/ martes 10 de diciembre de 2019

Aprueban en el Congreso la Ley de Planeación para el Desarrollo de Puebla

En esta disposición, los presidentes de las juntas auxiliares tendrán mayor injerencia en las decisiones de los Ayuntamientos

El Congreso local aprobó la expedición de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que blinda el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ya que, ante la ausencia definitiva del mandatario, el interino o electo deberá sujetarse a dicho plan y darle continuidad.

El decreto fue enviado por Barbosa al Congreso, después de que el estado atravesó por un periodo de incertidumbre tras la muerte de su antecesora, Martha Érika Alonso Hidalgo el 24 de diciembre de 2018, y que el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido también tuvo que elaborar un Plan Estatal de Desarrollo.

Con 39 votos a favor, las y los diputados de la LX legislatura aprobaron este martes la ley que, además incluye a los presidentes de las juntas auxiliares en la planeación de proyectos municipales a través de la creación de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, lo que significa que ahora tendrán mayor injerencia en las decisiones de los Ayuntamientos.

El dictamen establece que los mecanismos de participación para la Planeación del Desarrollo del Estado serán buzones ciudadanos, encuestas ciudadanas, plataformas digitales de consulta, foros presenciales de consulta ciudadana, foros presenciales de consulta especializada, asambleas comunitarias de consulta y reuniones vecinales.

El artículo 28 de la Ley de Planeación señala que “una vez que haya sido designado el gobernador interino, cuando acaeciere la falta absoluta en los dos primeros años del periodo constitucional del gobernador electo y previo a la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo este se sujetará al plan inmediato anterior para el periodo determinado de su gestión”.

El estado y los municipios podrán suscribir convenios para el diseño y desarrollo de un programa de fortalecimiento y la fiscalización de los recursos la realizará el Congreso local.

El artículo 75 refiere que el titular del Ejecutivo tendrá atribuciones de vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito de su competencia, conducir el proceso de planeación de desarrollo con la participación social conforme a los principios de la ley y supervisar la elaboración de los instrumentos del proceso de planeación para la orientación de la Administración Pública Estatal.

También verificar que en la formulación, instrumentación, seguimiento, control y evaluación de los instrumentos del proceso de planeación se empleen las metodologías definidas, garantizar la transparencia en la asignación de recursos destinados a la ejecución de los instrumentos del proceso de planeación e implementar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieran suscitarse en la atención del Plan Estatal de Desarrollo y los documentos derivados del Plan Estatal de Desarrollo.

En la sesión los diputados también aprobaron un exhorto al gobierno de Miguel Barbosa para que considere la creación del Instituto Estatal de la Vivienda como un Organismo Público Descentralizado (OPD), lo que generó discusión por más de una hora.

El Congreso local aprobó la expedición de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que blinda el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ya que, ante la ausencia definitiva del mandatario, el interino o electo deberá sujetarse a dicho plan y darle continuidad.

El decreto fue enviado por Barbosa al Congreso, después de que el estado atravesó por un periodo de incertidumbre tras la muerte de su antecesora, Martha Érika Alonso Hidalgo el 24 de diciembre de 2018, y que el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido también tuvo que elaborar un Plan Estatal de Desarrollo.

Con 39 votos a favor, las y los diputados de la LX legislatura aprobaron este martes la ley que, además incluye a los presidentes de las juntas auxiliares en la planeación de proyectos municipales a través de la creación de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, lo que significa que ahora tendrán mayor injerencia en las decisiones de los Ayuntamientos.

El dictamen establece que los mecanismos de participación para la Planeación del Desarrollo del Estado serán buzones ciudadanos, encuestas ciudadanas, plataformas digitales de consulta, foros presenciales de consulta ciudadana, foros presenciales de consulta especializada, asambleas comunitarias de consulta y reuniones vecinales.

El artículo 28 de la Ley de Planeación señala que “una vez que haya sido designado el gobernador interino, cuando acaeciere la falta absoluta en los dos primeros años del periodo constitucional del gobernador electo y previo a la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo este se sujetará al plan inmediato anterior para el periodo determinado de su gestión”.

El estado y los municipios podrán suscribir convenios para el diseño y desarrollo de un programa de fortalecimiento y la fiscalización de los recursos la realizará el Congreso local.

El artículo 75 refiere que el titular del Ejecutivo tendrá atribuciones de vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito de su competencia, conducir el proceso de planeación de desarrollo con la participación social conforme a los principios de la ley y supervisar la elaboración de los instrumentos del proceso de planeación para la orientación de la Administración Pública Estatal.

También verificar que en la formulación, instrumentación, seguimiento, control y evaluación de los instrumentos del proceso de planeación se empleen las metodologías definidas, garantizar la transparencia en la asignación de recursos destinados a la ejecución de los instrumentos del proceso de planeación e implementar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieran suscitarse en la atención del Plan Estatal de Desarrollo y los documentos derivados del Plan Estatal de Desarrollo.

En la sesión los diputados también aprobaron un exhorto al gobierno de Miguel Barbosa para que considere la creación del Instituto Estatal de la Vivienda como un Organismo Público Descentralizado (OPD), lo que generó discusión por más de una hora.

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