto público para reducir la pobreza y brecha de desigualdad social entre personas y regiones”.

La iniciativa establece que la derogación de las porciones legales en el marco jurídico de actuación del “testigo social”, no representa un retroceso respecto de los mecanismos necesarios para la detección de conductas reprochables.

Lo anterior ya que, con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos tienen la obligación de observar los principios de legalidad y rendición de cuentas que los rigen y que, en caso de no observarse tales principios, corresponde a la Secretaría de la Función Pública el desahogo de los procedimientos para las sanciones respectivas.

AUTORIZAN DONACIÓN DE PREDIO A ASOCIACIÓN EN CHOLULA

Asimismo, los diputados de la comisión autorizaron al ayuntamiento de San Andrés Cholula la donación a título gratuito del predio “Acahualtepetzi” de 7 mil 575 metros cuadrados, ubicado en San Bernardino Tlaxcalancingo, a favor de la asociación civil Protectora del Patrimonio Comunitario de Tlaxcalancingo, ligada al esposo de la presidenta municipal Karina Pérez Popoca, Javier Elías Amaxal.

Además, avalaron reformas a diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán para el ejercicio fiscal de 2021. Los dictámenes aprobados fueron enviados al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y aval final.

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local avaló eliminar la figura de “testigos sociales” en los procesos de obras y licitaciones del gobierno; además aprobó la donación de un predio a favor de una asociación ligada al esposo de la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.

Aunque la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa ingresó apenas este martes, los diputados la avalaron por mayoría de votos el mismo día. Las reglas de esta figura fueron impugnadas en 2020 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El organismo defensor promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos que establecen como requisitos para ser testigo social en las licitaciones públicas que se lleven a cabo en el estado de Puebla, no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad, ni sancionado como servidor público.

La iniciativa del gobernador deroga el artículo 16 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como el artículo 42 Bis de la Ley de Obra Pública y Servicios para el Estado de Puebla.

Según el dictamen, la finalidad es reorientar la inversión del gasto público en acciones prioritarias para reducir la brecha de desigualdad en la entidad, procurando que el destino de recursos atienda las necesidades de los poblanos.

El diputado Nibardo Hernández Sánchez dijo que “si bien a nivel estatal se propuso la institucionalización del testigo social como instrumento de participación ciudadana en la toma de decisiones de la esfera pública, previendo para el desempeño de tal figura el pago de una contraprestación a cargo del erario estatal, ahora surge la premisa mayor de orientar la inversión del gasto público para reducir la pobreza y brecha de desigualdad social entre personas y regiones”.

La iniciativa establece que la derogación de las porciones legales en el marco jurídico de actuación del “testigo social”, no representa un retroceso respecto de los mecanismos necesarios para la detección de conductas reprochables.

Lo anterior ya que, con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos tienen la obligación de observar los principios de legalidad y rendición de cuentas que los rigen y que, en caso de no observarse tales principios, corresponde a la Secretaría de la Función Pública el desahogo de los procedimientos para las sanciones respectivas.

AUTORIZAN DONACIÓN DE PREDIO A ASOCIACIÓN EN CHOLULA

Asimismo, los diputados de la comisión autorizaron al ayuntamiento de San Andrés Cholula la donación a título gratuito del predio “Acahualtepetzi” de 7 mil 575 metros cuadrados, ubicado en San Bernardino Tlaxcalancingo, a favor de la asociación civil Protectora del Patrimonio Comunitario de Tlaxcalancingo, ligada al esposo de la presidenta municipal Karina Pérez Popoca, Javier Elías Amaxal.

Además, avalaron reformas a diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán para el ejercicio fiscal de 2021. Los dictámenes aprobados fueron enviados al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y aval final.

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